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| 7/29/2019 9:03:00 AM

Suspenden a gobernador (e) de La Guajira por polémico contrato de bilingüismo

Wilbert Hernández Sierra será investigado por la Procuraduría a causa de presuntas irregularidades en el proyecto de 11.415 millones de pesos con NIU Telco S.A.S., empresa participada mayoritariamente por la Gobernación de Norte de Santander.

La Guajira: gobernador Wilbert Hernández Sierra, suspendido e investigado Suspenden a gobernador (e) de La Guajira por polémico contrato de bilingüismo Foto: Twitter Gobernación de La Guajira

A dos meses de haber sido encargado por el presidente Iván Duque en la Gobernación de La Guajira, Wilbert Hernández Sierra afronta sus primeros líos disciplinarios por presuntas irregularidades en la firma de un contrato por 11.415 millones de pesos para fondear el proyecto denominado “fortalecimiento de las competencias comunicativas del idioma inglés en los docentes y estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales (IEO)” del departamento.

Este lunes la Procuraduría General de la Nación decidió abrir investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente por tres meses al gobernador Hernández Sierra. Según una comunicación de la entidad, busca establecerse “la existencia de posibles faltas” en la contratación directa celebrada como convenio interadministrativo con la empresa mixta Nuevas Tecnologías de Innovación, Ingeniería y Telecomunicaciones-NIU Telco S.A.S., participada mayoritariamente por la Gobernación de Norte de Santander.

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Según el organismo de control disciplinario, al conocerse que la contratación se celebró pocas horas antes de que entrara en vigencia la ley de garantías, se “abrió indagación preliminar y ordenó la práctica de pruebas”. Lo que terminó de alertar al organismo fue que al visitar en Cúcuta la sede de NIU Telco, no la encontraron, pese a que acudieron a la dirección registrada en el proyecto presentado ante la OCAD Caribe, organismo que aprobó la financiación del proyecto.

Ante estas evidencias, el ente de control ordenó el traslado del proceso a Bogota, la apertura de investigación y la suspensión cautelar, por tres meses, de Hernández Sierra para evitar la reiteración de la presunta falta disciplinaria o su participación en un nuevo proceso en plena época electoral.

La Procuraduría ordenó la práctica de nuevas pruebas con el fin de verificar si la conducta del mandatario encargado constituye falta disciplinaria, así como esclarecer “los motivos determinantes y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habrían cometido, así como el eventual perjuicio causado a la administración pública”.

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En la misma decisión se conminó nuevamente a Hernández Sierra para que comparezca y presente su versión libre. El miércoles había sido citado por la regional de La Guajira para ser escuchado, pero el mandatario encargado no asistió pese a la gravedad de los señalamientos en su contra.

Sobre NIU Telco, el ministerio público solicitó información que permita establecer cómo fue constituida la empresa, cómo estaba compuesta su planta de personal para el 26 de junio de 2019, así como los equipos, red y otros elementos con los que contaba para ejecutar el convenio.

La Procuraduría compulsó copias de esta decisión para que se investigue al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, quien habría suscrito un contrato de bilingüismo similar al de La Guajira y que dio origen al proceso contra el gobernador (e) Hernández Sierra.

Los nexos

NIU Telco, participada mayoritariamente por el departamento de Norte de Santander, fue inscrita ante la Cámara de Comercio de Cúcuta el 10 de septiembre de 2018. Sus representantes legales son Robert Antonio Gómez Cuello y Mayret Zorayda Niño Moreno, quien firmó el contrato con el gobernador (e) de La Guajira, Wilbert Sierra Hernández.

Pero los personajes en medio de la polémica son más, pues hay un vaso comunicante con un contratista envuelto en varios líos: el barranquillero Juan Carlos Cáceres Bayona. Según reveló La W, Cáceres es miembro de la junta directiva de NIU Telco y aparece como representante legal de la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información en Colombia (Funtics).

Por su parte, Mayret Zorayda Niño Moreno, la firmante, laboró por 22 años con Metrotel —empresa de telecomunicaciones de Barranquilla, absorbida por Movistar en 2018— y fue llevada por el mismo Cáceres a NIU Telco, según conoció SEMANA. En ambas sociedades también se encuentra el hermano de Cáceres, Ronald Cáceres Bayona.

Otro nombre clave en esta historia es el de Carlos Alberto ‘Ñeco’ Lopesierra, cuyo hermano es Samuel Santander Lopesierra, conocido como el hombre Marlboro, por haber obtenido la licencia de la famosa marca en Latinoamérica. Ambos, junto con su hermano José Fernando, fueron extraditados a Estados Unidos y condenados por narcotráfico.

Al regresar, ‘Ñeco’ se convirtió en una especie de bróker de la contratación en La Guajira. Según revelaron fuentes a SEMANA, busca proyectos en el departamento que estén avalados por la Ocad —con recursos de regalías— y los ofrece a un círculo de contratistas de alto nivel de Barranquilla, para que los ejecuten a cambio de una jugosa comisión. Uno de ellos fue Cáceres, a quien conoce desde su juventud, cuando Lopesierra estudió en la capital atlanticense.

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En La Guajira, Funtics ha ejecutado al menos 10 contratos desde 2012. El primero, que se firmó con la Gobernación, fue en 2014. Para 2015 firmó uno por 20.000 millones de pesos que enredó a la gobernadora Oneida Pinto, investigada por la Procuraduría. Dos de los contratos tienen fecha de 2018, año en el estuvo encargada —hasta noviembre— la exgobernadora (e) Tania Buitrago, actual pareja sentimental de ‘Ñeco’ y quien es directora del Partido de La U en La Guajira.

El proyecto

Desde la reforma a la transferencia de las regalías ejecutada por el gobierno Santos, estos recursos deben ser destinados a programas y proyectos que se aprueban en reuniones regionales del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad). Los departamentos tienen bancos de propuestas —que puede presentar cualquier particular— y, además, son los responsables de priorizarlas según sus necesidades ante ese organismo.

En un principio, el proyecto del que originó el contrato que hoy se cuestiona fue autoría de José Fernández, quien se especializa el formular y estructurar este tipo de iniciativas. Al resultar una de ellas elegidas para ser financiada, el departamento —aunque no es una obligación— puede invitarlo a contratar. Sin embargo, él no fue llamado para la ejecución, sino la firma NIU Telco, en medio de opacas maniobras.

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Hay dos grandes cuestionamientos frente al contrato firmado por la Gobernación y NIU Telco. Uno es la pertinencia de un proyecto de bilingüismo en un departamento en el que se mantiene una crisis de agua, desnutrición infantil y otras necesidades básicas insatisfechas. De hecho, La Guajira es segunda en el índice de pobreza monetaria en la medición del Dane para 2018, solo superada por Chocó.

También hay una sentencia de la Corte Constitucional, la T-302/2017, con la que exige el aseguramiento de derechos fundamentales en La Guajira a causa de la vulneración de los derechos constitucionales, “en especial niñas y niños wayú”, por fallas de las entidades del Estado.

Se trata de temas como acceso a la salud, al agua potable, la alimentación y la participación étnica que afecta a una gran parte de los guajiros, que albergan la etnia indígena más numerosa del país. La sentencia indica que los recursos de inversión del departamento y los municipios afectados (Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure) deben emplearse con prioridad para atacar estas problemáticas.

Si se tiene en cuenta el precio estándar del ICBF para una comida servida a un niño, a un costo de 2.442 pesos cada una, con el valor del contrato se podrían entregar 4,7 millones de raciones.

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El otro cuestionamiento tiene que ver con la elaboración del contrato que, originalmente, hablaba de atender a 38 municipios, cuando en La Guajira hay solamente 15. Finalmente solo podía ser ejecutado en 12, dado que los otros tres poblados son certificados y no pueden ser beneficiarios, aunque de la Gobernación buscaron luego aclarar que se referían a 38 instituciones educativas.

Fuentes con conocimiento de la situación señalaron a SEMANA que este lunes Hernández Sierra planeaba echar para atrás el contrato porque ya sabía lo que se le venía encima disciplinariamente. La Procuraduría se adelantó con esta decisión y ahora le corresponde determinar la responsabilidad del encargado, quien fue nombrado por la Casa de Nariño pese a varios señalamientos y advertencias.

Según esas mismas fuentes, al interior de la Gobernación se intentó preparar un decreto de vacaciones para Hernández Sierra, pero el gran inconveniente es que no tiene derecho a ese descanso dado lo reciente de su nombramiento. Planeaban dejar al frente a Enrique Freyle Melo, secretario de Hacienda departamental —quien fuera uno de los ternados junto con el hoy gobernador—, quien eventualmente deberá responder por el contrato.

Finalmente, en encargo quedó Yusica Barros, quien ostenta el cargo de secretaria privada de la Gobernación. Ella es familiar de la esposa del gobernador Hernández Sierra, Yuli Gómez. Además, el mandatario encargado, por temor a una investigación penal, estaría contemplando la posibilidad de salir del país.

Entretanto, una maldición parece repetirse en contra de La Guajira. En un solo periodo electoral han pasado por el cargo Oneida Pinto, Jorge Enrique Vélez (e), Wilmer González, Weildler Guerra (e), Tania Buitrago (e), Wilson Rojas (e) y Wilbert Hernández Sierra (e). El presidente Duque, de nuevo, tiene la palabra.

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