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MinSalud explica por qué Colombia no ha revelado sus contratos para vacunas contra covid-19

El jefe de la cartera de Salud dijo que las consecuencias de hacer pública esa información pondrían en riesgo la seguridad sanitaria del país.


El ministro de Salud, Fernando Ruiz, se refirió este lunes a la polémica generada por algunas voces de distintos sectores que le han preguntado al Gobierno por la compra de las vacunas contra la covid-19, puesto que el país no conoce los contratos suscritos con Pfizer, AstraZeneca, Janssen y el mecanismo Covax, para 29 millones de biológicos que tiene asegurado el país por un valor total, hasta ahora, de 1,53 billones de pesos.

Ruiz explicó que todos los países del mundo hacen acuerdos de confidencialidad que los obligan a mantener bajo reserva ciertos aspectos de la negociación, por voluntad de las farmacéuticas.

“Todas las empresas que venden vacunas, y en esto incluyo hasta a la vacuna rusa, exigen un acuerdo de confidencialidad”, aseveró y añadió que “bajo esos acuerdos el país se compromete a no revelar la información de los convenios, contratos, cantidades ni condiciones de las vacunas que se están negociando. Eso no es solo Colombia, son todos los países del mundo”.

Si un país no quiere firmar, explicó, “simplemente no tiene acceso a vacuna con esa empresa en particular” y si, por el contrario, lo hace pero lo viola entregando la información o haciéndola pública, “simplemente está sujeto a las sanciones o a la posibilidad de que se le corte el suministro de vacuna”.

Por esa razón, el ministro hizo un llamado a los colombianos y a las entidades que están pidiendo que se revele la información, a entender que se trata de un tema extremadamente sensible y dijo que “amenaza la seguridad de la salud pública y la propia seguridad del país”.

Además, Ruiz dejó claro que no es algo que se “inventó” el Gobierno, y que la ley colombiana lo previó y lo permite, específicamente refiriéndose a la Ley 1712 del año 2014. Dicho documento, aseguró, tiene dos artículos (18 y 19) que plantean excepciones a la obligación de los funcionarios y las entidades públicas de revelar información de contratación. El primero dice que toda información es clasificada si pudiere dañar los derechos de las personas a la vida, la salud o la seguridad; a la intimidad, bajo las limitaciones para los servidores públicos y en caso de tratarse de “secretos comerciales, industriales y profesionales”. El segundo dice que la información es reservada cuando se trata, entre otros, de temas de amenaza a la salud pública.

A propósito, el ministro explicó que esto se justifica en que, en la situación de emergencia sanitaria, se correría el riesgo de dejar al país sin vacunas, razón por la cual, según él, ambos artículos dan la cobertura necesaria y hacen legal cumplir con los acuerdos de confidencialidad.

Por otra parte, aseguró que el Ministerio de Salud no es el único encargado de decidir qué vacunas adquiere Colombia, sino que también participan el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, algunas instancias académicas independientes como la Academia Nacional de Medicina, la Asociación de Facultades de Medicina, la Asociación Colombiana de Infectología y una representación de los secretarios de Salud del país.

Después, el Ministerio de Salud le solicita a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo la adquisición de la respectiva vacuna. “Ese contrato es suscrito, en el caso de Colombia, a través de la UNGRD por la Fiduprevisora, que es la entidad del Estado que tiene la capacidad de contratación para adquirir dichas vacunas”, por lo que los contratos los firma la gerente de la Previsora.

“Las entidades de control tienen la capacidad de participar en la instancia asesora (...) yY también cuantas veces nos requieran la información, incluyendo los propios contratos, se les puede remitir para que hagan el respectivo control de nosotros como funcionarios públicos”, aseguró, lo que quiere decir que la Contraloría y la Procuraduría, que han hecho preguntas frente a la adquisición de vacunas, están cobijadas por el acuerdo de confidencialidad.