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- Foto: Instagram.com / sabinocaro

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Fiscalía deberá reparar a Carolina Sabino por orden de un fallo judicial

Cinco años después de que ente acusador revelara un tema personal de la actriz, una jueza declaró responsable a la institución y, además de una indemnización patrimonial, tendrá que capacitar a sus funcionarios sobre el respeto a los derechos sexuales.

Carolina Sabino sufrió un linchamiento público por cuenta de la Fiscalía General de la Nación. En 2015, el ente acusador, en el marco de la investigación que hacía al hacker Andrés Sepúlveda (por supuestamente espiar a los negociadores del proceso de paz), intervino la línea telefónica de quien era la pareja de Sepúlveda y hermana de Sabino, Lina Luna. Fue en las comunicaciones de Luna que los funcionarios de la Fiscalía encontraron que Sabino se había practicado un aborto.

La información fue rápidamente divulgada en medios de comunicación y se le inició una investigación preliminar a la actriz que días después sería suspendida por el entonces fiscal general Eduardo Montealegre. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Según Sabino, esto afectó severamente sus relaciones familiares y profesionales, hasta el punto que no le fue posible volver a desempeñarse en su labor actoral en los años posteriores.

Vea: ¿Aborto en Colombia debe ser libre? Corte decide

Ante esta realidad, Sabino, quien actualmente vive en Ecuador, emprendió acciones legales en contra de la Nación por daños materiales, morales y lucro cesante al haber violado su intimidad, honra y buen nombre. Cinco años tardó la Justicia en tomar la determinación, pero le concedió la razón. La jueza que conoció del caso falló a favor de Sabino y condenó a la Fiscalía, tanto patrimonial como administrativamente, por la exposición infundada a la que sometió a la actriz.

Se estima que las pérdidas de Sabino, a raíz de los hechos, ascienden hasta 150 millones de pesos anuales en términos de lucro cesante. Es decir, los dineros que dejó de percibir al no poder trabajar. Adicionalmente, la providencia ordenó a la Fiscalía a pedir disculpas a través de un acto público y, en un término máximo de 60 días, capacitar a sus funcionarios sobre cómo deben tratar casos que involucren derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Pero, a pesar de la decisión favorable, ésta fue impugnada por la Fiscalía y el abogado de Sabino ya anunció que su cliente no tiene intenciones de continuar con el pleito. Por lo tanto, lo más seguro es que ambas partes lleguen a un acuerdo conciliatorio antes de que el proceso sea conocido en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

De esta forma, aunque todavía es pronto para decirlo, puede que la injusta persecución que sufrió Sabino finalmente llegue a su final.

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