“No le respondo a gente que está en la cárcel”: fiscal general sobre Santrich

Un gran revuelo ha causado una serie de audios relacionados con el expediente contra Jesús Santrich, quien fue capturado hace seis meses por la Fiscalía atendiendo una solicitud de la DEA.

La divulgación de las interceptaciones produjo una breve pero fuerte carta de Santrich desde prisión al fiscal general en la que le dice “deja de ser farsante”. Y posteriormente, desde Ocaña, Norte de Santander, Néstor Humberto Martínez, replicó señalando que el exjefe de las Farc no está a su nivel: “Yo no le respondo a la gente que está en la cárcel”, señaló apenas, tras recalcar que las pruebas en cuestión “ahí están completas” y evidenciarían que Santrich estaba en negocios de narcotráfico.

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Los audios en sí mismos no se entienden mucho. Para comprender la trascendencia y origen de los audios que se presentan como las pruebas contra Santrich hay que remontarse seis meses atrás. La captura del exjefe de las Farc obedeció a que una corte del Distrito Sur de Nueva York lo requiere en extradición para ser juzgado por supuestamente hacer parte de una red que conspiró para exportar cocaína a ese país. El debate en Colombia gira en torno a la jurisdicción que puede procesar Santrich y si debe ser enviado a Estados Unidos. ¿El caso le corresponde a la justicia ordinaria o es asunto de la Jurisdicción Especial de Paz?

Para entender quién es competente hay que tener en cuenta que el acuerdo de paz firmado entre el Estado de Colombia y las Farc concede a los exguerrilleros la garantía de no extradición y crea la JEP, el tribunal de paz donde serán juzgados los principales responsables del conflicto con penas alternativas siempre y cuando confiesen verdad completa y aporten para la reparación de las víctimas.

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Bajo esa lógica, la guerrilla hizo un conteo pormenorizado tanto de sus tropas básicas como de sus mandos medios y altos. Los primeros recibieron amnistías generales mientras que los cuadros directivos deben comparecer ante la JEP. Entre estos está Jesús Santrich. El otro punto clave es el momento de no retorno, es decir, la fecha en que se formalizó legalmente el acuerdo de paz (1 de diciembre de 2016) y a partir del cual reincidir en viejos delitos o incurrir en nuevos constituye una falta que puede acarrear salir de la sombrilla de la JEP para enfrentar la justicia ordinaria con las penas típicas. En otras palabras: quien vuelva a cometer delitos graves pierde las gabelas que ofrece la paz a quienes depusieron las armas. 

Es precisamente de eso de lo que se acusa a Jesús Santrich, de haber cometido delitos relacionados con narcotráfico después de haber suscrito la paz. Bajo esa premisa la Fiscalía lo capturó con fines de extradición y lo envió a la cárcel La Picota mientras se surte el trámite legal. Pero dado que Santrich para ese momento ya estaba bajo la sombrilla de la JEP el trámite no puede ser el mismo que se realiza tradicionalmente. Se requiere que la JEP determine que el procesado cometió una falta grave después de la fecha clave para así anular “la garantía de no extradición” y que el trámite puede salir del estadio de la justicia transicional para continuar su trámite ante la Corte Suprema de Justicia. En caso de que esta lo acepte, quedará en manos del presidente quien tiene la potestad de extraditar o no a discreción. Y en medio de todo ese ajedrez jurídico-político es que son clave los audios.

Escuche los audios que tiene la Fiscalía en contra de Santrich

Las doce interceptaciones dadas a conocer este fin de semana, realmente no son nuevas. El propio fiscal general, Néstor Humberto Martínez, hace seis meses, tras poner en marcha la captura de Santrich y luego de reunirse en privado con el entonces presidente Juan Manuel Santos, organizó una reunión con directores de medios para explicar el caso y enseñar algo de las evidencias que soportaban el expediente.

En esa reunión el fiscal expuso los audios que hoy causan revuelo en la opinión pública así como un breve video y la fotografía de un cuadro pintado por Santrich y dedicado a uno de los narcos mexicanos con el que estaría enredado en el turbio negocio. Sin embargo, en aquella oportunidad solo se compartió con la prensa extractos mínimos de lo enseñado, además de una extensa explicación.

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Lo que se conoce ahora son los audios completos aunque, valga la pena aclarar, no se trata del cúmulo de evidencias que reposan en Estados Unidos. Los audios -ha explicado el ente investigador- hacen parte de las investigaciones que en paralelo realizaba la Fiscalía en Colombia alrededor de una presunta red que buscaba apropiarse de los recursos para el posconflicto de manera indebida, y cuyo protagonista terminó coincidiendo con el de la operación de narcotráfico: Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez, que ahora es testigo en Estados Unidos. 

Estas evidencias están ahora en poder de la JEP pues el tribunal de paz requirió de esos elementos para evaluar la fecha en que habría ocurrido la eventual reincidencia. Santrich, en prisión, a través de sus abogados tuvo oportunidad de conocer esas evidencias y tras esto escribió la breve carta en que descalifica de tajo la investigación y acusa a Martínez de participar en un montaje en su contra:

“Ya tuve la posibilidad de conocer tus "pruebas". Ojalá el país tuviera la oportunidad de oír los audios que tienes como base de tu engaño”,  inicia la misiva. Y agrega: “No sigas haciendo el ridículo y abusando del poder. Ni tú, ni nadie en este mundo podrá presentar grabación alguna en la que yo esté hablando algo distinto a lo que he dedicado mi vida en los últimos años: la implementación del acuerdo de paz y los proyectos productivos de la reincorporación. Reflexiona deja de ser farsante”.

La carta de Santrich se produce un momento clave. Hace apenas unos días antes la JEP produjo un auto en el que anuncia que para determinar si anula o no la garantía de no extradición con relación al ex jefe de las Farc, requerirá mucho más de las evidencias que hay en Colombia. Es decir, la jurisdicción de paz está reclamando no solo los soportes que hay en la Fiscalía y la breve carpeta con que Estados Unidos hace la solicitud de extradición (en donde no suele haber más que la identidad del requerido y un relato sucinto de los supuestos hechos y cargos). 

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La JEP solicita las pruebas que reposan en Estados Unidos –audios originales y demás elementos– para evaluar tanto la fecha de los supuestos hechos como la mismísima conducta atribuida a Santrich. Plantea que solo con ello podrá decidir. Y ese requerimiento rompe la tradición, pues la Corte Suprema, para aprobar extradiciones, se ha limitado a revisar  formalmente los papeles sin ocuparse de las pruebas que soportan el caso en la jurisdicción foránea.

El Tribunal para la Paz admite que su proceder es “novedoso”, pero a la vez lo justifica por la trascendencia de lo que está en juego: la paz. Aun así es muy poco probable que Estados Unidos envíe las pruebas, pues para los gringos eso significa debilitar la autonomía de su jurisdicción. La JEP espera lograr que cooperen, pero al mismo tiempo fijó un plazo de 40 días. Si en ese término no conoce las evidencias, ante la imposibilidad de comprobar el asunto, mantendría la garantía de no extradición. Con ello Santrich recuperaría la libertad, pues lo capturaron “con fines de extradición”. Y el lío político que ello produciría no tendría precedentes.

No es nada fácil la maniobra legal que intenta la JEP para solicitar las pruebas a Estados Unidos. La ley de procedimiento vigente, propuesta por el propio tribunal y aprobada con variaciones por el Congreso, impide que en el análisis de casos de extradición la JEP decrete pruebas. El artículo que fija esa limitación tiene en su contra una demanda aún no resuelta. Pero la Corte Constitucional, en un fallo de mayor rango, señala que la JEP sí puede decretar pruebas.

Para sortear la contradicción, la JEP dice que “inaplica” la ley de procedimiento y abraza el fallo por el que la corte le otorga tal potestad a fin de decidir como corresponda “con base en los medios obrantes en el proceso”. Una sala de cinco magistrados aprobó la controvertida decisión: tres votaron a favor y dos se opusieron. El grupo ganador insiste en que la Corte Constitucional habilitó a la JEP para ordenar pruebas en casos de extradición, y señala que bajo esa potestad actúan para solicitar de Estado Unidos las pruebas originales que en ese país puedan existir contra Santrich.

Es en medio de ese pulso que el Fiscal General Néstor Humberto Martínez, sin mencionar el nombre de Santrich, se ratifica  en que las pruebas en su contra “están completas”. Y se limitó a dar una frase ácida: “Yo no le respondo a la gente que está en la cárcel”.

La controversia del caso Santrich tendrá nuevos desarrollos esta semana. El martes el fiscal general y la presidenta de la JEP instalarán una mesa de concertación para tratar de abrir un espacio en donde limar asperezas. O al menos evitar nuevos choques por falta de una coordinación. Lo que sí está claro es que las discrepancias de fondo como la eventual extradición de Santrich o el destino y uso que deben tener los bienes no declarados de las Farc requerirán de un árbitro mayor: la Corte Constitucional.