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Yamid Amat, director de CM&

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El SOS de Yamid Amat, la batalla que libra la televisión pública

El proyecto del gobierno que pretende modernizar las TIC tiene un espíritu loable pero detalles peligrosos. Los canales de televisión pública temen que la iniciativa termine siendo su acta de defunción.

11 de diciembre de 2018

Pocas veces los periodistas se convierten en protagonistas de las noticias, pero el lunes en la noche, Yamid Amat, uno de los rostros más reconocidos  del periodismo nacional, se salió de ese libreto. Utilizó su espacio diario de entrevistas para lanzar un SOS a toda la nación. El director del Noticiero CM& envió un grito de alerta al Congreso y a la opinión pública luego de señalar que uno de los proyectos de ley que impulsa el gobierno trae consigo una auténtica estocada a la televisión pública del país.

Se refería al proyecto de ley de modernización de las TIC, una iniciativa que la ministra de las TIC, Sylvia Constaín, radicó en el Senado el pasado 19 de septiembre con bombos y platillos, y que ha caminado con paso firme aunque sin llevarse los focos de atención.

Y es que mientras el Congreso se ocupaba de asuntos como la Ley de Financiamiento, las reformas a la política y a la justicia, y los debates contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, o el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, por el caso Odebrecht, el proyecto de modernización de las TIC ha avanzado sin atender algunas voces solitarias que desde la oposición han pedido su aplazamiento.

El presidente Iván Duque le dio un espaldarazo al proyecto pues lo cobijó con mensaje de urgencia para que este avanzara con un trámite simplificado. Gracias a ello, el pasado 6 de diciembre, las comisiones sextas de Senado y Cámara lo aprobaron en sus dos primeros debates,  con lo que las plenarias de ambas corporaciones lo podrían convertir en ley esta semana, la última del actual periodo legislativo.

Puede leer: Pese a llamado de Antanas Mockus, Ley de Modernización del Sector TIC avanzó a plenaria

El principal fin del proyecto es cerrar la brecha digital y la conectividad en el país para que todos los habitantes del territorio puedan acceder a internet en similares condiciones. Busca unificar y darle nuevas reglas a la televisión, la radio, los medios digitales, pretende crear una sola entidad que se encargue de su vigilancia, y mejorar la infraestructura para que haya conexión a internet en todo el país.

En el papel, estos propósitos no admitirían resistencias, pero como el diablo está en los detalles, en los 45 artículos del proyecto hay disposiciones que dejan preocupado a más de uno.

Tanto así que el periodista Yamid Amat lanzó una advertencia pública al referirse al proyecto. Aseguró que el fondo de inversiones norteamericano que ha permitido la supervivencia del Canal Uno, quizás el más grande de la televisión pública del país, estaría meditando la decisión de empacar sus maletas y marcharse de Colombia si el mencionado proyecto llega a ser aprobado en el Congreso.

La razón, el proyecto  los excluyó de los beneficios que ofrece a los actuales operadores de televisión privada, como Caracol y RCN TV, a quienes no solo se les extendería la licencia por 20 años, sino que los libera de los 12.800 millones que tenían que pagar por los próximos 10 años, con lo que únicamente deberán pagar el 2,2 por ciento de su participación comercial.

Esto significa que mientras a los canales privados se les rebaja la deuda, a los públicos se les mantiene las condiciones de contrato. Además, a los cableoperadores se les prorrogan las licencias por 20 años sin ningún tipo de condición. Los más suspicaces no descartan siquiera que está disposición sea una especie de retaliación pues algunos espacios informativos como Noticias Uno fueron especialmente críticos con el gobierno de Álvaro Uribe.

El gobierno ha justificado su propuesta en que actualmente es más difícil recuperar la inversión en telecomunicaciones al señalar que 10 años es un tiempo muy corto para ese fin. “Eso hace que Colombia sea un país poco atractivo para la inversión”, dice la ministra. Mientras si se aumenta el tiempo de los permisos se garantizará la cobertura y la renovación tecnológica, manteniendo al país actualizado y a la vanguardia TIC”.

Ramiro Avendaño, director del Canal Uno, dijo a la W Radio que tal como está concebido el proyecto del gobierno los ahogaría financieramente porque les mantienen las mismas condiciones, y no hay un equilibrio frente a los canales privados. Por eso pide que no se minimicen los daños colaterales que actualmente estaría causando en la televisión pública dicha iniciativa. De lo contrario “las consecuencias pueden ser fatales para el canal”, tal como lo expresó el periodista Yamid Amat.

Para el gobierno, este proyecto no acabará con la televisión pública sino que la fortalece porque  garantiza los recursos con incrementos anuales y con recursos adicionales destinados a fortalecer los contenidos. La ministra asegura que los recursos se mantendrán con un incremento anual y los recursos nuevos propiciarán la creación de contenidos multiplataforma de interés público y social.

También se recibe con extrañeza que si el proyecto de ley pretende una convergencia digital haya excluido disposiciones y reglamentación para las llamadas OTT (Over-the-top media services) que son aquellas plataformas digitales que generan contenidos, y que en casos como Netflix, YouTube, Facebook, entre otras, han cambiado la forma de ver televisión pues han entrado a competir en cuanto a contenidos. “El proyecto deja sin reglamentacion de contenidos a Netflix, es  un atentando contra la producción de contenidos nacionales”, señala el analista Omar Rincón.  

Otro de los asuntos que han generado preocupación es el nuevo ente regulador de las telecomunicaciones para suplir a la Autoridad Nacional de Televisión. La nueva entidad estaría integrada por cinco  comisionados, pero dos de estos serán designados por el presidente de la República. Esa circunstancia ha generado inquietud por la independencia y autonomía que pudieran tener frente a los gobiernos de turno, y por la puerta que se abre para que los contenidos sean determinados por el Ministerio de las TIC. “Esto es volver a las épocas del Frente Nacional, donde el gobierno decide quiénes son los comisionados, administra las licencias, administra el fondo para la televisión pública y las TIC…”, considera Rincón.

La batalla por la televisión pública tendrá que resolverse esta semana en el Capitolio, por eso el grito de SOS que Yamid Amat lanzó en su espacio de entrevistas, a ver si era atendido por los parlamentarios.

De momento, congresistas como Antanas Mockus han hecho reiterados llamados para que este proyecto, con mensaje de urgencia, se aplace para el próximo año y consiga consensos con todos los sectores afectados e interesados. Y antes de los debates definitivos la bancada del Partido Liberal anunció que no votará el proyecto del gobierno al señalar “graves fallas”  y “serias desventajas para que la televisión pública continúe existiendo frente al tratamiento que se le brinda a los canales privados”.