La crisis en la Universidad Autónoma del Caribe escala a un nuevo nivel y desata una disputa jurídica y política que podría redefinir el futuro de la institución. En cuestión de días, el pulso por el control de la universidad enfrenta al Gobierno de Gustavo Petro, que insiste en su eventual carácter público, con el sorpresivo regreso de Silvia Gette Ponce, quien reclama su lugar tras años fuera del cargo en medio de procesos judiciales.
El caso vuelve al centro del debate nacional luego de que Gette reapareciera públicamente asegurando que ya resolvió su situación con la justicia y que está en condiciones de retomar las riendas de la universidad, hoy golpeada por una crisis financiera y administrativa. Su regreso, sin embargo, desató una confrontación directa con la actual administración y abrió interrogantes sobre la legalidad de cualquier cambio en la dirección de la institución. “Para mí fue un balde de agua, y yo creo que quedé paralizada por el frío. No, eso es una universidad privada. No pueden sostener las universidades públicas de Colombia; tienen miles de problemas con la del Atlántico por mantenimiento y por un montón de cosas, y van a tomar otra universidad. No, la universidad nació privada, es privada. La hicieron privada, la hicimos privada”, afirmó Gette en rueda de prensa, rechazando la posibilidad de que el Estado asuma el control.
Su defensa jurídica respalda esa posición y asegura que no hay obstáculos para su retorno. La abogada Bianith Bohórquez sostuvo que las decisiones judiciales que favorecen a su clienta deben cumplirse sin dilaciones. “Las decisiones que se toman por parte de los juzgados de control de garantías son de cumplimiento inmediato. Es decir, ello se hace con el fin de que cesen los efectos producidos por el delito. En este caso, esta solicitud se hizo a través de una investigación que cursó en la Fiscalía General de la Nación y, por ende, pues la medida actúa u opera de forma inmediata”, explicó.
Del otro lado, la actual rectoría, encabezada por Jorge Senior, rechaza de plano esa posibilidad y advierte sobre los riesgos jurídicos y financieros que implicaría el regreso de Gette. Su abogado, Rafael Pacheco, fue enfático en cuestionar la viabilidad de esa pretensión. “No se puede reconstruir el pasado ignorando que la señora Gette fue desvinculada por justa causa y que existe una condena ratificada por la Corte Suprema de Justicia por abuso de confianza agravado. No hay resocialización plena cuando no se ha pagado la multa ni se ha devuelto el millón de dólares que se extrajo de las arcas de la institución”, afirmó.
En medio de este choque de versiones, el caso adquiere mayor complejidad por la intervención estatal vigente. La universidad permanece bajo vigilancia especial del Ministerio de Educación Nacional, con un Consejo Superior activo como órgano de control, lo que abre un escenario de incertidumbre jurídica frente a cualquier intento de modificar su dirección.
“El fallo desconoce la realidad de la intervención del Estado y la protección de los institutos. Es altamente peligroso porque, con toda seguridad, todos los acreedores están atentos y listos para actuar sobre la universidad en caso de que esos mecanismos de salvamento dejen de operar”, advirtió Senior. En su pronunciamiento, también destacó que la actual administración jurídica ha ampliado la protección sobre bienes de la institución para evitar afectaciones a su patrimonio.
Por ahora, la rectoría sigue en manos de Jorge Senior mientras se resuelve una tutela presentada por el Ministerio de Educación Nacional, recurso que será determinante para establecer quién tendrá el control de la universidad. El desenlace de este pulso no solo definirá el futuro administrativo de la institución, sino que podría sentar un precedente sobre la intervención del Estado en universidades privadas en Colombia.