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| 1/31/2019 5:00:00 AM

Parapolíticos en la JEP, sí pero no así

El anuncio de la Corte Suprema de enviar el expediente del exsenador Besaile a la JEP despertó alarma. Sin embargo, quedar bajo la sombrilla de la justicia transicional es más difícil de lo que se creía: a David Char y a Álvaro Ashton les pidieron replantear su sometimiento. Hasta ahora solo dos agentes de Estado no militares han sido admitidos. ¿Quiénes son?

Musa Besaile pide pista en la JEP. Los requisitos para quienes se somenten Parapolíticos en la JEP, sí pero no así Foto: Archivo particular

La posibilidad de que los civiles puedan acceder a los beneficios de la Justicia Especial para la Paz es una opción que causa desconcierto con frecuencia. Este miércoles, cuando se conoció que la Corte Suprema de Justicia había soltado el expediente del exsenador Musa Besaile para enviárselo a la justicia especial la reacción en los pasillos del Palacio de Justicia y en el gremio de los juristas fue de rechazo y desconcierto por dos razones.

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La primera, porque este caso se convirtió en una especie de punto de honor para la Sala Penal ya que el prontuario de Besaile por parapolítica fue revivido después de durar años engavetado en el despacho de Gustavo Malo, el exmagistrado que perdió su investidura y deberá afrontar un juicio penal acusado de cinco delitos relacionados con el cartel de la toga. Y segundo, porque en el abultado expediente que ahora está en manos de una Sala de Definición de Situación Jurídica de la JEP está el llamado a juicio por el escándalo del cártel de la toga, que está más en el terreno de la corrupción que en el del conflicto armado. 

A pesar del revuelo que causó, el camino que le queda a Besaile para conseguir los beneficios de la JEP es largo. Los mismos argumentos que la corte y la JEP le aplicaron a este cacique de la Costa, ya habían sido usados en el caso del exsenador Álvaro Ashton. El argumento, de que los hechos de corrupción no tienen relación con el conflicto fue derrotado por las mayorías del Tribunal de Paz Sección de Apelación en donde se abrió una pequeña rendija por la que todos quisieran pasar.

Para los magistrados de la JEP si bien se trata de un delito común, la verdadera relación que este pudo tener con el conflicto solo podría derivarse del móvil que llevó a los implicados (Ashton o Besaile) “a encubrir con un manto de impunidad las alianzas delictivas celebradas entre políticos y paramilitares”. Al respecto ha sido enfática la JEP que ello podría evidenciar una eventual o probable conexidad consecuencial con los delitos de peculado y cohecho. 

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En este sentido, acató a la sala especial de la corte que envió el expediente con las siguientes consideraciones: "Nada obsta para remitir el presente diligenciamiento a la JEP menos aun cuando ello obedece a un análsis preliminar de baja intensidad, previsto para una fase inicial en la que simplemente se analiza su competencia, lo cual no descarta la posibilidad de que, con la adición de nuevos elementos de juicio se llegue a una conclusión distina sobre la comisión por causa, con ocasión o por su relación directa o indirecta con el conflicto". En síntesis, los magistrados señalan que una cosa es remitir un caso para ser considerado y otra, eventual y posterior, que este sea admitido. 

El caso Besaile

La imagen del exsenador Musa Besaile sentado ante la Corte Suprema de Justicia admitiendo que le pagó al exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno 2.000 millones de pesos para evitar la cárcel, fue un punto de quiebre para un escándalo que ya no tendría marcha atrás. Hasta ese día Besaile fue considerado intocable. Pese a sus escándalos por parapolítica y por ‘mermelada‘, nada parecía sacudirlo. 

Su versión de una supuesta extorsión por parte de Moreno no resultó creíble para la Sala Penal, que dictó orden de captura y lo llamó a juicio por cohecho y peculado. Además, revivió el caso de parapolítica que llevaba años engavetado en el despacho del magistrado Gustavo Malo esperando la prescripción. La última imagen que la opinión pública recuerda de este cacique de la Costa fue previa a su captura, cuando apareció en un video con sus hijos menores de edad y su esposa quienes decían entre lágrimas que es un ser ejemplar y que se entregará a las autoridades. El episodio familiar no fue de buen recibo por la opinión pública ni por el Icbf, que pidió no meter a los menores en líos penales del congresista. Menos si se tiene en cuenta que para ese momento tenía orden de captura y llevaba semanas siendo buscado por autoridades. 

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Cuando Musa Besaile se acercó a la justicia estaba con el agua al cuello: por un lado los audios grabados por la DEA al abogado Leonardo Pinilla y al exgobernador Alejandro Lyons lo dejaban muy mal parado frente a graves hechos de corrupción. De otra parte, una semana antes, su antiguo abogado Luis Ignácio Lyons España había aceptado un acuerdo de colaboración con la justicia en el que se comprometía, entre otras, a contar detalles de la entrega de los 2.000 millones de pesos a Moreno.

Por todos estos hechos que indignaron a la opinión pública y que tendrán respondiendo muy pronto al exmagistrado Gustavo Malo ante la sala de juzgamiento de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, despertó interrogantes la posibilidad de que a Besaile se le puedan abrir las puertas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Al igual que lo había hecho con el exsenador Álvaro Ashton, esta jurisdicción le solicitó a la Corte Suprema de Justicia el expediente de Besaile al considerar que cumple con los requisitos para que su caso sea tenido en cuenta para estudio. 

El primer argumento se basa en que los hechos que se le endilgan ocurrieron con anterioridad al 1 de diciembre del 2016, fecha en que se firmó el Acuerdo de Paz con las Farc. En el dossier de Besaile –hoy detenido en La Picota–aparece un proceso por parapolítica que duró engavetado por años en el despacho del magistrado Gustavo Malo. De este, se derivó la supuesta orden de captura con que Moreno habría extorsionado al entonces senador para recibir el pago de 2.000 millones de pesos. Todo esto ocurrió con anterioridad al 2015.

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Un segundo aspecto es que exista la voluntad del implicado de someterse a la JEP y que haya sido un agente de Estado, lo cual queda acreditado con quince años en el Congreso. Un tercer requisito tendrá que entrar en estudio y es si los hechos tienen relación con el conflicto armado. Acá habrá una profunda discusión.

Sin embargo, el cuarto punto que le impone la JEP es el que ha dejado a varios haciendo cuentas en el camino. La Jurisdicción Especial pide que se firme un acta de compromiso y que se presente en ella una solicitud de sometimiento, la cual implica una obligación integral, irreversible e irrestricta de contribuir a la verdad, a la reparación y a la no repetición respecto del universo de conductas sobre las cuales opera la JEP.

Esta solicitud debe ser evaluada por la Sala de Sometimiento a la Justicia, que deberá decidir si ésta contiene y expresa un compromiso concreto, programado y claro con la realización de los derechos de las víctimas.

SEMANA conoció que estos términos solo han sido llenados por dos agentes de Estado no integrantes de la Fuerza Pública. Se trata de Magally Janet Moreno, ex directora del CTI en Norte de Santander, y Ruben Dario Ruiz Berrio, ex Personero municipal de Castillo, Meta. Solo estos dos agentes del Estado no combatientes, han logrado la libertad condicional anticipada (uno de los beneficios más apetecidos por los comparecientes). El 22 de agosto de 2018, la Sección de Apelación produjo un Auto según el cual otros agentes del Estado y terceros que acudan a la JEP y soliciten beneficios deben someterce, fase en la que se les exige empezar a cumplir el régimen de condicionalidad en "intensidad baja", pero luego, para obtener el traslado del centro de reclusión o la libertad anticipada, se les exige probar que están cumpliendo el régimen de condicionalidad en una "intensidad media".    

Esta es la razón por la cual a pesar de que muchos parapolíticos han pedido pista, la JEP les ha impuesto solventar algunos requisitos no satisfechos. Es el caso de Ashton, por ejemplo, a quien además de mandarle a revisar su programa de sometimiento le negaron la posibilidad de recuperar la libertad transitoria, anticipada y condicionada, dado que aún no es el momento procesal para resolver tal solicitud. En el caso de David Char también hubo un pronunciamiento de la JEP en el que le concedió un plazo de 20 días para presentar un plan reestructurado que demuestre su verdadero compromiso con la verdad. 

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Para los magistrados, los parapolíticos aun no presentan un plan que satisfaga las exigencias señaladas por el Tribunal en su Sección de Apelación. En los autos con que se ha pronunciado esta instancia se expresa que los comparecientes no habrán satisfecho los requisitos de contribución a la verdad si se limitan a repetir lo que ya han dicho ante la justicia ordinaria, para obtener beneficios y espiar sus culpas ante la JEP tendrían que ir mucho más allá.

Musa Besaile, un político que tantos dolores de cabeza le ha causado a la justicia, no será la excepción. Ante la Sala Penal de la Corte Suprema intentó una negociación que terminó empantanada al ser considerada “incipiente e insuficiente”. Ahora aspira convencer a la JEP, donde está claro que la puerta que conduce a gabelas y beneficios es muy pequeña.

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