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Uno de los sitios de concentración de los manifestantes en Montería.
Uno de los sitios de concentración de los manifestantes en Montería. - Foto: Archivo Particular - Twitter

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Movilización de indígenas emberá katío llegó a Montería para pedir protección del Estado

Autoridades locales alertaron sobre el peligro de que los resguardos improvisados por los manifestantes se conviertan en focos de contagio del coronavirus.

Huyendo del recrudecimiento de la violencia y en respaldo de decenas de miembros de la comunidad que han tenido que salir de los territorios debido a las amenazas de los grupos armados ilegales, más de 500 miembros de la etnia indígena emberá katío llegaron este miércoles a Montería.

La mayoría provienen de las comunidades asentadas en la zona del Alto Sinú, en el sur del departamento de Córdoba, en donde las disputas de las organizaciones criminales tiene atemorizados a los pobladores, para instalarse en improvisados resguardos.

Solo a finales de marzo se conoció del desplazamiento forzoso de cerca de 70 indígenas del resguardo del río Esmeralda, quienes se declararon en riesgo debido al incremento de la violencia en la zona. Y, además, se conoció de las amenazas en contra de un buen número de docentes que fueron asignados en poblaciones de la zona.

Entre los principales reclamos de los emberá está su molestia a que las “Fuerzas Miliares utilicen sus territorios para realizar operaciones contra los grupos ilegales”, por lo que le piden al gobierno nacional las garantías para ser excluidos del conflicto. También reclaman el cumplimiento de las obras sociales prometidas para sus territorios, sobre todo en los sitios en donde se desarrollan explotaciones mineras.

La masiva llegada de los miembros de esta comunidad a Montería activó las acciones de diferentes entidades y dependencias de la alcaldía municipal. El alcalde Carlos Ordosgoitia manifestó su preocupación por la situación en que llegaron y planean permanecer los protestantes, en diferentes plazas y parques de la capital del departamento de Córdoba.

Para el mandatario las aglomeraciones registradas, en sitios como el Parque Bolívar y otras calles, podrían generar una grave situación de salud pública, ya que entre los manifestantes llegaron muchos menores de edad y adultos sin condiciones mínimas sanitarias. “No cuentan con las condiciones humanas para permanecer en estos lugares, por lo que se hace necesaria la intervención de los entes en todos los niveles de atención”, agregó.

Las autoridades locales señalaron que, a través de la Secretaría de Salud municipal y de la ESE Vidasinú, se le ha venido prestando atención a aquellos miembros de la comunidad indígena que han requerido atención médica.

Para Ordosgoitia, aunque la situación actual de la pandemia en la ciudad no es del toda crítica, las aglomeraciones sin cumplimientos de las medidas mínimas de autocuidado son preocupantes. Además, hizo un llamado a las autoridades competentes, como el Comité de Justicia Transicional, para que tomen las medidas pertinentes, determinen los motivos de la movilización y consigan que en el momento adecuado puedan regresar a sus territorios.

“Esperamos que se pueda dar solución lo más pronto posible, con el compromiso de las autoridades del caso, para mantener el equilibrio en materia de salud que se ha logrado en la ciudad con las medidas tomadas hasta ahora”, señaló el alcalde.

Este martes, precisamente, Ordosgoitia anunció la extensión de las medidas de restricción contra la propagación del coronavirus en la ciudad. Entre otra cosas, señaló la implementación del toque de queda y la ley seca, entre en el 20 de abril y 3 de mayo, de acuerdo a la autorización del ministerio del Interior. Estas disposiciones rigen entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana de lunes a jueves; y de 6 de la tarde a 5 de la mañana, los viernes, sábado y domingo. “Necesitamos el compromiso de todos para demostrar que la mejor manera de enfrentar la pandemia es con responsabilidad” recalcó.

En las próximas horas se espera la llegada de unas 600 personas más, provenientes de la zona de Tierralta, de los cuales algunos van a unirse al asentamiento indígena instalado al lado de la sede de la empresa Urrá S.A., en el norte de la ciudad, para exigir la ampliación del tiempo de indemnización y algunas obras de infraestructura.