Atención: cuatro jóvenes muertos y tres más heridos deja masacre en Buga

Una nueva masacre se presentó en la madrugada de este domingo en zona rural de Buga, centro del Valle del Cauca, donde hombres armados atacaron a un grupo de personas. Según el reporte preliminar de las autoridades, hay cuatro muertos y tres heridos más de gravedad que alcanzaron a ser trasladados a centros asistenciales de la región.Y aunque aún no se conocen los móviles y mayores detalles del ataque, medios locales aseguran que los muertos serían cuatro jóvenes, de aproximadamente 18 años, y entre los heridos habría un adulto mayor de 71 años.Las víctimas de las masacre en Buga fueron identificadas como Sara García de 18 años, Valentina Arias de 17 años, Nicolás Suárez de 18 años y Juan Pablo Martín de 18 años.Los hechos ocurrieron pasadas las 3 de la madrugada en una finca del corregimiento de Chambimbal, un poblado campesino ubicado a diez minutos de la vía principal. Esta sería la masacre número seis en los primeros días de 2021, según datos recogidos por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.Frente a esta nueva masacre, la Policía del Valle aún no se ha pronunciado oficialmente. Aseguran que apenas se encuentran en las investigaciones primarias para tratar de determinar qué ocurrió en ese lugar y qué habría motivado el ataque. También indagan si el hecho fue cometido por un grupo organizado al margen de la ley.Mientras ocurría esta masacre en Chambimbal, en Buenaventura –puerto sobre el Pacífico vallecaucano que conecta con Buga– los habitantes vivieron una nueva noche de enfrentamientos urbanos entre bandas delincuenciales que buscan a sangre y fuego el control de la ciudad.Los enfrentamientos, relatan líderes sociales, son pan de cada día en los barrios Antonio Nariño y San Francisco. La gente escucha horrorizada cómo balas de fusil y de armas cortas se estrellan contra la fachada de sus viviendas. En el puerto hay una guerra de carteles –al estilo de las golpeadas ciudades mexicanas– de la que nadie habla.La disputa armada es entre dos bandos de La Local que decidieron romper el juramento de paz que hicieron tres meses antes. La columna vertebral de esa estructura –que se maneja más bien como un gran cartel de droga– enfrenta a los Bustamante, también conocidos como La Empresa.La guerra es fría y despiadada, dicen algunos líderes que prefieren omitir sus nombres. Aseguran que cada combate deja entre una y dos personas muertas; la policía –denuncian– no interfiere y las calles de al menos tres comunas son enormes campos de batalla cuando el sol se esconde. El mismo alcalde de Buenaventura, Víctor Vidal, dice que lo que está ocurriendo en el principal puerto sobre el Pacífico colombiano es alarmante: “Aquí no estamos hablando de una delincuencia común o de los muchachos que hacen tiros al aire porque están borrachos. No, aquí estamos hablando de estructuras armadas que aspiran a controlar todo, incluso la delincuencia común”, asegura.Incluso, este tema escaló hasta la Defensoría del Pueblo, que emitió una alerta temprana alertando sobre una nueva masacre en el puerto, por cuenta de estos violentos enfrentamientos, así como posibles casos de desplazamientos masivos.El reporte de la Defensoría dice que se registró el desplazamiento forzado de 10 familias que habitaban los barrios de Pampalinda, San Luis, Bellavista, San Francisco, Camilo Torres y Jorge Eliécer Gaitán, ubicados en las comunas 10, 12 y 7 del Distrito Especial de Buenaventura en el Valle de Cauca. Sin embargo, según comentó el defensor del Pueblo Carlos Camargo, en lo que va corrido de 2021 se han registrado más de 200 desplazamientos en Buenaventura y por eso en la alerta que hace solicita que las diferentes entidades del Estado y del Ministerio Público puedan actuar.“Hoy hemos pedido intervención interinstitucional integral inmediata por más de 200 casos de desplazamiento forzado en Buenaventura. Disputas que llevan a niños, adultos y adultos mayores a abandonar sus casas en 9 barrios y comunas con los pocos objetos que se pueden llevar, lo que constituye una crisis humanitaria y de orden público”, dijo el defensor Carlos Camargo sobre la situación.