La defensoría del Pueblo envió este jueves una carta al ministro de justicia, Eduardo Montealegre, y al director de Inpec, Daniel Gutiérrez, en la que plantea una hoja de ruta para reforzar la protección del personal penitenciario y plantea, como medida extraordinaria, evaluar la declaratoria emergencia carcelaria.
Esa petición se dio en medio de una serie de atentados contra guardianes del Inpec que han encendido alarmas del Estado y de los sindicatos del sector.
Dentro del documento, firmado por la Defensora del Pueblo, la entidad expone medias concretas y operativas: diseñar y ejecutar una “ruta integral de protección” para servidores penitenciarios en situación de amenaza; activar mecanismos de alerta temprana y canales seguros de denuncia; desplegar un puesto de mando unificado para coordinar las acciones institucionales; reducir el hacinamiento mediante estrategias jurídicas que permitan identificar alertas procesales, y brindar apoyo psicosocial y jurídico a las familias de los funcionarios de las víctimas.
La carta también sugiere que la evaluación de una emergencia carcelaria se haga con base en lo previsto en el Código carcelario.
La preocupación latente del Inpec
Los hechos que motivan la solicitud de la Defensoría no son aislados. El 3 de octubre, un ataque armado frente a la cárcel La Modelo, en Bogotá, dejó un guardia del Inpec muerto y al menos tres más heridos durante un cambio de turno.
En los siguientes días se registraron otros atentados contra funcionarios penitenciarios en Armenia y Palmira, lo que elevó las alertas institucionales y llevó a la apertura de investigaciones para esclarecer los hechos.
El Gobierno nacional condenó los ataques u anunció medidas de refuerzo en materia de seguridad carcelaria. Entre ellas, la intensificación de operativos en centros penitenciarios, inspecciones simultáneas en varias cárceles del país y la suspensión temporal de visitas en algunos establecimientos de alta vigilancia, como medida preventiva.
Las autoridades han señalado que los hechos están siendo investigados por la Fiscalía y que se mantienen acciones coordinadas para proteger al personal penitenciario.
¿Qué significa la propuesta de la Defensoría?
La entidad propone que, ante la gravedad y la repetición de los ataques, se activen con prioridad mecanismos interinstitucionales—entre el Ministerio de Justicia, el Inpec, el Ministerio de Defensa y los entes de inteligencia— para proteger a los servidores en su rol dentro y fuera de las cárceles.
Entre las medidas recomendadas figuran: rutas seguras para relevos de turno, mejora del aseguramiento perimetral, protocolos para traslados de personal y privados de la libertad, y canales de acompañamiento para quienes reciben amenazas. Estas acciones buscan reducir la vulnerabilidad en momentos sensibles como los relevos y los traslados.