Lo último: gobernador de San Andrés ya está en Colombia y se prepara para responder ante la justicia

El martes 20 de septiembre, a las 8:15 p. m., aterrizó en Bogotá el gobernador de San Andrés y Providencia Everth Hawkins Sjogreen. El mandatario departamental se encontraba en Estados Unidos, junto con su abogado, solicitando el apoyo de la Organización de Estados Americanos para evitar que la Fiscalía General de la Nación continúe con un proceso que lleva en su contra.Everth Hawkins reiteró que no ha cometido ningún delito y que responderá ante la justicia sin ningún temor. El miércoles, en horas de la tarde, viajó a San Andrés y por medio de un video, conocido en exclusiva por SEMANA, dejó por sentado que estará atento a cualquier requerimiento.“Seguiré con mis labores. Estaré pendiente de los llamamientos que me hagan, ya sea la Fiscalía o cualquier entidad. No salgo huyendo del país. No soy un peligro para la sociedad. A todas las audiencias en las que he sido citado, por denuncias que han puesto mis enemigos, estoy allí precisamente para eso. Con la responsabilidad propia de atender los requerimientos de la justicia”, indicó.“Estoy listo y presto para seguir gobernado en el nombre de Dios”, agregó el gobernador.El conflicto judicial tiene su origen en el año 2020, cuando el mandatario departamental suscribió 16 contratos de prestación de servicios por un valor que supera los 240 millones de pesos. Los contratos tendrían como objetivo la realización de actividades de inspección turística, actualizar la información de la isla en términos de medidas biosanitarias para ser difundida a los visitantes, al igual que auxiliares de enfermería, entre muchos otros.Según la investigación, los referidos contratos no podrían suscribirse debido a que, para ese entonces, un decreto nacional impedía la realización de actividades recreativas en lugares como playas y sitios de interés turísticos, para evitar la propagación de la covid-19.Sin embargo, el gobernador le explicó a SEMANA que, a pesar de aquellas restricciones, muchos turistas se quedaron encerrados en la isla y se debían atender.“Claro que no había turismo. No se podía. Pero durante la pandemia quedaron encerrados aproximadamente cinco mil turistas, en los cuales ese personal fue quien los atendió, tanto enfermeras como operadores turísticos. Ellos estuvieron pendientes de todos los temas”.Además, otra de las irregularidades, según la Fiscalía, se relacionaría con la aparente existencia de fallas en la supervisión de la ejecución de los contratos. Pues los pagos, al parecer, se habrían adelantado sin que las actividades contratadas se realizaran.Ante este tipo de acusaciones, el mandatario departamental fue enfático y dejó en claro que todos los trabajos cumplieron con sus obligaciones contractuales: “Está demostrado en las evidencias. Los supervisores certificaron que esas personas cumplieron su función”.Everth Julio Hawkins reiteró que el único propósito de ese contrato era proteger a los propios y turistas que quedaron dentro de la isla durante la pandemia.“A esas personas las protegí. Gracias a mi gestión, a mi equipo, ellos tuvieron información oportuna, recibieron la atención, el cuidado, las posibilidades de comer y de salir de la isla. Ese fue el único pecado que cometí. No hay delito. Si no hubiese hecho eso y algo les hubiese pasado, ¿entonces también me hubiese tocado responder por omisión?”, reclamó.