¿Por qué es Bioenergy el descalabro más grande en la historia de Ecopetrol?

Bioenergy es la escenificación de uno de los fracasos más grandes de Ecopetrol en toda su historia. La filial de la petrolera estatal nació en 2008 con el objetivo de acaparar una buena porción del mercado del biodiésel en el país y ahora, tras cientos de millones de dólares invertidos, está clausurada, en trámite de liquidación ante la Superintendencia de Sociedades y la Procuraduría General de la Nación acaba de formular cargos contra 12 de sus altos directivos. La formulación cobija a miembros de su junta, gerentes y representantes legales.Entre los cuestionamientos que realiza el Ministerio Público a los implicados está la omisión en la que estos incurrieron al no solicitar la terminación de un contrato de suministro que suscribió Bioenergy con la empresa cultivadora de caña de azúcar Riopaila Castilla. Dicho acuerdo consistía en la entrega de 500.000 toneladas anuales de caña, la cual es uno de los insumos principales para la producción de etanol carburante. Sin embargo, las toneladas nunca se emplearon debido a que la planta de producción de Bioenergy (El Alcaraván, en Puerto López, Meta) estaba inactiva.Adicionalmente, la Procuraduría resaltó la existencia de un potencial detrimento patrimonial en cabeza de Aleck Santamaría de la Cruz y Rafael José Pitalagua Guerra —ambos son antiguos representantes legales de la compañía— por montos de 2.235 millones de pesos y 611 millones de pesos, respectivamente. Aparentemente, Santamaría de la Cruz y Pitalagua Guerra habrían pagado cánones de arrendamiento por terrenos que, a pesar de estar destinados para la siembra de caña de azúcar, no estaban siendo siquiera cultivados. En otras palabras, los dineros desembolsados no repercutieron en ninguna contraprestación para Bioenergy.Pero no es el único lío para Santamaría de la Cruz. Junto con su suplente en la representación legal, Rosa Catalina Santos Prada, celebró un acuerdo por casi 2.400 millones de pesos con Tipiel, una empresa especializada en ingeniería y construcción, para la corrección de diseños y apoyo técnico. Este acuerdo, en todo caso, podría haber concluido en pérdidas para la filial de Ecopetrol ya que, como lo indicó la Procuraduría cuando hizo la formulación de cargos, la misma Tipiel previamente había certificado que la ingeniería de detalle de la obra estaba en orden.Y, por último, el ente de control pidió aclaraciones por ciertos aumentos salariales e irregularidades en los procesos de selección para asignar obras que habrían causado un detrimento cercano a los 4 billones de pesos.¿Cómo se llegó hasta aquí?La historia se remonta hace una década, cuando el negocio del biodiésel se asomaba como la gran apuesta estratégica en el futuro. En 2008, invertir en una planta agroindustrial para producir etanol a gran escala era como la oportunidad real de cazar un unicornio. Solo que después mutó en un insaciable mamut. El país y el mundo en general observaban con preocupación la urgencia de implementar energías alternas. Por un lado, para aflojar la dependencia exclusiva al petróleo, y por el otro para reducir el impacto sobre el medioambiente.El mercado del alcohol carburante o etanol se proyectó con firmeza en Colombia desde 2005, cuando el Gobierno ordenó que el combustible automotor debía llevar obligatoriamente una mezcla de ese alcohol. Estipularon mezclas E8 y E10, es decir 8 y 10 por ciento de etanol. Las variaciones dependían de las regiones del país por la escasez de ese insumo. La tendencia mundial iba en el sentido y las proyecciones apuntaban a que el porcentaje de mezcla aumentaría hasta E15 o E20.En medio de ese escenario, Ecopetrol decidió apostar por Bioenergy. Era un proyecto vanguardista en varios sentidos. Se trataba de adaptar los vastos cultivos de caña de azúcar del Valle a los Llanos Orientales, con tierra de precio asequible y suficiente para desarrollar un proyecto de esta envergadura. Además, la distribución final del etanol desde allí sería más conveniente. Un primer desafío era hacer germinar la caña de azúcar en una región donde nadie había visto nunca esa planta.El visionario y arriesgado proyecto le pertenecía a Bioenergy, una sociedad privada que la junta directiva de Ecopetrol aprobó comprar, en 2008, por 140 millones de dólares. De esa suma, 40 millones irían al componente agrícola y 100 al industrial. En ese momento faltaba todo. Había que comprar los terrenos, levantar los cultivos, diseñar y construir la planta industrial para transformar la caña en etanol y poner en marcha la empresa con su operación comercial.El objetivo era crear la planta de mayor capacidad del país, capaz de producir a diario 408.000 litros de etanol proveniente de 14.400 hectáreas de cultivo. Bioenergy, al menos en el papel, generaría una cuarta parte de la producción total del biocombustible, cuya demanda nacional era de 1,6 millones de litros diarios. Pero una vez entró al negocio, los estimativos de los costos empezaron a crecer como espuma. Ecopetrol pagó realmente un banderazo de 340 millones de dólares. Y faltaba lo más difícil: levantar la planta.Para eso abrieron una convocatoria y hubo tres proponentes: la firma Engevix ofreció 261 millones de dólares; Praj Schrader Camargo, 221 millones, e Isolux, la menos calificada y hasta con líos por incumplimientos en otros países, propuso hacer la planta a cambio de 159 millones de dólares. Las tres propuestas rebasaban el presupuesto, por lo que el proceso se declaró desierto. Pero más adelante la española Isolux se quedó con el negocio al proponer una oferta ajustada por 126 millones de dólares. Una ganga.Entonces comenzó otro viacrucis. La planta se llamaría El Alcaraván, nombre del pájaro característico de los Llanos, estaría ubicada en el kilómetro 43 de la vía entre Puerto López y Puerto Gaitán, en Meta. Isolux empezó a alegar que la tarea implicaba gastos extra, pues el proyecto no tenía estudios de ingeniería conceptual y mucho menos de detalle. Y al realizarlos, el precio subió una vez más. Al contrato le incorporaron hasta cuatro otrosíes. El enredo llegó a tal punto que, en medio de la improvisación, Isolux terminó por subcontratar a Praj, la firma más calificada, pero descartada desde el comienzo.Pero ni así. El 8 de abril de 2014 Bioenergy rompió con el contratista. Argumentó reiterados retrasos e incumplimientos en los hitos más importantes del proyecto. La filial de Ecopetrol tomó el control de la obra a medio hacer y salió a buscar un nuevo ejecutante. El choque entre Bioenergy e Isolux llegó al tribunal de arbitraje empresarial de Houston, Estados Unidos. Allá Colombia pretendía recuperar algo de la plata perdida, pero el tribunal determinó “restituciones mutuas”, algo así como empate. En la práctica significó que Ecopetrol perdió todo lo que asumió por los sobrecostos, además de cerca de 13 millones de dólares que dejó de recibir por el retraso del proyecto.Finalmente, la construcción de la planta quedó en manos de la firma Menegua, que tan pronto aterrizó en terreno advirtió que el avance reportado no correspondía al estado real del proyecto. Este lunes la Fiscalía adelantará la audiencia preparatoria al juicio contra Jaime Leonardo Flórez Muñoz y el español Ignacio Juan Revilla Fernández, representantes legales de Isolux, acusados de interés indebido en la celebración de contratos. Hasta ahora no ha tomado ninguna determinación penal respecto a representantes de Ecopetrol.Los líos en la construcción de la planta a su vez descarrilaron el componente agrícola, porque cuando finalmente lograron sacar adelante las extensiones de caña no había fábrica dónde transformarla. Solo a comienzos de 2017, Bioenergy logró procesar el primer litro de etanol en El Alcaraván, una década después de que Ecopetrol se metió al proyecto. Para ese momento el mercado ya no era lo pensado. Hoy el país se abastece de alcohol carburante proveniente de Estados, donde la industria goza de subsidios estatales. Eso, sumado al inmenso lastre financiero, parece ser la lápida de Bioenergy. Un elefante blanco que ha costado 750 millones de dólares.