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Carlos Caicedo, el candidato al que los políticos del Magdalena quieren frenar

Utilizado todas las artimañas posibles, dirigentes de ese departamente quieren atajar al exalcalde Santa Marta. ¿Su captura y liberación la semana pasada fueron la última edición de esta larga pelea?

9 de diciembre de 2017

La mayoría de los samarios recibieron muy mal la noticia de la detención de su exalcalde Carlos Caicedo Omar cuando esperaba el vuelo a Bogotá para inscribir su candidatura presidencial por el movimiento Fuerza Ciudadana, tras recoger 2.053.000 firmas en los 7 departamentos del Caribe. Lo supieron por una emisora local, de boca del propio alcalde actual, Rafael Martínez, quien ha mantenido el legado de Caicedo, que anunció al aire que allí esperaría a los agentes porque sabía que la orden de captura era para los dos.

Cientos de ellos salieron a protestar por este falso positivo judicial, en el que estos dos hombres que encarnan una nueva generación política del Caribe quedaron detenidos para responder por la contratación de tres puestos de salud, en cuyo proceso ni siquiera habían sido escuchados a pesar de que lo pidieron insistentemente a la Fiscalía regional y nacional. Ahora, aún sigue en el aire la pregunta de si esto se debió a un nuevo round de la larga pelea que Caicedo tiene con la clase política tradicional samaria o si es un caso judicial con peso probatorio.

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Un episodio similar ocurrió en agosto de 2006. Agentes del CTI ingresaron a la Universidad del Magdalena cuando Caicedo era rector, y lo detuvieron por un proceso impulsado desde la Gobernación por su más acérrimo contradictor, el exgobernador Trino Luna Correa (hoy convicto por asesinato y confeso parapolítico). Este habría influido para que el contralor departamental le iniciara un proceso de responsabilidad fiscal por haber pagado 2.700 millones de pesos a 47 empleados de la universidad, a quienes las administraciones anteriores nunca habían cancelado sus cesantías.

Por ese caso, un juez de Santa Marta condenó a Caicedo a ocho años de cárcel. Completaba una década al frente de la Universidad del Magdalena, que recibió en medio de una aguda crisis y había logrado recuperar. En 2011, tras cinco años de casa por cárcel, durante los cuales no pudo trabajar, vendió su vivienda y se mudó donde su madre para poder sobrevivir. El Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió y condenó a la Fiscalía a pagar una indemnización por daños y perjuicios morales por 1.900 millones de pesos.

Una vez en libertad, al anunciar su aspiración para la Alcaldía de Santa Marta para el periodo 2012-2015, los ataques en su contra regresaron, al vincularlo como determinador de las muertes del estudiante Hugo Maduro, del vicerrector Roque Morelli y del decano de la Facultad de Educación Julio Otero, asesinados entre 2000 y 2002. En los tres casos los autores materiales ya están condenados, y los autores intelectuales

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–Hernán Giraldo y los miembros del Clan Rojas– declararon haber recibido orden directa de Carlos Castaño y Jorge 40.

En este proceso, que lleva 48 fiscales, a sus abogados no les han permitido contrainterrogar a los testigos y estos han solicitado 25 pruebas que la Fiscalía no ha autorizado. A pesar de todo, en marzo de 2015, cuando era alcalde, se intentó dictarle una orden de captura, pero un comité técnico de la Fiscalía la desechó. Y en julio de 2016, Luis Carlos López, alias Orejas, confesó que en 2011 se prestó para declarar contra Caicedo para impedir que ganara la Alcaldía.

Lo que más le preocupa al exalcalde Caicedo es que el método para anularlo y sacarlo del juego se repite una y otra vez. En el caso actual, los tres puestos de salud se encuentran en proceso de construcción, el contrato está vigente, y aunque existe un retraso, los contratistas están poniendo todo su esfuerzo para cumplir antes del 31 de diciembre.

Y es que la clase política del Magdalena está en contra de Caicedo no solo desde que le quitó la universidad, sino desde que enfocó sus primeros actos de gobierno en terminar las onerosas concesiones, empezando por Recaudos y Tributos, Metroagua y el Mercado Público, detrás de las cuales había intereses por los multimillonarios recursos que generaban. De ese modo, sacó al Distrito de la Ley 550 y emprendió un importante plan de obras, parques, escuelas, puestos de salud y los escenarios deportivos de los XVIII Juegos Bolivarianos. Estos se convirtieron en el activo de mayor valor del movimiento político que lideran Caicedo y Martínez, pues Santa Marta no había visto tantas obras.

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Por los antecedentes, Caicedo y sus seguidores temen que sus enemigos en cualquier momento intenten de nuevo utilizar a los organismos oficiales para atacarlo. Frente a la animadversión de la clase política samaria, las investigaciones judiciales en su contra tendrán que hablar con pruebas contundentes. Mientras esto no suceda, se verá como una campaña política y no un proceso judicial.