Exgobernador de Guainía es condenado a cinco años de prisión por irregularidades en contratos

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador de Guainía, Arnaldo José Rojas Tomedes, a cinco años de prisión domiciliaria por las irregularidades en cuatro contratos que celebró o autorizó cuando fue mandatario de ese departamento, y que no cumplieron los requisitos legales. No es la primera vez que Guainía enfrenta un caso de uno de sus gobernadores señalado por la justicia.Cabe recordar que la investigación y esta condena se deriva de hechos ocurridos entre los años 1998 y 2000, cuando la Gobernación a su cargo recibió una suma superior a los 200 millones de pesos por parte de la Comisión Nacional de Regalías para desarrollar un proyecto cuyo objetivo era controlar la contaminación por mercurio.En primera instancia, la Sala encontró que “de los 28 contratos por los que la Fiscalía acusó al exgobernador, se evidenciaron y demostraron irregularidades esenciales en cuatro de ellos en los que hubo una actuación dolosa del procesado”.Para la Corte, de igual manera, “en los tres primeros se desconocieron requisitos legales en su tramitación y celebración, pues se vulneró la transparencia y selección objetiva. Y en el último negocio jurídico, el 0133, también se incumplieron los requisitos legales al no verificarse la capacidad del contratista por tratarse de un menor de edad”.En este caso puntual, la Corte Suprema recuerda que la defensa señaló en el proceso que el entonces gobernador delegó en su secretario de Agricultura y Medio Ambiente, y en otros funcionarios, toda la contratación –y sustentó que por ello el mandatario no conoció de las irregularidades que pudieron presentarse–, la Sala precisó que ello no lo releva de responsabilidad.Según la providencia, “incumplió su deber de supervisión, control y vigilancia de la actividad contractual y de los procesos de selección que se adelantaban, en un proyecto que era clave para controlar la extracción aurífera a través de prácticas mineras ilegales que han ocasionado daños a la salud y el ecosistema”.“De allí, que si tenía reservada tal facultad se demandaba de él una estricta labor de supervisión, en cuanto era garante de la legalidad de la actuación contractual, pues como representante legal del ente territorial, era quien podía comprometer con su voluntad final los dineros del departamento”, concluye la sentencia.El crudo panorama de Guainía, en el triste olvido para muchosEste caso, refleja la crudeza de la realidad que vive Guainía desde hace años en materia de corrupción pero además de las dificultades que afronta su gente. Esta región ha sufrido desde siempre un considerable atras, por ejemplo, en la prestación de servicios de salud integrales para sus habitantes y ello se debe, en gran medida, a que la geografía dificulta cualquier desplazamiento en la región.Según la Secretaría de Gobierno y Administración Departamental, el territorio cuenta con 72.538 kilómetros cuadrados y 42.777 habitantes, de los cuales 85% es población indígena. Eso significa un promedio de 0,54 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que refleja una dispersión de la población que obstaculiza el acceso a la comunidad.El Ministerio de Salud y Protección Social, a través de un estudio realizado por la Universidad de los Andes y el Banco Interamericano de Desarrollo, calcula que llevar salud al departamento del Guainía costará 28.000 millones de pesos en el primer año, y 35.000 millones en cinco años, cuando la ejecución sea plena.