Justicia Penal Militar y Fiscalía se enfrentan por muertos en protestas

El asesianto de Santiago Andrés Murillo, un joven de 17 años de edad, derivó en la captura de dos oficiales de la Policía, una detención ordenada por la Justicia Penal Militar que al mismo tiempo advirtió asumirá la investigación por este crimen. La decisión no cayó en gracia en la Fiscalía que una vez conocieron el caso, anticiparon que interpondrán un conflicto de competencias, en otras palabras, consideran que el proceso debe estar en la justicia ordinaria y no en la penal militar.

“En el marco de la defensa de los derechos humanos, la Fiscalía propondrá conflicto de jurisdicciones, por conducto de un juez de control de garantías, para mantener la competencia de investigar y esclarecer las circunstancias relacionadas con la muerte de este joven”, señaló la Fiscalía a través de un comunicado.

De acuerdo con la Fiscalía tienen todo el material probatorio necesario y suficiente para establecer e insistir ante la Corte Constitucional que la investigación debe permanecer bajo su competencia, “la entidad cuenta con importantes elementos materiales probatorios que han sido recaudados desde el momento mismo de la ocurrencia de los hechos”.

El choque de trenes que anticipa la Fiscalía con este comunicado de prensa nace de las órdenes de captura que fueron emitidas por jueces de instrucción en la Justicia Penal Militar y de acuerdo con esa jurisdicción, se adelantaron también los actos de investigación correspondientes que llevaron a establecer cómo los hechos ocurridos y que llevaron a la lamentable muerte del joven, se enmarcan en los requisitos mínimos y legales para que la jurisdicción castrense asuma competencia.

“La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial informa que, una vez se tuvo conocimiento de los hechos ocurridos el día 01 de mayo de 2021, en el municipio de Ibagué, Tolima... En desarrollo de la investigación, se allegó material probatorio y evidencia física que dio lugar a vincular a dos oficiales de la Policía Nacional por el presunto delito de homicidio”, se lee en un comunicado de la Justicia Penal Militar.

Pero no ha sido el único caso que asumido la Justicia Penal Militar por el asesinato de ciudadanos en el marco de las protestas que se adelantan en el país desde el pasado 28 de abril. Por la muerte de otro joven en el municipio de Madrid en el departamento de Cundinamarca, también ordenó la captura de un mayor de la Policía que será escuchado en diligencia de indagatoria para definir su situación jurídica.

Así las cosas, la Fiscalía y la Justicia Penal Militar se encontrarán, a través de argumentos jurídicos, ante la Corte Constitucional para insistir porque la investigación tras el asesinato del joven en ibagué, debe estar bajo su competencia. Mientras el ente acusador advierte que ha recaudado el material probatorio para asumir ese proceso, la jurisdicción castrense se adelantó e incluso ordenó las capturas de los oficiales involucrados.

Fuentes cercanas a la justicia Penal Militar le aseguraron a Semana que la orden de captura en contra de los uniformados no hace parte de funciones que esté estrenando esa jurisdicción, pues ellos siguen, a pesar de la anunciada modernización de la entidad, trabajando con el llamado sistema mixto y son los jueces de instrucción los que analizan el material probatorio, ordenan las capturas y definen la situación jurídica de los vinculados.

Al final de la discusión, será la Corte Constitucional quien defina en cabeza de quién estarán estas investigaciones. Si la jurisdicción castrense tiene la razón al ordenar las capturas o es la Fiscalía la que debe encargarse de llevar a juicio a los oficiales involucrados en este asesinato.