Juliana Giraldo: otro caso de violencia contra la población trans en Colombia

“Lo que sucedió con Juliana Giraldo es la radiografía perfecta de la situación de violencia, de desconocimiento, de no respeto a la identidad hacia las personas trans en Colombia”, así lo describe Juli Salamanca, directora de comunicaciones de la Red Comunitaria Trans.Para ella, el cruel y despiadado disparo que le propinó un soldado del Ejército a esta mujer cuando viajaba con su esposo y dos amigos, demuestra que lejos de ser un caso aislado, en el país persiste una tendencia: Ser una persona trans todavía sigue siendo una sentencia de muerte”, afirma.Aunque se desconoce si el soldado implicado en el asesinato de Giraldo sabía o no de su identidad de género, este hecho ocurrido en Miranda, Cauca, se suma a toda una problemática de violencia contra la comunidad LGBTI que distintas organizaciones han tratado de visibilizar durante años. SEMANA recogió el testimonio de varios de sus voceros.De acuerdo con el último informe de Colombia Diversa, entre 2013 y 2019 se registraron 515 hechos de violencia policial contra personas LGBTI en el país, que abarcan agresiones físicas, asesinatos, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales. En el caso particular de la comunidad trans, la cuenta desde 2017 hasta el 24 de septiembre de 2020 resume que hubo 60 víctimas: 55 de ellas fueron mujeres trans.La vulneración más recurrente –cita la organización– fueron las lesiones personales realizadas con objetos contundentes y en espacios públicos donde las trabajadoras sexuales llevaron la peor parte. Y, como si fuera poco, en términos de homicidios, hay un registro de 98 víctimas de la población trans, de las cuales 21 fueron asesinadas en 2020. El informe no discrimina cuántos de estos homicidios fueron cometidos por agentes del Estado o particulares.“Respecto a las mujeres trans, el 38,5 por ciento de estos ataques fueron perpetrados con arma blanca y el 37,5 por ciento con arma de fuego. Además, el 37,3 por ciento de los ataques fueron cometidos en espacio público, el 18,8 por ciento fue perpetrado en zonas de trabajo sexual y, al menos, el 30 por ciento de estos casos fueron considerados como crímenes por prejuicio”, dice el informe de Colombia Diversa.“A las personas trans nos matan dos veces, primero nos matan cuando nos meten un cuchillo, nos disparan, cuando el Ejército nos mata en total indefensión, y luego cuando la Fiscalía y otras entidades desconocen nuestra identidad de género, junto a los medios de comunicación, añade Juli Salamanca.Por su parte, Laura Weinstein, directora ejecutiva de la fundación Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans (GAAT), afirma que es momento de prender las alarmas sobre cómo se ha venido aplicando el uso de la fuerza en Colombia históricamente en aras de hallar la raíz del problema. “Más allá de que Juliana sea una mujer trans, estamos hablando de la vida de un ser humano que, sin importar su identidad de género y orientación sexual, debe respetarse”, dice.Asimismo, la activista menciona que la transfobia, definida como rechazo, discriminación y miedo a personas transgénero o transexuales, es uno de los móviles que más se presenta en las conductas de actores armados “al margen de la ley y la fuerza pública” para “acabar con nuestras identidades y con quien somos”.En su experiencia –agrega– “lo que ha hecho la pandemia es evidenciar esas violencias y tantas cosas que antes no veíamos, creo, por la rapidez en la que vivíamos. No teníamos tanto alcance con los medios de comunicación como los tenemos hoy”.Una radiografía a la violencia contra la comunidad LGBTIA ciencia cierta, en Colombia no se ha determinado cuántas personas componen la comunidad LGBTI del país. Por primera vez, en 2019, el DANE incluyó y utilizó las respuestas relacionadas con la orientación sexual e identidad de género en la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas (ENCSPA). Aunque las preguntas sobre estos ítems ya se habían hecho en ediciones previas de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud y de la Encuesta Multipropósito de Bogotá, el director de esta entidad reconoció –en agosto de 2020, cuando se entregaron los resultados de la ENCSPA– que estas variables no se tenían en cuenta para las mediciones.“Todas las poblaciones deben ser reflejadas en los datos de un país y, como dicen lemas de nuestra entidad, lo que no se mide no se ve”, afirmó Juan Daniel Oviedo.En todo caso, esta encuesta arrojó que había 256.000 personas con orientación sexual diversa: 105.000 hombres gay, 56.000 mujeres lesbianas y 85.000 personas bisexuales. Además de un 0,05 por ciento de personas que se identificaron como transgénero, para un estimado de 10.000.A estas cifras hay que añadir que las organizaciones sociales denuncian que hay un subregistro porque las entidades todavía no han implementado a cabalidad una política pública para que la identidad de género sea tenida en cuenta en varias esferas del Estado. Fenómeno que conlleva a que, incluso, en el momento de morir una persona trans sea tachada por su sexo de nacimiento y no por la identidad que los representaba.Luis Felipe Rodríguez Rodas, activista LGBTI en Cali, dio una larga lucha para contraer matrimonio civil con su pareja. Él se suma a la discusión y afirma que lo más lamentable en los casos de violencia y de abuso policial contra su comunidad es que las denuncias parecen quedar en el olvido.“Siempre que hay un caso de asesinato, violencia o un mal procedimiento con la población LGBTI, es un caso que se archiva. Un caso que no avanza. Así solicitemos acompañamiento de las entidades del Estado, como la Personería, la Defensoría del Valle del Cauca y la misma Fiscalía, todo queda en que hay investigaciones internas y a la final no sabemos qué pasa con estas personas que agreden a la población LGBTI, dice.En su experiencia, los casos de abuso policial con la población LBGTI en la capital del Valle del Cauca tiene una “impunidad de ciento por ciento”. Y, cuando se avanza en una mejora de la relación entre la fuerza pública y la ciudadanía, los esfuerzos se pierden al poco tiempo. “Aunque hemos adelantado capacitaciones con la fuerza pública en relación con la diversidad sexual y de género, siempre llega nueva población o la rotan. Entonces, cuando avanzamos con un grupo considerable, los remueven y eso ha dificultado la garantía de derechos de la población”, afirma.¿Habrá justicia?Los activistas y defensores de Derechos Humanos de la comunidad LGBTI también se refirieron a qué podría pasar con el caso de Juliana Giraldo en cuanto a justicia se refiere.“Los casos de violencia por parte del Ejército y la Policía hacia personas trans han quedado en total impunidad. En Bogotá, por ejemplo, la violencia policial hacia personas trans es del 8 por ciento de la totalidad de casos de la violencia policial, afirma Juli Salamanca. A su modo de ver, es inadmisible que este caso llegue a la justicia penal militar. “Cometen un crimen y ellos mismos se juzgan. Es terrible.Por la misma línea, Luis Felipe Rodríguez Rodas expresa: “Cuando un caso pasa a la justicia militar y a las investigaciones internas de la Policía, no tenemos claridad, no se nos da razón. Podemos enviar derechos de petición, plantones y nunca obtendremos respuestas claras frente a la solicitud.En contraste, Laura Weinstein tiene un panorama más optimista. “Confío en que se haga justicia, confío en que sea un caso que realmente pueda ser investigado y que los culpables sean sancionados como esperaríamos como ciudadanos. Realmente no conozco muchos casos donde se haya logrado hacer justicia. Si hay uno, no hay dos. Esperemos que este sea el que abra esa puerta para que se reconozcan todos estos crímenes”, añade.