"Vivimos de lo poco que nos envían nuestras familias": así es la vida en Bogotá de dos magistrados venezolanos

De corbata llegaron a la entrevista dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Gonzalo Álvarez Domínguez y Gonzalo Oliveros Navarro ostentan el cargo desde hace tres meses, el mismo tiempo que llevan en el exilio. Impecables, como si fueran a dictar los juicios en la Sala de Casación Civil, empezaron a relatar cómo han sido los días fuera de su país.

Todo empezó el 21 de julio de este año cuando un grupo de 13 magistrados principales y 20 suplentes desafiaron el gobierno de Nicolás Maduro y se posesionaron. Ellos fueron escogidos por el Parlamento –de mayoría opositora- y acusados de traidores a la patria por el presidente. Apenas 15 días antes un grupo de simpatizantes del régimen sembraron terror en el Parlamento y agredieron a los diputados. El ambiente estaba caldeado.

12 personas resultaron heridas durante el ataque a la Asamblea Nacional.

Los magistrados recién nombrados sabían que era peligroso posesionarse. “Aceptamos por responsabilidad con nuestro país, porque lo amamos. Sabíamos que íbamos a ser objeto de persecución, pero sinceramente no pensé que fuera tanto”, cuenta Álvarez. "Maduro designó a seis funcionarios para vigilar a cada magistrado, nos dijeron".

En contexto: Asamblea Nacional de Venezuela designa nuevos magistrados pese a advertencia del Tribunal Supremo

El 22 de julio Maduro sorprendió al mundo al amenazar públicamente a los magistrados con llevarlos presos “uno a uno”. Los juristas no volvieron a sus casas. Su vida se volvió clandestina. Las palabras del mandatario iban en serio, el 23 de julio el magistrado Ángel Wladimir Zerpa Aponte fue detenido.

“Yo siempre dije que saldría de Venezuela obligado, y me obligaron. En mi alma no hay rencor por eso, es lo que a nosotros nos tocó vivir en esta época de la Venezuela difícil”, dice Oliveros con entereza. Él salió de Venezuela el 29 de julio, recuerda que era un sábado a mediodía cuando logró cruzar la frontera y llegó a Villa del Rosario.

“Partimos por tierra, ocultos, con otra identidad sin sellar nuestro pasaporte a la salida. Pasamos por uno de los puertos fronterizos. Allí las autoridades comprendieron nuestra situación y sellaron nuestro pasaporte”, relata sin mayores detalles el magistrado Álvarez. Después de llegar a Cúcuta les recomendaron que se fueran pronto porque “era una zona todavía peligrosa”. Así fue como se embarcaron hacia Bogotá.

Lejos de su tierra recorren a diario las calles del centro de la capital disfrutando de cada detalle. “Yo miro el menú de izquierda a derecha, primero los precios y después los platos”, dice entre risas Oliveros. Para ellos los colombianos tienen mucha suerte de tener democracia. Saben que la realidad no se puede ver en blanco y negro, por eso están estudiando sobre el sistema penal, las leyes, y todo lo que los ayude a entender la Colombia de esta época.

Si los magistrados estuvieran ejerciendo en su país tendrían un sueldo fijo, y sus preocupaciones serían otras. Pero en Colombia las cosas son a otro precio. Por el momento están esperando a recibir un permiso de trabajo o a ser aceptados como refugiados. Solo entonces, cuando tengan sus papeles en regla podrán acceder al salón de clase de las universidades que los invitaron.

“Vivimos de lo que vive un profesor, todavía no hemos cobrado porque conforme a la legislación colombiana debemos tener un permiso para eso, cuando lo tengamos lo haremos y daremos las clases respectivas. Vivimos de lo poco que nos pudieron enviar nuestras familias aquí y viviremos en nuestro exilio del trabajo que dignamente podamos hacer”, explica Oliveros.

Puede leer: Venezuela: hacia una dictadura comunista

Un tribunal en el exilio

Después de la detención de Zerpa Aponte los demás magistrados buscaron refugio donde pudieron. Seis de ellos en Colombia, otros en la embajada de Chile, en Estados Unidos, México y Panamá.

Los magistrados aún en la situación en la que se encuentran no han abandonado la idea de ejercer su cargo, solo que dada la situación lo harán desde el exilio. Este viernes en el Salón de las Américas de la OEA, en Washington, ocurrió algo inédito: se instaló el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

Luis Almagro, secretario de la OEA, acompañó la ceremonia. Entró al recinto con una gran ovación.

A la ceremonia no pudieron asistir todos, pero se conectaron virtualmente. Quienes se encontraban en las embajadas de Chile y Panamá en Venezuela salieron ocultos para viajar a Estados Unidos. No podrán volver a su país por ahora; al terminar la instalación del tribunal irán a los países que los refugiaron.

Emula un golpe de Estado contra #Venezuela perpetrado de la mano de #Almagro, usando la #OEA para sus fines pic.twitter.com/M5GD1Mb3rY

— Francesca Emanuele (@FrancescatlSUR) 13 de octubre de 2017

“Las sentencias que nosotros vamos a dictar. Lamentablemente no va a ser posible ejecutarlas en Venezuela por la situación del país: no hay una democracia ni separación de poderes. Las decisiones que nosotros tomemos tendrán influencia internacional en tanto el país que reciba nuestro requerimiento o nuestra decisión quiera cooperar”, explica Oliveros.

La OEA no está designada para ser la sede física del tribunal, allí solo se hizo la instalación. Después los magistrados empezarán a trabajar de manera virtual, aunque sí tendrán una oficina privada en Washington. La Sala de Casación Civil no se ocupará de divorcios, por ejemplo, sino que todos volcarán sus esfuerzos para “retomar el orden constitucional, defender la democracia y los derechos humanos, y enjuiciar la delincuencia organizada transnacional”.

“La información va a llegar por medio de internet, por medio de fiscales del ministerios público que se encuentran en el exterior”, asegura Álvarez.

Los magistrados esperan regresar a su país triunfantes, no saben cuántos años tendrán que esperar, pero no se agobian pensando en eso. “Hemos paseado por esa posibilidad, pero vivimos el día a día, nos estamos preparando para volver”, dice Álvarez con una sonrisa.