La ONIC vuelve a denunciar la violación a la seguridad e integridad de las comunidades indígenas

La Organización Nacional Indígena de Colombia emitió una denuncia pública y un llamado de atención al Gobierno y otras instituciones nacionales e internacionales, para alertar sobre “la grave crisis humanitaria que se cierne sobre los pueblos indígenas” a causa de la intensificación del conflicto entre grupos armados ilegales que invaden su territorio y amenazan la integridad de las comunidades. Asimismo, exigen activar inmediatamente una ruta de atención y protección prioritaria para atender la situación de vulnerabilidad de sus habitantes.Con el fin de garantizar el derecho a la vida digna, la ONIC hace un nuevo llamado al Gobierno para que tome cartas en el asunto y genere un plan para salvaguardar la vida de las comunidades indígenas de Colombia y aleje el conflicto armado de sus regiones.Según la ONIC, en el último mes se han emitido al menos 15 denuncias y alertas tempranas advirtiendo sobre los hechos denigrantes y victimizantes en los que ha estado inmersa la población indígena durante los últimos meses en diferentes puntos del país. El conflicto armado, las disputas entre grupos al margen de la ley, los asesinatos y desplazamientos forzados han tomado fuerza y aún no se tiene respuesta de ningún ente nacional.El caso más reciente y rechazado por la comunidad es el asesinato de la lideresa indígena María Bernarda Jujibioy quien fue atacada vilmente por unos sicarios, llevándose consigo a su nieta de un año y cinco meses. la tragedia sucedió el pasado miércoles 17 de marzo, en el departamento del Putumayo. Sin embargo, ese es un solo caso de cientos que han sucedido.En el documento exponen que el departamento del Chocó es uno de los territorios que más situaciones de violencia ha presentado, como el asesinato del líder Miguel Tapí, suceso que causó el desplazamiento de toda una comunidad conformada por 900 personas. Semanas después, la ONIC, mediante un comunicado, advirtió al Gobierno sobre las amenazas de seguridad que vive la comunidad entre las que se encuentran mujeres embarazadas y menores de edad. También solicitó la entrega de elementos de primera necesidad. No obstante, tampoco recibieron respuesta.De igual forma, dan a conocer que en febrero del presente año, en la comunidad Ceverde del Resguardo Alto Andágueda, fue asesinado Alejandro Manungama, un médico tradicional y miembro de la guarda indígena, por parte del Ejercito de Liberación Nacional (ELN). Y para sumar a la lista los enfrentamientos entre ese mismo grupo armado con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) han cobrado la vida de un gran número de personas que mueren en medio del fuego cruzado.La organización afirma que estos enfrentamientos entre grupos armados en el interior del territorio indígena llevaron al desplazamiento forzoso de 36 familias, compuestas por 139 personas, de las cuales 60 son menores de edad.A su vez, son muchas las poblaciones que cada día sienten más el abandono del Estado. Las comunidades de Moamía, Miacora, Santa María de Condoto y Las Divisas llevan denunciando desde 2020 las presencia de actores armados en sus territorios, los cuales los mantienen en situación de confinamiento, zozobra y no los dejan circular libremente. Esto ha limitado a la población las posibilidades de una correcta alimentación y trabajo digno puesto que no pueden ir a los cultivos.Muchos casos similares se han presentado e intensificado en diferentes zonas del país. Más secuestros, más asesinatos y más desplazamientos. Es por eso que en su comunicado exigen: “Primero, a los grupos armados legales e ilegales respetar el gobierno propio, la autonomía y el territorio indígena; segundo, al Gobierno nacional y a las distintas instituciones estatales responsables activar inmediatamente una ruta de atención y protección prioritaria para atender la situación de vulnerabilidad de las comunidades y personas afectadas, así como propiciar los distintos escenarios de diálogo requerido en cada caso particular”.Así las cosas, una vez más, la ONIC muestra su profunda preocupación por todas las amenazas que consideran que van en contra de la autonomía y el gobierno propio. La lista es extensa y tienen un historial que están dispuestos a mostrar al Estado con el fin de que se efectué una respuesta al llamado. Ellos solicitan a todas las entidades y organizaciones relacionadas con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y derechos humanos que los acompañen en buscar estrategias para mitigar el conflicto.