Paro nacional: denuncian casos de “paramilitarismo urbano” ante la CPI

El senador Iván Cepeda anunció en las últimas horas que junto a siete organizaciones defensoras de derechos humanos y ONG presentaron una comunicación ante la Corte Penal Internacional (CPI) en la que denuncian la irrupción del “paramilitarismo urbano”, que -aseguran- es un “nuevo modus operandi” contra la protesta social, en el marco de las manifestaciones del paro nacional.“El informe alerta con preocupación el paramilitarismo urbano que se ha presentado de manera continua desde comienzos de mayo. También entrega evidencias acerca de ataques armados liderados por civiles en presencia de agentes de Policía y del Ejército Nacional, en las ciudades de Cali, Popayán, Pereira, Tuluá, Yumbo y Bucaramanga”, señalan en un comunicado de prensa de las organizaciones.Los denunciantes manifiestan que frente a estos hechos hay “silencio” y “ausencia de condena pública” por parte del presidente Iván Duque y de “superiores jerárquicos del gobierno colombiano”. Lo cual, consideran “ha generado un clima de favorecimiento y protección que ha permitido que esas acciones se repliquen en distintas ciudades del país, sin ningún tipo de control ni limitación”.Por ello, pidieron a la Fiscalía de la CPI que “estudie en materia de complementariedad, la inactividad del Estado y la falta de eficacia e independencia de los organismos judiciales, de control y de garantía de los derechos humanos”. También afirman que hay “falta de disposición por parte del Estado colombiano para llevar a los máximos responsables a la justicia”.Por ello, en el texto le piden a la fiscal de la CPI Fatou Bensoudaque visite a Colombia y solicite a la Fiscalía General de la Nación, a la Jurisdicción Penal Militar y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes “información sobre el estado de las investigaciones y el accionar frente a los presuntos máximos responsables”.Cepeda manifestó, además, en Twitter, que el presidente Iván Duque y el ministro de Defensa, Diego Molano, son “responsables de tolerancia ante la consolidación del paramilitarismo urbano”.En la comunicación las organizaciones afirmaron, además, que durante el 28 de abril y el 2 de junio en el país se han registrado “al menos 3.825 violaciones a los derechos humanos”. Así mismo, reportan “229 hechos violentos del 11 de mayo a la fecha, que hacen referencia a 1.271 nuevas víctimas, de las cuales se aporta la identidad de 554″.La comunicación fue realizada por las organizaciones Temblores, Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, entre otras.A mediados de mayo, las organizaciones enviaron otro informe ante la Corte Penal Internacional (CPI) y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que acusaron a miembros de la fuerza pública de cometer varios abusos y delitos en el marco del paro.“El Estado colombiano no tiene voluntad de adelantar las investigaciones en la comisión de acusaciones de la Cámara y demás organismos, debido al exceso de concentración de poder en cabeza del presidente Iván Duque”, señala el documento en el que se le solicitó a la CPI investigar lo ocurrido en el país.