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“Para una verdadera paz se necesita un gran consenso nacional que aún no hay”: Director del Centro Nacional de Memoria Histórica

En el marco del Gran Foro Colombia 2022, Darío Acevedo, uno de los invitados a analizar las perspectivas y balance del Acuerdo de Paz, reflexiona sobre las dificultades en su implementación y las deudas que aún tienen las Farc con las víctimas.


SEMANA: ¿Cuál es su balance de la implementación del Acuerdo de Paz?

Darío Acevedo: Se han hecho inversiones multimillonarias, es un esfuerzo supremo teniendo en cuenta el alto costo del mismo. La sola constitución de entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) anualmente representa un presupuesto altísimo. Políticamente existe un reconocimiento, tenemos en el Congreso criminales de guerra. Somos el único país del mundo en el que el Proceso de Paz conlleva a una situación de tolerancia con responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

SEMANA: ¿Lo considera un error?

D.A.: En todo el proceso hay varios errores. Este hecho en concreto es una violación de la legislación internacional en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario que está consagrado en el estatuto de la Corte Penal Internacional. Este Acuerdo de Paz establece una omisión demasiado problemática que puede poner en entre dicho la validez de pertenecer a esa corte, porque llevamos cinco años y no ha habido una sola medida de aseguramiento y de castigo -a pesar de todas las evidencias, declaraciones de víctimas que sufrieron violencia sexual, secuestro, torturas, humillaciones etc-, como corresponde con el estatuto de esta corte.

SEMANA: ¿Quiere decir que la JEP no ha cumplido con su mandato?

D.A.: Yo no podría dar un juicio certero en este punto. El origen del problema no está en la JEP, está en los términos del acuerdo y en ese sentido a la jurisdicción se le dio una potestad a través de un acto legislativo para proceder de esta manera y que cualquier cosa que digan no represente un castigo de prisión.

SEMANA: ¿El Gobierno le ha cumplido a las Farc?

D.A.: Mucho. Hay cosas que no se han hecho por problemas de tiempo. El Estado colombiano ha demostrado que ha hecho esfuerzos inmensos construyendo zonas que son de transición, rehabilitación y reinserción de los guerrilleros de base a la vida civil. Les construyeron espacios dotados con todos los servicios, les están pagando una suma acordada que no se ha fallado, soldados y policías le están prestando vigilancia a esas zonas. El Estado colombiano está cumpliendo cabalmente con una serie de responsabilidades básicas, que no las ha sumado todas porque es imposible hacerlas de una vez. Tan es así, que se establecieron tres períodos presidenciales para el cumplimento total de los acuerdos. Hoy no se puede pedir que este cumplimento sea del ciento por ciento.

SEMANA: ¿Y las Farc le han cumplido al país?

D.A.: No, sobre todo a las víctimas que es el campo que nos ocupa desde la entidad. Los recursos que nosotros manejamos y los que maneja el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, así como los recursos destinados para las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición son recursos del erario. De las Farc no ha llegado un peso para reparar las víctimas. Dijeron que no tienen y lo que tenían no lo han entregado. Otro incumplimiento es el de altos dirigentes que estuvieron presentes en toda la negociación y que una vez fueron detectados en negociaciones de narcotráfico, construyeron falsos expedientes para tratar de justificar su retorno a la lucha armada como es el caso de Santrich, Romaña, El paisa, Iván Márquez, entre otros.

SEMANA: ¿Cuál es su propuesta frente a estos vacíos que a su juicio hay en el acuerdo?

D.A.: No es fácil hablar de qué se puede hacer después de que se han ensayado tantas propuestas para recomponer ciertos asuntos. Por ejemplo, que no se haya respetado la voluntad popular que mayoritariamente le dijo NO a ese acuerdo. Luego de ese plebiscito algunos dirigentes intentaron entrar en contacto con el Gobierno Santos y la delegación para reformar lo que se tenía acordado. Las reformas que se le hicieron fueron cosméticas, no respondieron a los temas centrales y es ahí donde se produce un daño o un quiebre de un deseo que, de haberse respetado, hubiese significado una mayor fortaleza y respaldo al Acuerdo de Paz.

SEMANA: ¿Para usted el acuerdo perdió credibilidad después del plebiscito?

D.A.: Las fuerzas que promovieron el NO en el plebiscito no estaban en desacuerdo con la negociación ni con todos los temas acordados sino con algunos de ellos. Al no avenirse a una recomposición del acuerdo con todas estas fuerzas, este perdió el consenso nacional que requiere para llevarnos a la paz definitiva y duradera.

SEMANA: Desde varios sectores se ha afirmado en distintas oportunidades que el gobierno de Iván Duque ha buscado sabotear el acuerdo…

D.A.: La gesta del presidente Iván Duque con respecto al proceso de paz de ninguna manera intentó sabotear el acuerdo. Ahí está la JEP funcionando, la Comisión de la Verdad con prórroga, la Unidad de Víctimas, los congresistas y una serie de medidas que lidera Emilio Archila, consejero para la Estabilización y la Consolidación, en los municipios PDET y en otras áreas que sufrieron afectaciones graves por la violencia. En estos puntos se han hecho obras estructurales de recuperación con presencia del Estado en temas de salud, vías, infraestructura, energía, alimentación y productos de emprendimiento.

SEMANA: El trabajo de ustedes ha sido muy cercano a las víctimas. ¿Cuál es el sentir de ellas frente al acuerdo?

D.A.: Las víctimas cuando hablan de su sufrimiento lo primero que tienen en la mente, y que uno detecta, es quién fue el victimario. Como hay victimarios plurales es muy difícil. Sin embargo, hay una expectativa mínima de justicia y de reparación. Nadie se está oponiendo a la justicia transicional, es un instrumento para la construcción de paz en el mundo. Sin embargo, esto no debería significar la omisión de penas o de condenas.

SEMANA: ¿Cree que llegaremos a conocer toda la verdad del conflicto armado en Colombia?

D.A.: Una verdad total es casi imposible, por ejemplo, comparada a esa gran verdad que se aceptó en Europa sobre el holocausto Nazi. Esa es una verdad tan poderosa que algunos estados condenan con cárcel a quienes nieguen el holocausto, además de prohibir la formación de partidos pro nazis o pro fascistas. En el caso nuestro tenemos un Estado que no ha sido el mismo siempre, hay una Constitución que se ha cambiado y tenemos más o menos 10 agrupaciones guerrilleras que trataron de derrotar al Estado para instaurar un nuevo orden, y grupos paramilitares. Todo eso crea un cuadro que explica la imposibilidad de llegar a un solo relato.

SEMANA ¿Cómo cataloga el trabajo de la Comisión de la Verdad?

D.A.: Es una entidad que coincide con nosotros en algunas actividades de memoria. Ellos tienen una función asignada por el Acuerdo de Paz que es establecer la verdad. No sé qué van a presentar al término de su mandato. Hay mucha especulación por la composición y la manera como fue configurada la Comisión de la Verdad, un grupo en el que la mayoría eran extranjeros, y la inspiración ideológica de muchos de ellos. En este momento no tengo elementos de juicio para hacer una caracterización de lo que están haciendo.

SEMANA: ¿Cuál es su mensaje para las víctimas?

D.A.: Les pido que tengan paciencia, que comprendan que la lentitud no es una cosa derivada de un desconocimiento de sus aspiraciones de reivindicación sino que tiene que ver con la complejidad de una sociedad que también debe destinar recursos a otros frentes como la educación, la salud y la infraestructura. Esto hace que el proceso sea gradual y muy demorado para sus expectativas.

SEMANA: ¿Qué llamado le hace a las Farc?

D.A.: Primero, que se produzca ese cambio en la composición de sus representantes en el Congreso de la República. Segundo, que sean más enérgicos en la condena de los que llaman grupo disidentes y la Segunda Marquetalia, que dejen de sacarle esa responsabilidad al Estado. Tercero, un mayor y más contundente reconocimiento de culpas y de solicitud de perdón ante las víctimas. No en eventos de fachada sino con las comunidades. Ya lo han hecho en algunos casos, eso tiene que ser generalizado. En vez de estar dando cátedra de moral -que nadie se las cree-, deberían estar recorriendo el país, yendo a las comunidades que afectaron a pedir perdón y a ofrecer algún nivel de reparación material para esas víctimas.