Los tres delincuentes de las disidencias de las FARC a los que el gobierno Petro les suspendió órdenes de captura; uno estuvo implicado en el atentado al presidente Duque

La Fiscalía General de la Nación suspendió en las últimas horas las órdenes de captura que existen contra tres miembros de la estructura disidente conocida como Estado Mayor Central de las Farc-EP.Las tres personas cobijadas con la decisión son Willinton Henao Gutiérrez, conocido como Olmedo; Carlos Eduardo García Téllez, conocido como Andrei; y Sandra Milena Niño.Alias Andrei, según las autoridades colombianas, sería el segundo comandante del frente 33 de las disidencias de las Farc y lo implican con el atentado en 2021 que se le perpetró al presidente de ese entonces, Iván Duque, quien se desplazaba en un helicóptero, el cual fue impactado con armas de fuego.Alias Olmedo también pertenece al frente 33 que opera en el departamento de Norte de Santander y aunque se desconocen los delitos que se les imputan a estos tres delincuentes, se presume que pueden estar acusados de terrorismo y de producción y tráfico de cocaína, ya que este es el principal negocio ilícito de esta organización delincuencial.La medida se dio luego de que el presidente Gustavo Petro expidiera la resolución No. 343, en la cual reconoció a las tres personas como miembros representantes de dicha estructura y solicitara la suspensión de las órdenes de captura en el marco de los acercamientos exploratorios del gobierno con este grupo insurgente.“La Fiscalía General de la Nación emitió la resolución 00003 del 4 de enero de 2023, en la cual dispuso la suspensión, por el término de 15 días, de todas y cada una de las órdenes de captura, incluidas las que tienen fines de extradición, que se hayan dictado o que se dicten en contra de los tres ciudadanos reconocidos por el Presidente de la República como miembros representantes del Estado Mayor Central de las FARC-EP”, señaló el ente acusador.Según manifestó la Fiscalía, la determinación se tomó a partir del artículo 113 de la Constitución Política, que contempla la “colaboración armónica entre los poderes públicos y tiene como base la decisión del señor presidente de la República de desarrollar acercamientos exploratorios y confidenciales para adelantar diálogos y negociaciones y lograr acuerdos con ese grupo armado organizado, de conformidad con las facultades constitucionales y legales que le confieren el artículo 189 de la Constitución y la Ley 2272 de 2022″.‘Paz total’: fecha clave para la libertad de dos gestores de paz, cuya designación ha generado polémicaPara el 30 de enero quedó fijada la audiencia en la que se resolverá la solicitud de libertad por vencimiento de términos a favor de Álvaro Andrés Duque y Bremmen Hinestroza, dos de los gestores de paz designados por el Gobierno. La jueza de control de garantías escuchó los argumentos y reprogramó la diligencia judicial en contra de los dos jóvenes que fueron capturados por delitos relacionados con invasiones ilegales de tierra y agresiones contra servidores públicos en zona rural de Popayán, en el departamento del Cauca, durante las manifestaciones del Paro Nacional en 2021.Esta decisión no fue bien recibida por parte de uno de los acusados, quien señaló que se le estaban vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso, puesto que se debía resolver la solicitud de libertad. Esta situación obligó a la intervención del procurador del caso, quien aseguró que no existe tal vulneración dado que la decisión de la jueza estaba justificada y tenía que ingresar a otra audiencia.Los dos jóvenes, quienes hacen parte del movimiento ‘Los Sin Techo – Tejido Popular’, fueron capturados en junio de 2022 por los delitos de avasallamiento de bien inmueble; violencia contra servidor público y empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos. A finales de diciembre del año pasado, sus nombres aparecieron en el decreto por medio del cual se definieron los gestores para el proyecto de ‘paz total’.Hinestroza y Duque, que se encuentran privados de la libertad en la cárcel de mediana y máxima seguridad San Isidro en Popayán (Cauca), desde junio de 2022, han reclamado que fueron vinculados a este proceso sin prueba alguna, hecho por el cual se han declarado inocentes en diferentes etapas procesales.