Néstor Humberto mete su mano dura en la Jurisdicción de Paz

Muy temprano, apenas en el segundo día de sesiones extraordinarias, la ‘mano dura’ que el fiscal Néstor Humberto Martínez ha tenido con las FARC se empezó a sentir en el Congreso colombiano. La Cámara de Representantes, específicamente la primera de sus comisiones, se disponía a aprobar la reforma que crea la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que investigará y sancionará los delitos cometidos con ocasión del conflicto armado durante los próximos 15 años.

El debate comenzó pasadas las 8 de la mañana y las apuestas se concentraban en cuánto tiempo se tardaría la aprobación del primer debate del proyecto. El Congreso está en modo ‘fast track’ y las leyes que se diseñen para implementar los acuerdos de paz salen en cuestión de horas. Así pasó con la ley de amnistía e indulto y así se esperaba que sucediera con la reforma que habilita la JEP.

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Más aún, cuando la ponencia del representante opositor Samuel Hoyos (Centro Democrático), que proponía el archivo de la iniciativa, fue sustentada en apenas 20 minutos y rechazada de forma mayoritaria en una votación que pareció un pupitrazo: 23–3 fue el nuevo resultado adverso que acumuló el uribismo.

Apenas era medio día y los almuerzos eran servidos en las curules de los congresistas. Mientras estos daban los primeros bocados, apareció el fiscal Néstor Humberto Martínez y necesitó de 40 minutos para cuestionar con dureza la redacción de la reforma que crea la JEP.

En pocas palabras, lo que el fiscal Martínez les dijo al Congreso y al Gobierno es que el proyecto de la JEP tiene muchos errores de redacción, los cuales generan vacíos o zonas grises que podrían provocar conflictos de competencias con la justicia ordinaria.

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Martínez considera que el proyecto extiende los beneficios de la JEP a “todos” los integrantes de organizaciones que suscriban acuerdos de paz con el Gobierno, redacción que no excluye a los disidentes de dichas organizaciones, que deben quedar sometidos a la jurisdicción ordinaria.

El fiscal también considera que el proyecto señala que la JEP se aplicará a “las conductas cometidas con anterioridad al primero de diciembre del 2016”, lo cual significa que delitos que hayan continuado después de esa fecha, como el reclutamiento de menores o el porte ilegal de armas, serían competencia de la jurisdicción ordinaria. Martínez recomendó precisar que la JEP conocerá de “las conductas consumadas con anterioridad al primero de diciembre del 2016”.

También cuestionó que el proyecto amplíe la competencia de la JEP a los delitos vinculados con la dejación de armas, que va más allá de la entrada en vigencia del Acuerdo Final. Pidió especificar cuáles son esos delitos relacionados a la dejación, y que el texto incluya el cronograma de entrega de armas de la guerrilla.

Martínez formuló reparos sobre el fuero presidencial y exigió precisar que la disposición de trasladar información que comprometa a una persona que haya ejercido la Presidencia sólo podrá ser efectiva por hechos ocurridos durante su cuatrienio.

Y sobre la no extradición dijo que la redacción de esta reforma les otorga este beneficio a “todos los integrantes de las FARC”, por lo que pide precisar en el texto que no serán extraditados únicamente aquellos miembros de las FARC que hagan parte del Acuerdo Final y se hayan reincorporado a la vida civil. “De lo contrario, se entendería que aun quienes no se hayan desmovilizado podrán gozar de este beneficio”, señaló en una carta que radicó en la Cámara de Representantes.

Los reparos del fiscal Martínez a uno de los proyectos del corazón de la implementación del acuerdo de paz con las FARC sorprendieron al Gobierno y a los ponentes del proyecto. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; el de Defensa, Luis Carlos Villegas, y el de Justicia, Jorge Londoño, tuvieron que responder los comentarios de Martínez, que fueron, a su vez, respaldados por Cambio Radical y el Centro Democrático.

Villegas defendió los operativos adelantados contra los disidentes y explicó que a quienes abandonen el proceso de paz les caerá todo el peso de la ley. Cristo, por su parte, asumió las observaciones del fiscal general como “constructivas”. Los ministros, los ponentes y el propio fiscal sostuvieron reuniones de urgencia en los pasillos del capitolio, para acordar una nueva redacción.

El ministro del Interior movió sus fichas para que el proyecto fuera aprobado en su primer debate, casi al filo de las 5 de la tarde, pero con el compromiso de que a partir de este jueves el texto del proyecto sería modificado.

Sin embargo, la inquietud que ronda en el Congreso es cómo tomarían las FARC las sugerencias del fiscal general y si estas llegan a ser acogidas por el Congreso. La guerrilla apenas ha iniciado su fase de concentración de tropas y cualquier mensaje que salga del capitolio podría alimentar desconfianzas.

Lo que quedó claro en el primer debate de la JEP es que la implementación de los acuerdos, por lo menos en lo que a justicia respecta, tendrá en el fiscal Néstor Humberto Martínez al hombre de mano dura.

Y es que esta no es la primera vez que Martínez parece mostrarles los colmillos a las FARC. Lo hizo a los pocos días de su posesión, cuando sugirió regresar a la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato, o cuando anunció perseguir la fortuna ilegal de la guerrilla; también cuando les exigió un inventario de bienes para reparar a las víctimas, antes del plebiscito.

Frente al nuevo acuerdo de paz, Martínez ha sido tan crítico como escéptico, y ha defendido las preocupaciones de los magistrados de las altas cortes sobre la competencia de la justicia ordinaria cuando se implemente la jurisdicción especial de paz. La mano dura de Martínez con las FARC ya se siente en el Congreso.