Las cartas del magistrado Pretelt ante un eventual juicio en el Senado

Esta semana la Comisión de Instrucción, creada por el Congreso para proyectar el caso del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt ante la plenaria del Senado, presentó un escrito en el que sugiere admitir la acusación por cohecho contra el togado. Semana.com lo entrevistó para conocer cómo se defenderá de esas acusaciones.

Pretelt dice que no existen pruebas ni testimonios contundentes que demuestren que él pidió dinero para favorecer a Fidupetrol y se declaró víctima del exfiscal Eduardo Montealegre, de algunos de sus compañeros y excompañeros de la Corte e, indirectamente, hasta del presidente.

Semana.com: ¿Qué elementos le ofrece a la opinión pública para convencerla de que dice la verdad?

Jorge Ignacio Pretelt: Durante todo el proceso demostré contundentemente que no participé en la sala que seleccionó la tutela, que voté en contra de ella y todos los testimonios que se realizaron en la indagatoria de la Cámara confirmaron que jamás hablé con algún magistrado sobre ese asunto.

Está plenamente demostrado, no por mí, sino por las propias investigaciones de la Fiscalía, que yo no me reuní con el señor Víctor Pacheco en mi apartamento para hablar de Fidupetrol. El mismo Bedoya así lo reconoce. Llevan año y medio hurgando mis bienes, mis cuentas y las de mi familia y no han podido encontrar una sola prueba de lo que se me acusa, y pese a ello quieren condenarme.

Mire, nadie puede ofrecer tanta contundencia en las pruebas como yo lo he hecho, pero nadie quiere oírme.

Semana.com: ¿Por eso decidió hacerse la prueba del polígrafo?

J. P.: En vista de que han evadido y cambiado el sentido de todas mis pruebas, ayer (miércoles) decidí someterme a un examen de polígrafo, en la empresa más reputada de Bogotá. Allí me preguntaron si había recibido dinero para favorecer la tutela de Fidupetrol, si había pedido dinero para favorecer esa tutela, si me había reunido con Pacheco el 18 de octubre del 2013 en mi apartamento y si había despojado a algún campesino.

Respondí que no y el resultado es que, sin lugar a dudas, dije la verdad. Ojalá quienes me acusan, como Luis Ernesto Vargas y Víctor Pacheco, se sometieran a esto.

Semana.com: Se supone que no es una prueba válida, judicialmente...

J. P.: Es muy discutible. Pero no cabe la menor duda de que es una prueba válida. Tuvo un 93 % de veracidad. 

Semana.com: ¿Por qué tantos testigos y autoridades lo responsabilizan a usted por este supuesto caso de corrupción? ¿Quién está detrás y qué intereses persiguen?

J. P.: ¿Tantos testigos? Lo curioso es que testigos en mi contra aquí sólo hay uno y se ha contradicho en diversas ocasiones: es el señor Víctor Pacheco, ese es el único testimonio en mi contra.

Los demás del proceso, al menos 35, respaldan mi inocencia, pero se le ha hecho creer a la opinión pública que hay testimonios y pruebas en mi contra y eso es falso. Los que hablan en mi contra, que no son testigos de nada, son mis enemigos de la Corte que querían sacarme de la presidencia y luego exigir mi renuncia.

Está detrás el exfiscal Montealegre, para quien mi cabeza se convirtió en un trofeo y me acusó y me persiguió al punto de enlodar el nombre de mi esposa y hacerle cancelar la visa americana a mi hija de 15 años.

Están también los exmagistrados a quienes mi decisión de eliminar las megapensiones los dejó molestos y, claro, son quienes ven mi presencia en la Corte como un obstáculo para las leyes sobre el proceso de paz. Allí se resume todo.

Semana.com: ¿Considera que el presidente Juan Manuel Santos tiene algo que ver en estos hechos?

J. P.: Pues indirectamente sí. A él le llegaron mis enemigos de la Corte, con ese montaje de grabación que hizo Luis Ernesto Vargas, a pedirle que exigiera mi renuncia y, cuando el presidente lo hizo politizó mi caso. Entonces los miembros de su partido pensaron que mi juicio era una moción de censura. Yo lo que creo es que, al igual que muchos colombianos, el presidente fue asaltado en su buena fe por quienes fueron a decirle que yo era un obstáculo para las medidas del Gobierno y que había que sacarme de la Corte.

Semana.com: ¿Cree que es un perseguido político por haber sido elegido en una terna que presentó el expresidente Uribe?

J. P.: Yo quisiera no creer que las causas de esta persecución sean el hecho de que fui ternado por Uribe, pero sería tapar el sol con un dedo negar que esa ha sido la gasolina que ha mantenido vivo este incendio.

Más bien la pregunta se la planteo a usted: ¿Cree que si no hubiera sido ternado por el expresidente Uribe, a pesar de que no existe una sola prueba en mi contra, este proceso se habría convertido en lo que hoy es? ¿Usted cree que Iván Cepeda, Claudia López y Cecilia Orozco se desvelaran por verme condenado? ¿Usted cree que el partido de la Unidad Nacional se hubiera concentrado en acusarme como lo ha hecho? o ¿realmente cree que el exfiscal Montealegre habría salido a pedir mi renuncia y a dar comunicados de prensa para enlodar el nombre de mi familia y quitarle la visa a mi hija de 15 años?

Yo no creo que sea coincidencia que, en lo que va corrido de la historia patria, yo sea el único magistrado procesado ante el Senado y por la acusación sin pruebas de un abogado que perdió un caso.

Si usted lo ve en el contexto, es imposible pensar que esto no es una persecución política. Si no, pregunte en la Comisión de Acusaciones de la Cámara cuántas denuncias tienen contra magistrados de altas cortes y se va a sorprender de que la única con proceso es la mía.

Semana.com: Usted ha insistido en que sus compañeros han cometido irregularidades en el ejercicio de la magistratura. ¿Qué hechos delictuales conoce concretamente?

J. P.: Los delitos de que tengo conocimiento ya han sido denunciados y son objeto de investigación. Evidentemente, el más importante de ellos es la injuria y calumnia que se ha levantado en mi contra.

Semana.com: ¿Va a acudir a instancias internacionales para impedir que el proceso en su contra continúe su curso?

J. P.: Desde hace un año he enterado de mi proceso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se ha preocupado sobre todo de mi seguridad personal. Ahora, con estas nuevas violaciones al debido proceso que se están cometiendo en mi contra, seguiré informando de la situación, pero quiero aclararle algo, yo nunca he querido que el curso del proceso se detenga o que se dilate, yo lo que quiero es que se examinen las pruebas con verdadera objetividad y que se deje de condenar a una persona que es inocente y que así lo ha demostrado.

Semana.com: ¿En qué va el proceso relacionado con las tierras que usted adquirió en el noroccidente de Colombia y que, se dice, fueron producto del desplazamiento perpetrado por paramilitares?

J. P.: Va en que a pesar de que la Fiscalía ha hecho la más espectacular investigación que se haya adelantado -porque lo volvió un espectáculo-, no encontró ni un solo indicio que pueda ensuciar la transparencia de la compra de mis tierras. A pesar de eso, no tuvo el exfiscal la entereza de reconocerlo y cerrar ese proceso, porque les conviene seguir generando dudas contra mí.

Yo lo he demostrado y hasta me sometí al polígrafo para que vean que no miento, yo no tengo un milímetro de tierra que no haya adquirido en total legalidad. Mi familia jamás le ha quitado un mango a un campesino.

Esta semana, justamente, mi abogado presentó pruebas irrefutables, testimonios de familiares de los vendedores, videos que tengo con los campesinos que me vendieron, hasta las copias de los cheques con que pagué. Es una verdadera infamia lo que hizo Montealegre, de salir a decir que mis tierras están manchadas de sangre.

Semana.com: Usted ha dicho que el tema del proceso de paz y el temor de que usted lo obstaculice podría tener incidencia en este caso. A propósito, ¿cómo fue su posición respecto al plebiscito para la paz?

J. P.: Yo aclaré mi voto porque básicamente consideré que tal como está planteado, lo que se requería era realmente un referendo y se debió respetar la figura y plantear el número de preguntas que dieran a conocer a los ciudadanos lo que se está decidiendo. Al menos una pregunta por cada uno de los seis acuerdos, y no una sola como quedó.

No estuve de acuerdo tampoco con un umbral del 13 %, que desatiende la naturaleza democrática de una figura de participación. Sinceramente, en la forma como fue aprobado, como un plebiscito que no es obligatorio para el Congreso, sino un simple respaldo a la política del presidente, creo que el país desaprovechó la oportunidad para tener una verdadera figura de refrendación, como inicialmente se había prometido.