La extorsión disparada y más del 40% de los casos se dan desde las cárceles del país. Procuraduría reclama medidas al Gobierno

Las cárceles en Colombia, lejos de ser un espacio de resocialización, se han convertido en la cuna del crimen. No solo se presentan abusos, fiestas, fugas, manejo de patios por parte de organizaciones criminales, además, hoy son el epicentro de uno de los delitos que azotan a los ciudadanos: la extorsión.No se trata de un tema nuevo, las autoridades tienen claro que este delito se viene cometiendo desde los centros penitenciarios, pero no pasa nada. Por eso, la Procuraduría General de la Nación hizo un enérgico llamado al Gobierno para que tome medidas inmediatas, pues incluso las cifras son alarmantes y nadie se explica cómo permiten, desde las cárceles, que los detenidos sigan delinquiendo a sus anchas.El asunto es claro para la Procuraduría, y resulta preocupante que este tipo de extorsión vaya en aumento, pues representa el 41 % del delito desde las cárceles. Por eso, el Ministerio Público propuso evaluar la creación de una Unidad Judicial Exclusiva Especializada e Interinstitucional para desarticular el flagelo de la extorsión carcelaria y extramural a nivel nacional.La Procuraduría se refirió a un caso particular, que incluso ha sido denunciado por SEMANA, y por las autoridades sin que se hayan tomado medidas, y los detenidos siguen su carrera criminal, enriqueciéndose tras las rejas. Se trata de lo que viene sucediendo en la cárcel de Tuluá, en el Valle del Cauca, en donde la banda delincuencial La Inmaculada azota a comerciantes y empresarios de la región con la exigencia de gruesas sumas de dinero o, de lo contrario, sus establecimientos serán blanco de atentados.Ese es el caso de alias Pipe, señalado por las autoridades de comandar la banda delincuencial La Inmaculada, y a pesar de estar detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, seguía operando las acciones de esta organización.Entre los responsables del accionar delictivo en Tuluá, la Policía Nacional señaló a dos personas que se encuentran detenidas: el mencionado alias Pipe y Enano, quien está en la cárcel Picaleña, de Ibagué.Desde la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos se ha hecho especial seguimiento a esta problemática, alertando que este delito corre el riesgo de extenderse a otras regiones del país, tal como está sucediendo ahora en Barranquilla.La crítica del ente de control se convierte en un señalamiento y denuncia por “la falta de operatividad del Gobierno y del Inpec, se evidencia hasta en el mal funcionamiento de equipos bloqueadores de señal, pues de 22 instalados en igual número de penitenciarias sólo funcionan dos”.Pero no se trata sólo de inoperancia de los equipos bloqueadores de señal, también es clara la corrupción y complicidad de la guardia penitenciaria del Inpec. Parea el ente de control es muy preocupante que “se permita el ingreso de elementos prohibidos a las prisiones bajo complicidad de guardias y sin recato de autoridad, dando oportunidad a los delincuentes para que amenacen la institucionalidad estando tras las rejas”.Por eso, Javier Sarmiento, procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, hizo un llamado para que ante las dificultades que presentan las entidades, y el incremento de la inseguridad, los ministros de Defensa, Justicia, Tecnología y Comunicaciones y a las directivas del Inpec adopten mecanismos que solucionen esta grave problemática.