La novela judicial que enfrenta al alcalde, un fiscal y un juez en Santa Marta

La decisión que adoptó el juez octavo penal municipal de Santa Marta, Gabriel Modesto Ospino Guzmán, de no cobijar con medida de aseguramiento al alcalde Rafael Martínez y el exalcalde Carlos Caicedo, ha desatado una nueva polémica en la capital del Magdalena.

La controversia inició durante la audiencia de imputación de los dos mandatarios, en la que el fiscal Salustiano Fortich solicitó medida de aseguramiento en contra de los mandatarios, pero omitió dar traslado a las partes del material probatorio necesarias.

El hecho configuró una falla procedimental grave que mermó las garantías de los indiciados al no revelar las pruebas de las que disponía la fiscalía en su contra y sirvió como base para que el togado no los cobijara con prisión.

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Pero la decisión del despacho no fue del agrado del director seccional, quien declaró en una conferencia de prensa el viernes que: ‘nosotros respetamos la decisión del juez de control de garantías, pero hay decisiones de los jueces que son abiertamente contrarias a la ley. Consideramos que esa decisión fue desacertada y arbitraria. No se puede echar tierra a un proceso con esa actitud’. ‘Vamos a ver qué pasa frente a la apelación que nosotros hicimos y si hay motivos para que contra él se inicie una investigación’, remató el fiscal en una de sus afirmaciones ante los medios.

Y es que uno de los reproches que han hecho los imputados a la fiscalía es que durante varios meses, ante los rumores de que serían detenidos, trataron de comunicarse constantemente con el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, el fiscal del caso, Salustiano Fortich y el director seccional Vicente Guzmán, sin obtener nunca respuesta a sus solicitudes.

En respuesta, el juez dirigió una carta al director seccional de fiscalías el sábado, en la que lo invitó a consultar los audios de la audiencia y le dijo que hubo una clara omisión del fiscal al no dar traslado del material probatorio a las partes. ‘La afirmación que realiza es inexacta y afecta el derecho fundamental a mi buen nombre , puesto que a los ojos de la opinión pública quedé como si hubiera actuado de manera torcida y caprichosa, lo que no es cierto, por lo cual solicito muy respetuosamente se haga la aclaración respectiva con el mismo despliegue’.

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Aunque el caso habría podido concluir en una simple diferencia de criterio jurídicos, se amplió en el momento en el que el juez añadió que  ‘quizá la retaliación en su contra se deba a que no atendí la invitación que recibí de parte suya para que acudiera a su oficina en pleno desarrollo de esa audiencia, lo cual consideré inapropiado, de lo cual pueden dar fe los custodios que me acompañaban en ese momento’.

Este lunes, siguiendo la misma novela judicial, el director seccional respondió nuevamente diciendo que no era cierto que hubiera invitado al juez a su despacho, sino que le solicitó que no recluyera a los mandatarios en el casino de suboficiales de la policía porque él también estaba viviendo en ese sitio.

La polémica está matizada con acusaciones de parte del exalcalde Caicedo contra la fiscalía a la que considera que están usando como ‘arma política para forzar a los políticos tradicionales a respaldar las aspiraciones de Vargas Lleras y a los políticos de centro izquierda como él y Petro, les arman investigaciones judiciales para sacarlos del proceso electoral’.

Ante esta afirmación, el fiscal Vicente Guzmán, afirmó que ‘la fiscalía no tiene agenda política‘. ‘Yo no vine aquí dijo Guzmán,‘ quien se desempeñaba como director seccional de fiscalías de Cartagena antes de ser trasladado a Santa Marta, ‘a hacer ningún mandado político, tengo una trayectoria de 25 años en la fiscalía y tampoco hago parte de ningún cartel’, ante acusaciones reiteradas del exalcalde Caicedo, quien lo acusa de pertenecer al Cartel de la Toga.

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El lunes al mediodía el exalcalde Carlos Caicedo anunció que sus abogados iban a revisar las declaraciones del director seccional de fiscalías Vicente Guzmán, para recusarlo porque sus ‘declaraciones son una claro prejuzgamiento y amenazas de manera pública. El director seccional de fiscalías se puso en evidencia al calificar la decisión del juez como arbitraria’.

Este miércoles, los seguidores del precandidato presidencial Carlos Caicedo, tienen prevista una marcha contra la decisión de la fiscalía para poner el foco de las investigaciones en su contra mientras centenares de procesos de corrupción que él ha denunciado contra elefantes blancos que ha habido en Santa Marta y el Magdalena, duermen el sueño de los justos.

De acuerdo con esos seguidores, uno de esos casos sería el de la fracasada Vía de la Prosperidad que fue firmada por el exgobernador Luis Miguel Cotes Habeych, a la que se destinaron hace cuatro años 462.000 millones de pesos para construir 52 kilómetros entre los corregimientos de Palermo y Guaymaro, y que sigue siendo un inmenso polvorín sin pavimentar.