Más polémicas por el PAE: Contraloría advierte que más de 690.000 niños se verán afectados por falta de planeación. ¿Qué está pasando?

No paran las polémicas en diferentes regiones del país por cuenta del Programa de Alimentación Escolar (PAE). De acuerdo con una alerta emitida por la Contraloría General, con fecha a corte del 20 de junio, más de 690.000 niños, niñas y adolescentes están siendo afectados por la falta de planificación de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), encargadas de la prestación y administración del PAE.

La Contraloría ha realizado varios llamados de atención sobre la importancia de cumplir con los principios de planificación establecidos por la ley vigente (Ley 2167/2021) para garantizar la contratación oportuna del PAE en todo el país.

Actualmente, según la entidad, más de 223.000 beneficiarios se encuentran sin acceso al servicio del PAE, incluyendo a 16.300 pertenecientes a la población indígena. Además, más de 299.474 estudiantes corren el riesgo de suspensión del programa para el 30 de junio.

Según informes proporcionados por los equipos de Participación Ciudadana de las Gerencias Departamentales de la Contraloría y por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (Uapa), se ha identificado que la finalización de contratos del PAE en algunas Entidades Territoriales Certificadas pone en peligro la continuidad del servicio para los estudiantes.

En el caso del PAE Mayoritario, la ETC Antioquia suspendió su operación el 9 de junio debido a la falta de nuevos convenios interadministrativos, afectando a más de 30.000 estudiantes. Asimismo, la ETC Chocó también suspendió el servicio el 9 de junio debido a la finalización de los procesos contractuales, impactando a más de 98.000 beneficiarios. Por su parte, la ETC Meta culminó su proceso contractual el 16 de junio, afectando a más de 79.048 estudiantes.

Además, se ha generado una alerta debido a que varias Entidades Territoriales Certificadas que brindan el servicio a la población mayoritaria finalizarán sus procesos contractuales del PAE en junio. Entre ellas se encuentran las ETC Boyacá, Riohacha, Bolívar y Pasto, lo que afectaría a más de 299.474 niños, niñas y adolescentes.

En el caso del PAE Mayoritario - Indígena, la ETC Pitalito, Huila, suspendió su operación desde el 15 de junio, dejando sin servicio a más de 11.000 estudiantes. Por otro lado, la ETC Riohacha finalizó su proceso contractual el 25 de junio, poniendo en riesgo a más de 4.000 estudiantes. También se ha registrado que la ETC Cauca finalizó su operación del PAE el 16 de junio, dejando a más de 1.300 beneficiarios sin servicio en los resguardos de Guachicono, Guadualito y Concepción debido a la falta de recursos.

Por su parte, la ETC Magdalena suspendió su operación desde el 21 de marzo, afectando a más de 99.700 estudiantes que no han recibido el servicio del PAE. Hasta la fecha, de acuerdo con la Contraloría, no se ha adjudicado un nuevo contrato para garantizar la continuidad del programa. Además, la ETC Tumaco corre el riesgo de no poder prestar el servicio del PAE a partir del 31 de julio, “ya que la Entidad Territorial Informa que no cuenta con los recursos para garantizar la continuidad de la operación durante el segundo semestre, dejando a más de 35.082 estudiantes sin servicio”.

Por último, la ETC Caquetá tenía contrato hasta el 14 de junio y, aseguró la entidad, no cuenta con los recursos económicos necesarios para finalizar el calendario escolar, lo que afecta a más de 38.541 niños.

Ante esta situación, para la Contraloría General se requiere una pronta atención y soluciones de las autoridades competentes para garantizar la alimentación de los menores en lo que resta del calendario escolar.

Precisamente, la Procuraduría General emitió una alerta preocupante sobre la posible interrupción del Programa de Alimentación Escolar en el departamento del Magdalena durante el segundo semestre de 2023. La adjudicación del contrato se encuentra paralizada, lo que ha generado cuatro aplazamientos y obstáculos administrativos que impiden avanzar en el proceso de contratación del operador.