JEP fija fecha de versión de Timochenko y Carlos Lozada por crimen de Álvaro Gómez

La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP fijó este jueves las dos fechas en las que escuchará la versión voluntaria que entregarán Rodrigo Londoño y Julián Galló, después de asumir responsabilidad en el homicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado y cinco crímenes más.El primero que tendrá que comparecer a la diligencia de aporte a la verdad, será el excomandante de la Red Urbana Antonio Nariño el 4 de noviembre a las 9:00 a.m. en las instalaciones de la Jurisdicción Especial de Paz en Bogotá. Dos semanas después, la sala escuchará, el 17 del mismo mes, al último máximo jefe que tuvieron las Farc.Dentro de las medidas que adoptó la JEP en el auto 167 del 13 de octubre de 2020, se convocó a las víctimas de los homicidios sobre los que las extintas Farc asumieron responsabilidad el pasado 3 de octubre, para que manifiesten su interés en participar en la audiencia de aporte temprano. Además, solicitó a la Fiscalía General de la Nación los datos de contacto de las víctimas.Las diligencias de Londoño y Gallo tendrá como objetivo principal recibir el aporte a la verdad y el reconocimiento de responsabilidad individual y colectiva de los comparecientes respecto a los casos descritos en la carta que enviaron a la Jurisdicción donde se refieren a los crímenes cometidos contra: Álvaro Gómez Hurtado, Hernando Pizarro León-Gómez, José Fedor Rey, Jesús Antonio Bejarano, el general ( r ) Fernando Landazábal Reyes y Pablo Emilio Guarín.Familia de Álvaro Gómez rechaza indemnizaciónQue las Farc admitieran su autoría del asesinato, abrió ahora las puertas para que el expresidente Ernesto Samper y su ministro del Interior Horacio Serpa, voltearan la baraja y apunten su dedo hacia quienes les endilgaron el crimen por más de dos décadas, entre esos a los familiares del dirigente asesinado.“Los Gómez Hurtado, al parecer, no están buscando ni la justicia ni la verdad, sino la plata de una indemnización. Parecería ser que esto es lo único que los mueve, un interés económico” indicó Samper.Por su parte, el exministro Serpa, señaló que “me parece que quienes afirman eso son de enana condición para sostener una mentira que me ha hecho tanto daño durante 25 años”.En respuesta a estas declaraciones, la familia de Álvaro Gómez Hurtado publicó un comunicado en el que advirtieron que la obtención de una reparación económica “no ha sido nunca el propósito” de sus actuaciones ante las instancias judiciales. Calificaron las palabras de Samper y Serpa como una “revictimización que lesiona la memoria de Álvaro Gómez y ultraja a quienes llevamos 25 años luchando por que su crimen no quede en la impunidad”.El comunicado, además, señaló que en caso de que se les favorezca con algún tipo de indemnización, el monto de esta será donado a la Defensoría del Pueblo para que brinde atención a aquellas personas que han sido “falsamente imputadas en el marco de las investigaciones adelantadas a lo largo de los últimos 25 años”. Hacen referencia a Héctor Paul Flórez, un hombre que para el momento de la muerte del excandidato presidencial estaba en Sincelejo, a kilómetros de distancia del lugar de los hechos, y pagó 18 años de prisión.Por último, el documento reveló que la familia Gómez desiste de la petición elevada en 2014 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que revisara el caso. Entre sus pretensiones estaba que se les indemnizara “por los daños materiales y morales que se ocasionaron” con la muerte de Gómez Hurtado. Esta petición llevaba más de seis años sin recibir pronunciamiento por parte del órgano del sistema interamericano.