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| 11/3/2018 3:05:00 PM

Reficar: verdades a medias

Con la aparición del exjefe jurídico de Reficar como testigo estrella, la Fiscalía busca condenar a los responsables de uno de los mayores escándalos de corrupción del país y demostrar que ocultaron información clave de este proyecto a sus directivos y accionistas.

Reficar: verdades a medias Durante la presidencia de Javier Gutiérrez en Ecopetrol se adelantó la modernización de Reficar. Luego de ser uno de los grandes ejecutivos del país, ahora la Fiscalía lo acusa de ocultar información a la junta y a los socios para no frenar la refinería.

En el complejo caso de la Refinería de Cartagena (Reficar), ya no solo son graves los billonarios sobrecostos que tuvo la obra o que reconocidos exdirectivos de la petrolera estén respondiendo ante los tribunales. Como si todo eso fuera poco, según nuevas revelaciones, bajo la presidencia de Javier Gutiérrez en Ecopetrol supuestamente la empresa habría ocultado información sensible y realizado operaciones no muy claras con los recursos de Reficar, que pertenece a todos los colombianos.

Por lo menos esto es lo que ha empezado a develar la Fiscalía General desde la semana pasada, sobre todo desde este viernes, cuando en un hecho insólito, compareció ante la junta directiva de Ecopetrol Nicolás Isaksson, director jurídico de Reficar entre 2013 y 2016. Este abogado había salido del país antes de que estallara el escándalo, con una copiosa y valiosa información sobre lo ocurrido en las obras de Reficar. La confesión pública de Isaksson, transmitida en vivo por internet, hace parte del proceso de colaboración que firmó con la Fiscalía General, que le ha permitido a la entidad abrir o avanzar en diferentes líneas de investigación, algunas de las cuales ya han producido varias imputaciones de cargos.

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Isaksson reconoció haber participado en varios hechos en los que se habrían presentado algunos delitos y haberse enterado de otros por sus funciones, pero negó haber recibido dineros o beneficios personales.

Nikolas Isaksson, exjefe del equipo jurídicode Reficar y testigo estrella de la Fiscalía, asistió el viernes a la junta de Ecopetrol para decir lo que había hecho y pedirle perdón al país.

La primera revelación tiene que ver con la forma como Reficar pagó las obras a los contratistas. La historia se remonta a 2009, cuando Ecopetrol decidió quedarse con todo el proyecto para modernizar la refinería y recomprarle a Glencore el 51 por ciento de las acciones que tenía, proceso que la Fiscalía también tiene en la mira. Según Isaksson y otros testigos, un primer hecho desencadenó parte de lo ocurrido. Al frente de la construcción la empresa mantuvo a la firma CB&I, que había hecho los diseños y adelantaba algunas obras, pero cambió la forma de pagarle. Inicialmente, habían definido un precio fijo (llave en mano), pero pasaron a un sistema de gastos reembolsables, es decir, que Ecopetrol cancelaba todas las obras, cambios, sobrecostos e imprevistos. Esto habría abierto un agujero que algunas empresas y contratistas aprovecharon para cometer todo tipo de irregularidades. Este cambio y la falta de seguimiento habría disparado el costo de la obra.

A la junta directiva de Ecopetrol de abril de 2013, Gutiérrez y otros directivos decidieron, según la Fiscalía, omitir información como el del Valor Presente Neto (VPN) de la obra, fundamental para decidir si a Reficar le iban a dar más plata y tiempo.

Isaksson y otros testigos reportaron un segundo hecho: la forma como en algún momento aparecieron unos acuerdos MOA y PIP (Memorandum of Agreement y Project Invoicing Procedure) por los que Ecopetrol y CB&I acordaron cancelar unos 120 millones de dólares en pagos represados pero no aprobados por la firma auditora, pues no cumplían todos los requisitos. Entre estos y otros hay involucrados 610.000 millones de pesos, lo que no significa que ese sea el monto del descalabro, ya que solo corresponden a una pequeña revisión.

El exjefe jurídico de Reficar también se comprometió a entregar información relacionada con otros tres posibles casos de corrupción: el primero, relacionado con el doble pago de gasolina para los vehículos de todo el proyecto; el segundo, con el supuesto doble pago para el mantenimiento de las grúas; y, finalmente, los detalles de cómo la firma auditora Foster Wheeler entró al negocio. Según el testigo, esta compañía no pasó por un proceso de selección y la vincularon con unas condiciones establecidas sobre la marcha. Isaksson asegura que a Foster Wheeler le prometieron la gerencia del proyecto, pero no le cumplieron por presiones de CB&I, con quien presuntamente ya existía una rivalidad con relación a otros proyectos en el exterior. Pero curiosamente su contrato pasó de 90 a 320 millones de dólares.

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La Fiscalía ha puesto especial atención en los últimos días sobre el tercer hecho presenciado por Isaksson. La razón es que demostraría que directivos de Ecopetrol y Reficar, entre ellos Gutiérrez y Pedro Rosales, decidieron ocultar información a la junta directiva de la petrolera estatal y a los socios e inversionistas. La semana pasada, durante la imputación de cargos al expresidente de Ecopetrol en el Juzgado 24 de Garantías, la Fiscalía mostró pruebas que así lo confirmarían. La historia, en la que se centra ahora todo el debate, es la siguiente:

El 13 de marzo de 2013 la junta directiva de Reficar celebró una reunión a la que asistieron Javier Gutiérrez, presidente de Ecopetrol; Pedro Rosales, vicepresidente de Ecopetrol y miembro de la junta de Reficar; Diana Calixto y Henry Medina, como titulares, y Mauricio Echeverry, César Luis Barco, Juan Manuel Ríos y Federico Maya como invitados. Isaksson sirvió de secretario ad hoc de la reunión.

Al momento de discutir la situación financiera, durante una larga presentación la vicepresidencia financiera presentó una gráfica en la que mostró cuánto habían invertido en el proyecto, cuánta era la rentabilidad esperada del proyecto (TIR) y el valor presente neto (VPN). Para 2013 la refinería ya iba en 6.901 millones de dólares, cuando el costo inicial iba a ser de unos 3.800 millones de dólares, mantenía una rentabilidad de 10,2 por ciento y un VPN de -820 millones pero con una proyección que podía llegar a -2.316 millones de dólares.

En esta importante junta definirían la información para presentarle a Ecopetrol, dueña de Reficar, para pedir más plata y tiempo para las obras. Aparentemente, varios miembros de la junta discutieron con Ana Isabel Choucair Cárdenas, vicepresidenta financiera y administrativa encargada, y la presionaron para que, en adelante, solo mostrara la rentabilidad del proyecto y eliminara la de los sobrecostos (VPN). Algo que ocurrió, pues a la junta directiva de Ecopetrol le mostraron las diapositivas sin esta información, fundamental para conocer los verdaderos ingresos y gastos del proyecto, es decir, les presentaron el proyecto solo con la TIR sin el VPN. Ella asegura que se limitó a cumplir con las órdenes, pese a que manifestó su desacuerdo (ver recuadro).

La molestia y advertencia también quedó consignada en tres mensajes. El 3 de abril Magda Manosalva, vicepresidenta financiera, le envió un mensaje a las 2:01 de la mañana a Isaksson, Ana Choucair y Nicolás Morales antes de la junta directiva de Ecopetrol en la que se iba a discutir el plan de cambios. Ella les dijo: “Caso de negocios, slides 124 a 127, me parece que estamos diciendo la verdad a medias. Debemos mostrar el VPN, ¿quién estableció presentar solo estos slides?”. La respuesta de Choucair es reveladora (ver facsímiles).

En estos tres correos internos, quedó clara la molestia de varios ejecutivos de Ecopetrol, como Magda Manosalva, vicepresidente financiera, al saber que le iban a omitir información a los miembrosde la junta directiva de la
petrolera.

Lo cierto es que la semana pasada la Fiscalía le imputó a Gutiérrez cargos por administración desleal agravada y obtención de documento público falso como responsable de no informarle a la junta directiva lo que realmente estaba pasando. De igual forma acusó a los exfuncionarios de la junta directiva de Reficar, Pedro Alfonso Rosales Navarro, Reyes Reinoso Yáñez y Diana Constanza Calixto Hernández. Según el ente acusador, los exfuncionarios “ocultaron información sensible” a la junta directiva de Ecopetrol, lo que llevó a la petrolera a tomar decisiones equivocadas frente al proyecto de Reficar. Además generó más ingresos a la compañía CB&I y pérdidas a Reficar, entre 2013 y 2016 por 2 billones de pesos.

Frente a esto, otros miembros de la junta directiva de Ecopetrol ya le dijeron a la Contraloría que todos conocían que el valor presente neto (VPN) era negativo y aun así decidieron aprobar los pagos pues, para ellos, en los informes con la tasa interna de retorno (TIR) ya se podía deducir el VPN. El exdirector de Planeación Mauricio Santamaría Salamanca afirmó a la Contraloría “que más allá de lo que dice el documento, en ese momento la decisión era muy clara, es decir, si hoy la tuviera que tomar la volvería a tomar”. A su vez, Roberto Steiner manifestó que debían decidir si continuaban el proyecto o lo abandonaban, lo que dejaría en evidencia que los directivos ya conocían la situación de Reficar para lo cual no era necesario maquillar los informes.

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Además de si informaron o no a la junta, la Fiscalía considera que Ecopetrol nunca les informó a los accionistas la situación real de la refinería para que decidieran qué hacer con las inversiones, sobre todo tratándose de una empresa listada en bolsa. Es más, en la información que la empresa publicó en su página y en los medios nunca dio razón de semejante descalabro. La situación es compleja, pues si se comprueba lo que dice la Fiscalía, la credibilidad de Ecopetrol quedaría afectada frente a este y otros proyectos.

"Queda prohibido poner el VPN"

Este es un aparte del testimonio de Ana Choucair, vicepresidenta financiera (e) de Ecopetrol, sobre la forma como se le ordenó ocultar información a la junta de la empresa.

“Esto que les voy a contar no está en el acta. Le dije a la junta que había que tomar acciones porque el valor presente neto (de la refinería) era negativo. Los señores Gutiérrez y Rosales fueron enfáticos en decir que lo importante era que el proyecto aún era rentable. Para mí fue la situación más humillante que he tenido en mi vida laboral, porque yo estaba parada ahí, y el señor Gutiérrez se paró de su silla, se fue hacia donde se estaba proyectando y me decía: “Pero mire que el proyecto es positivo en TIR”. Rosales dijo: “Es más, no vuelvan a poner el VPN, queda prohibido poner el VPN en las presentaciones”.

Yo le contesté: “Ah, sí, ¿ustedes quieren que el día de mañana me diga la Contraloría que por qué no aparece el VPN?”. Entonces el señor Pedro Rosales dijo: “Entonces qué quiere, ¿que le pongamos en una presentación todos los errores que se han cometido hasta el momento con este proyecto?”. Yo respondí que el VPN debe seguir apareciendo y que debe hacerse algo porque es negativo. Eso no me parece que esté bien, eso no me parece que es ético. A lo que Rosales o Gutiérrez respondieron que puede que no sea ético, pero es legal. Yo le dije: “No necesariamente todo lo legal es ético y hay que propender por lo ético”. Echeverry dijo: “Eso es lo que pasa cuando uno pone gente técnica en los proyectos. Esta es la razón por la cual, en las actas de junta directiva, no volvió a aparecer el VPN”.

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