Iván Cepeda busca “muerte política” de Edward Rodríguez por llamado a versión libre de exmagistrado Barceló

SEMANA conoció este martes que el senador Iván Cepeda presentará una demanda que busca la pérdida de investidura o “muerte política” del representante Edward Rodríguez, luego de que se conociera que la Comisión de Acusación, de la que hace parte Rodríguez, llamó a versión libre al exmagistrado José Luis Barceló por interceptaciones al expresidente Álvaro Uribe.Hace unos días, SEMANA reveló que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes llamó a versión libre al expresidente de la Corte Suprema de Justicia José Luis Barceló. “La denuncia inicialmente interpuesta, hace referencia a las presuntas interceptaciones ilegales que se le hicieron al exsenador Álvaro Uribe Vélez por parte de la Corte Suprema de Justicia. Desde que fue asignada a los despachos la mencionada denuncia, se han recogido una serie de elementos materiales probatorios cuya finalidad ha sido la de individualizar al aforado constitucional que presuntamente cometió la conducta”, dice el documento.Cepeda advierte que en calidad de víctima del proceso que se sigue al expresidente Uribe, algunas de las acciones a tomar son: en primer lugar, “acción de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado en contra del representante a la Cámara Edward Rodríguez, por haber incurrido presuntamente en la causal de violación de conflicto de interés contenida en el numeral 1º del artículo 183 de la Constitución Política”.Cepeda señala: “Pese a que el representante Rodríguez tenía el deber de declararse impedido para conocer el expediente que la Comisión de Investigación y Acusación adelanta en contra del exmagistrado Barceló, no solo guardó silencio sobre la imposibilidad legal de participar en su trámite, sino que además impulsó las actuaciones”.Cepeda agrega: “El representante Rodríguez no podía actuar en esta investigación porque el denunciante es Ricardo Ferro, representante a la Cámara de su mismo partido, el Centro Democrático, y porque además se trata de hechos que tienen relación directa con las investigaciones que la justicia adelanta en contra del exsenador Álvaro Uribe Vélez, quien es jefe de esa misma agrupación política. Es decir, Rodríguez adelanta una investigación que beneficia en forma directa al jefe del partido político en el que milita y por el cual ha sido elegido al Congreso de la República. Por ello, estaría incurso en la causal de impedimento de que trata el numeral 1º del artículo 99 de la ley 600 de 2000″.Y agrega: “Es indudable que Rodríguez, quien se desempeña como representante instructor en el proceso que se sigue contra el exmagistrado Barceló, habría incurrido en evidente prejuzgamiento y abuso de autoridad. De esta forma, han sido difundidos sus reiterados pronunciamientos públicos sobre el asunto materia del proceso. Él se ha expresado enfáticamente a favor de la supuesta inocencia del exsenador Uribe, ha descalificado interceptaciones obtenidas legalmente por la Corte Suprema de Justicia, y ha cuestionado decisiones adoptadas por los magistrados de ese Alto Tribunal, en particular, las que tienen que ver precisamente con los hechos que se conocen en el proceso que adelanta la Comisión de Investigación y Acusación. Por estas razones, el representante del Centro Democrático que instruye este proceso también estaría incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 4º del artículo 99 de la ley 600 de 2000″.El 26 de agosto pasado, SEMANA reveló el auto firmado por el exmagistrado, en el que se pidieron las escuchas que eran para el congresista Nilton Córdoba y terminaron en el celular del expresidente. El número telefónico del exmandatario apareció, sin explicación alguna hasta ahora, en el expediente de otro proceso penal, el del congresista Nilton Córdoba, a quien inicialmente se le había ordenado la interceptación. SEMANA conoció el auto mediante el cual la Corte Suprema autorizó dichas escuchas que, al final, se mantuvieron por cerca de un mes en el número del expresidente.El documento está firmado por el magistrado José Luis Barceló, quien en ese momento era el instructor del caso del parlamentario. Allí se dispone la interceptación de los abonados celulares del expresidente, con fundamento en otro documento firmado por los técnicos investigadores Clara Azucena López y Roque Julio Duarte y que queda consignado en el informe de policía judicial 11223286 / 11223287. En el auto, el magistrado Barceló le pide a la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía que “rastree y registre” todas las comunicaciones que se realicen por 90 días desde dos números celulares, a partir de ese día, el 7 de marzo de 2018.