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| 6/19/2018 4:43:00 PM

¿Cambio Radical perderá un senador por corrupción en la alimentación escolar?

Didier Lobo Chinchilla fue electo para el congreso 2018-2022. Sin embargo, la Contraloría le imputó cargos fiscales por $2.914 millones por líos en el manejo de recursos del Programa de Alimentación Escolar.

La Contraloría le imputó cargos fiscales al senador Didier Lobo Chinchilla ¿Cambio Radical perderá un senador por corrupción en la alimentación escolar? Foto: Archivo particular

En diciembre del 2012, cuando se desempeñaba como alcalde de La Jagua de Ibirico en el Cesar, Didier Lobo Chinchilla firmó un contrato para la alimentación de los niños más pobres de la zona. El negocio se cerró con la Unión Temporal Servicios Nutricionales por 15.295 millones de pesos y fue financiado con recursos de regalías. 

El caso lleva varios meses en poder de la Contraloría, que este lunes tomó la decisión de llamarlo a imputación de cargos fiscales por el presunto detrimento patrimonial de 2.914 millones de pesos producto de irregularidades que se desprendieron de este contrato. El caso, además de ser un posible nuevo escándalo de corrupción en el manejo de los recursos del Programa de Alimentación Escolar, podría costarle la curul a Lobo Chinchilla, quien fue elegido senador de Cambio Radical para el siguiente periodo legislativo. 

Según el ente de control, bajo la administración de Lobo se sucribió el contrato con la unión temporal, el cual era necesario para llevar alimentación a los niños más necesitados, pero habría terminado siendo una jugada administrativa para pagar de más por el suministro de paquetes nutricionales. La imputación fiscal por estos sobrecostos cobija además a su entonces Secretaria de Salud, Cenith Echavez Ospino, y a los integrantes de la firma contratista.

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La Contraloría también imputó cargos por 1.462 millones de pesos en contra de los socios de la empresa interventora (Unión Temporal Interventores Asociados EAG), a la exsecretaria de Salud y a los miembros de la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios, de la que hacen parte la Corporación Gestión del Recurso Social y Humano (GERS), Industrias Alimentos y Cathering Catalinsa S.A.S. y Fundación para el Fomento de la Industria de Risaralda (Fundalimento), por defectos de calidad de los productos suministrados. 

De ser hallado responsable, el senador quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos en tanto no pague la multa que le imponga el ente de control. Además, si los cargos derivan en investigaciones penales por eventual corrupción, el partido Cambio Radical que lo llevó al senado podría terminar perdiendo esa curul.

¿Qué encontró el ente de control?

La investigación de la Contraloría comenzó con una auditoría realizada a la ejecución de un contrato del 3 de diciembre de 2012, que suscribió el municipio de La Jagua de Ibirico con la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios por  15.295 millones de pesos. El objeto de dicho contrato era el suministro durante 18 meses de paquetes nutricionales para la recuperación de niños y niñas desnutridos, en riesgo de desnutrición y de madres gestantes o lactantes.

Los investigadores no tardaron mucho en encontrar que existió un estudio de mercado deficiente, que sólo tuvo en cuenta los precios ofertados por las grandes superficies sin tener en cuenta los valores de los demás agentes del mercado (pequeños intermediarios y graneros).

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Como consecuencia de lo anterior, para la Contraloría, la administración de Lobo no determinó en debida forma los precios promedio reales del mercado, y pagó de más por productos como: harina de maíz, lenteja, fríjol rojo, espagueti, fideos, arroz blanco, aceite vegetal, alimento infantil fortificado, leche entera, atún, avena instantánea y en hojuelas, suplemento multivitamínico, complemento de panadería, azúcar, malteada instantánea, chocolate y sal.

De otro lado, el ente de control encontró deficiencias en la calidad de los productos. Por ejemplo, se entregó margarina, cuando se había solicitado mantequilla; la avena instantánea que se entregó no cumplía con la norma técnica nacional establecida. Dichas irregularidades -advierte la Contraloría- no fueron advertidas por el contratista, ni por el interventor ni por el supervisor y llevaron a que se entregaran productos que no cumplían con la calidad exigida. 

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