La incertidumbre de 108 familias por construcciones en riesgo en Cartagena

Quién tiene la razón: el estudio de la Universidad de Cartagena del cual solo se conocen las conclusiones que advierten sobre el riesgo en el que se encuentran 108 familias propietarias o residentes en igual número de apartamentos en 16 edificios de Cartagena, o las afirmaciones del ingeniero calculista Jorge Rocha, quien cuestionó el pasado lunes la metodología y los protocolos realizados en el proceso de recolección de pruebas practicadas por la facultad de Ingeniería de la Universidad de Cartagena.

Para el distrito de Cartagena, la Procuraduría, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Atención y Prevención de Desastres, la Defensa Civil, la Cruz Roja, los bomberos, la Policía Nacional, Corvivienda, la Fuerza Naval del Caribe, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo y todos los miembros del Comité de Gestión del Riesgo, el principio que se impone es el de precaución sobre más de 500 personas que habitan en los 16 edificios diagnosticados con riesgo. 

La razón es muy simple: los constructores que levantaron esos edificios violaron o incumplieron todos los trámites que debían cumplir, tales como solicitar las licencias en curadurías con diseños estructurales, planos, normas de sismo resistencia, estudio de suelos, calidad de materiales, permisos de planeación y otra cantidad de normas urbanísticas que se saltaron sin que, además, nadie en el proceso de construcción se las exigiera. Las irregularidades salieron a la luz con el desplome del edificio Blas de Lezo II, que obligó a poner en marcha un proceso de normalización urbana, que contó con el acompañamiento de la Procuraduría y otras entidades nacionales y distritales.

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Aunque las alarmas venían encendidas, la crisis la desataron las conclusiones preliminares del estudio realizado por la Universidad de Cartagena, que el pasado 29 de diciembre dejó constancia de los riesgos a los que están expuestos quienes viven en esos edificios. El 3 de enero, de acuerdo con la versión de la Alcaldía, se inició un proceso de socialización con los propietarios y residentes, solicitándoles evacuaciones voluntarias, las cuales fueron aceptadas por 61 familias.

El informe preliminar de la Universidad llegó a manos de la Fiscalía General de la Nación, la cual, ante la gravedad de las conclusiones, pidió el pasado 18 de enero que el alcalde adelante la evacuación inmediata.

El mandatario Sergio Londoño convocó a los miembros del Comité Distrital de Gestión del Riesgo, del cual forman parte unas 20 entidades, que una vez analizadas todas las conclusiones preliminares, recomendaron decretar el estado de emergencia, declarar la calamidad pública y evacuar a los residentes de los edificios.

La decisión del Distrito ha sido cuestionada por diversos sectores que la consideraron apresurada y que califican como un desacierto el que les propongan a las familias vivir en albergues. Eso no ha pasado, ninguno de los sitios adecuados están ocupados por los habitantes de los edificios que –voluntariamente- habían desalojado hasta el pasado viernes los apartamentos. Entre el viernes y el martes se ha dado cumplimiento a la orden de una jueza de control de garantías que pidió escuchar a todos los propietarios. 

La decisión de la funcionaria judicial se basó en la solicitud de la Fiscalía, que precisamente pidió autorización para proceder con los desalojos. Sin embargo, la medida preventiva que tomó por ahora la jueza es escuchar a la gente. 

En la tarde del martes, el alcalde Sergio Londoño convocó a una reunión extraordinaria a la Procuraduría, la Fiscalía, los organismos distritales y nacionales que hacen parte de la gestión y prevención del riesgo, y además a las Superintendencias de Industria y Comercio, Notariado y Registro y Superfinanciera.

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El superintendente Pablo Felipe Robledo intervino en la rueda de prensa para pedirles a los propietarios de apartamentos afectados que instauren sus demandas ante la SIC o ante los jueces civiles, para que el Estado colombiano pueda reconocerles sus derechos y pagarles un subsidio de vivienda mientras se toman decisiones definitivas en la justicia. Este trámite ante la SIC también busca establecer quién debe pagar los subsidios de vivienda o arriendos para las familias afectadas: los constructores o el distrito.

Aunque inicialmente se ha dicho que deben responder los constructores y en subsidiariedad el distrito, será un pronunciamiento en este sentido el que así lo determine. También se espera que la autoridad investigue y proceda con eventuales multas para las firmas constructoras.

Como antecedente, cabe recordar que en el caso del edificio Space de Medellín, la SIC terminó ordenando a los constructores la devolución de los dineros que las personas habían pagado por los inmuebles. 

El procurador delegado para la Conciliación Administrativa, Iván Gómez Lee, afirmó en diálogo con SEMANA, que se debe seguir con el cumplimiento del plan de normalización y explorar una disposición conciliatoria. "Lo que preocupa es que si hay 16 edificaciones mal construidas, este diagnóstico puede ser la punta de un iceberg, teniendo en cuenta que la PGN obtuvo información de la propia Alcaldía sobre la existencia de otras 58 licencias falsas. Hay que pasar a un plan de vigilancia plena, lo que pasó en Cartagena no había ocurrido en Colombia".

Por el momento, dijo el alcalde encargado, Sergio Alfonso Londoño, están suspendidas las evacuaciones por orden de una jueza, pero el distrito sigue trabajando en la calamidad pública. 

El rector de la Universidad de Cartagena, Edgar Parra Chacón, manifestó que el informe está en revisión, pero rechazó las afirmaciones del ingeniero Jorge Rocha en el sentido de que la Universidad de Cartagena no haya utilizado profesionales idóneos para el diagnóstico.

SEMANA conoció que la Universidad se mantendrá en su informe y diagnóstico sobre las irregularidades detectadas. El estudio encontró que de 16 edificaciones construídas por la familia Quiroz, siete están en situación de vulnerabilidad crítica. Tanto Wilfran Quiroz como su hijo Luis David Quiroz están en detención domiciliaria por el desplome del edificio Portal de Blas de Lezo II, que dejó 21 personas muertas. 

Entre tanto, los propietarios se siguen preguntando, por qué solo fueron estudiados los 16 edificios si, según ellos, en Cartagena hay construcciones que están en peores condiciones.