¿La hora del gran río Magdalena?: así va la nueva APP para la navegabilidad

Volver a navegar el río Magdalena desde el interior del país hasta su desembocadura en Barranquilla es un sueño frustrado de muchos. La historia de un gran proyecto que permita movilizar carga y pasajeros a través de su cauce se convirtió en un flojo chiste de coctel. La idea, sin embargo, sigue latente a pesar de los miles de millones que se ha llevado la corriente en la ejecución de obras aisladas, como el costoso dragado de algunas zonas.La buena noticia para quienes mantienen el anhelo vigente es que, después de varios meses de estar en el limbo, hace unos días se conoció el cronograma de la nueva asociación público-privada (APP) que busca recuperar la navegabilidad entre Barrancabermeja (Santander) y Bocas de Ceniza, en Barranquilla, con un contrato de $ 1,5 billones y una duración estimada de 15 años y tres meses, en los que se espera finalice la etapa de reversión.Por lo menos en el papel el proyecto toma forma, desarrollado bajo un convenio macro entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Cormagdalena, con la participación de BID Invest para la estructuración de la asociación.Sin embargo, después de ocho años de retrasos y tropezones debido a los líos tras la adjudicación de la APP inicial, con el consorcio Navelena y la multinacional Odebrecht como tristes protagonistas, muchos le tienen los ojos puestos y hasta dudan de su éxito.El campanazo para la entrada en la etapa final lo dio la ministra de transporte, Ángela María Orozco, el mes pasado durante un evento paralelo a la Asamblea de Gobernadores del BID en Barranquilla, cuando dijo que el nuevo proceso había alcanzado “tres hitos importantes”.El primero es la presentación de los resultados de la estructuración de la APP por parte del BID, el segundo es la publicación de la hoja de términos que definió las condiciones de contratación por parte de la ANI y el tercero es el concepto favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) para la emisión de un documento que regula los riesgos contractuales del Estado para proyectos de infraestructura en vías fluviales y canales navegables en el país.No obstante, la jefa de la cartera no dijo nada del cronograma, por lo que las dudas surgieron otra vez. Pese a ello, en los últimos días se supo que este estableció este 14 de abril como el plazo máximo para la presentación de ofertas por parte de los interesados y el 23 de abril como el día para la apertura de los sobres de las propuestas económicas habilitadas.Si todo sale bien, el 28 de abril se debe dar la publicación del informe definitivo y la asignación del puntaje (orden de elegibilidad), es decir, la adjudicación del contrato.En términos prácticos, la iniciativa fue dividida en 18 unidades funcionales autónomas que buscan garantizar el cumplimiento de parte del concesionario. Son, en su mayoría, obras de infraestructura hidráulica indispensables para la prestación de los servicios del proyecto para mantener un canal navegable de 668 kilómetros en el cauce.César Lorduy, representante a la Cámara y especialista en temas del río, señala que la sola presentación del cronograma del proyecto genera satisfacción, pero que “ahora todos hacemos votos para que el 28 de abril, sin más dilación o demora, tengamos escogido el contratista a cargo de las obras”.Clemente Fajardo, vicepresidente de asuntos corporativos de Petromag, que opera el puerto La Gloria de Colombia, en el Cesar, dice que el verdadero impacto, más allá de la zona de los 23 kilómetros iniciales de los que siempre se habla, será río arriba, porque la APP reactivaría la navegación que se había perdido del puente Pumarejo hacia adentro, lo que sí tendría un impacto relevante en la reducción del costo de la carga por el Magdalena.“El gran beneficio será para aquellas zonas en las que navegar hoy es un verdadero acto de fe. Es necesario contar con un río en el que se garantice servicio los 365 días del año”, explica.Y tiene razón, más allá de un capricho del gremio, la recuperación de la navegabilidad del Magdalena es un proyecto que impactaría de forma directa, según el Gobierno nacional, a más de seis millones de habitantes de 69 municipios en siete departamentos del centro y norte del país. Ello generaría empleos e inversión en estas subregiones. Ahora, teniendo en cuenta los antecedentes recientes, resta decir que, del papel al hecho, hay mucho trecho.