Más de 600 organizaciones piden a la CIDH una “exhaustiva investigación” de la “represión” de la protesta social en Colombia

El país entero ha vivido intensas jornadas de movilizaciones producto del paro nacional convocado para el 28 de abril por las organizaciones sindicales. Un paro que en principio sería por 24 horas pero que terminó extendiéndose hasta completar a la fecha, 10 días.Miles de videos han inundado las redes sociales dando cuenta sobre la violencia que ha opacado las manifestaciones pacíficas que se han vivido en el marco del paro nacional. Los excesos de la fuerza de algunos uniformados y el vandalismo de algunos tantos manifestantes han provocado que el mundo entero ponga los ojos en Colombia.Mediante una carta firmada por 650 organizaciones de la sociedad civil, estas elevaron un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que lleve a cabo una “exhaustiva investigación de la represión de la protesta social”.“Las organizaciones abajo firmantes condenamos el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de las fuerzas de seguridad colombiana como respuesta a las protestas que se iniciaron el 28 de abril en todo el país. Solicitamos al Estado cesar de manera inmediata el uso arbitrario y excesivo de la fuerza para evitar mayores vulneraciones a los derechos humanos de la población”, dice el escrito.Le hacen un llamado, además, a la CIDH para que pida el consentimiento del Estado colombiano para que permita su visita al país y así instalar un mecanismo independiente de expertos que aporte en la investigación de lo ocurrido en el marco del paro nacional.Los firmantes explican que tras una semana de haber iniciado el paro nacional convocado por las organizaciones sindicales en rechazo a la reforma tributaria que había radicado el Gobierno, sumado a la crisis económica y de salud pública generada por la pandemia de la covid-19 y “el aumento de las masacres y asesinatos de líderes y personas defensoras de los derechos en todo el territorio nacional, la Fuerza Pública ha respondido con el uso desproporcionado de armas de fuego y la intervención de las fuerzas militares”. “Ello ha dejado decenas de personas sin vida y resultado en detenciones arbitrarias, judicializaciones, actos de violencia sexual, desaparición de personas, cientos de heridos y un sin número de denuncias de abuso policial”, agregaron.Sumado a lo anterior, también retratan las agresiones de la fuerza pública en contra de la prensa y defensores de DDHH. “Acompañado de declaraciones de funcionarias, funcionarios y figuras públicas, que alientan el uso de armas letales. Ello, además, no ha sido contrarrestado por una posición oficial estatal rechazando públicamente el uso de la violencia en el marco de las protestas, sino más bien, el presidente ha autorizado la participación de las fuerzas militares en funciones de control de orden público”, indica la carta.El derecho a la protestaTambién señala el derecho a la protesta que, en el caso colombiano, figura en el artículo 37 de la Constitución Política y que es reconocido ampliamente en el país. Pese a ser considerado como un derecho de los colombianos, la carta alega que también genera obligaciones para el Estado. Así, el Estado es el encargado de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en contextos de protesta, además de facilitar el ejercicio de la protesta sin estigmatización. En línea con los estándares internacionales que legitiman el derecho a la protesta, la carta indica que los Estados “tienen la obligación de satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza”.“Por ello, hacemos un llamado al Estado colombiano al cese inmediato del uso de la fuerza y al uso de armas letales y no letales, al cese de la violencia sexual como castigo y tortura y atender sus obligaciones internacionales en relación con el derecho a la protesta, incluyendo su obligación de respetar, proteger y facilitar las condiciones para el ejercicio de este derecho, así como permitir y brindar garantías a la labor de la prensa y las y los defensores de derechos humanos en terreno. Además, hacemos un llamado al Estado a propiciar espacios de diálogo e intercambio con la sociedad manifestante”, dice el documento.Así, los 650 firmantes le piden a la CIDH que establezca un mecanismo independiente en el terreno para colaborar con las autoridades nacionales en la investigación, mediante el cual se logre el esclarecimiento de los hechos que han tenido lugar en el territorio nacional y que ya son objeto de investigación por parte de las autoridades locales. “Finalmente, hacemos un llamado a todos los actores y a la sociedad en general a defender el derecho a la protesta, condenar enérgicamente la violencia desproporcionada con que actúa la fuerza pública en el marco de las protestas sociales en Colombia y a exigir las reformas pertinentes que reclama la población para que el actual escenario de represión no se vuelva a repetir”, concluye la misiva.Estos son los firmantes de la carta enviada a la CIDH:Globales:Regionales:Argentina:Bolivia:Brasil:Canadá:Chile:Colombia:Costa Rica:Cuba:Ecuador:El Salvador:Estados Unidos:Europa:Honduras:México:Nicaragua:Panamá:Paraguay:Perú:Puerto Rico:República Dominicana:Trinidad y Tobago:Uruguay:Venezuela: