Piden a Procuraduría investigar al general Huertas y a Wilmar Mejía, alto funcionario de la DNI, por escándalo de presuntos vínculos con Calarcá

El escándalo por la posible infiltración de las disidencias de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, en los más altos estamentos de las Fuerzas Militares y la inteligencia nacional, que involucra directamente el general Juan Miguel Huertas, actual comandante del Comando de personal del Ejército; y a Wilmar Mejía, director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), generó una queja disciplinaria para que la Procuraduría investigue a estas dos personas.

El abogado David Cote Rodríguez, radicó una denuncia disciplinaria contra el general Huertas y contra Mejía, por los delicados hechos que plantean la posibilidad de que estos funcionarios tuvieran alianzas oscuras.

La denuncia se suma a la información revelada por SEMANA, según la cual el procurador Gregorio Eljach ya tiene toda la documentación y pruebas suficientes para abrirles una indagación disciplinaria.

La queja del abogado Rodríguez advierte que “se identificaron sendas comunicaciones en las que el General del Ejército Nacional Miguel Huertas, y el alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, Wilmar Mejía, mantenía un acuerdo o concierto con el fin de establecer una empresa de seguridad fachada con el propósito de dar legitimidad a actividades propias de las disidencias de Alias Calarcá, entre las que se destaca el movimiento de efectivos y armas sin restricciones”.

Agrega la denuncia, haciendo referencia al informe que publicó la unidad investigativa de Caracol Noticias, que “dentro de concertado entre los ya mencionados, se acordó un pacto de no agresión entre el Ejército y las disidencias, el cual fue materializado con la entrega de las frecuencias radiales de uso exclusivo del ejército, así como de números de celular y correos electrónicos para facilitar la coordinación y evitar los posibles encuentros entre ambos bandos”.

Agrega la queja, sobre el general Huertas, que “habría ofrecido protección para los desplazamientos de los líderes disidentes, afirmando que los hombres de la compañía servirían para movilizar personal y heridos. Incluso se ofreció a asistir personalmente a los traslados para evitar desconfianzas, pues estando él presente en un retén, no se podría requisar sin una orden superior.

Y sobre Mejía, el alto funcionario de la DNI, que “fue designado por el presidente Gustavo Petro, en marzo de 2024, como miembro del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia (...) y sería el poder detrás del poder en la DNI y que tiene cercanas y oscuras alianzas con Calarcá”.

Con estos argumentos, basado en el artículo 62 del Código Disciplinario, que plantea como falta gravísima “fomentar o ejecutar actos tendientes a la formación o subsistencia de grupos armados al margen de la ley; o promoverlos, auspiciarlos, financiarlos, organizados, instruirlos, dirigirlos o colaborar con ellos”, fue presentada la solicitud de investigación.