Procuraduría: cargos a 12 exdirectivos de Bioenergy por detrimento patrimonial

Por presuntamente haber generado un detrimento patrimonial cercano a los 41.000 millones de pesos, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra 12 exfuncionarios y miembros de la junta directiva, gerentes y representantes legales de Bioenergy, que estuvieron en la compañía desde 2012 hasta 2017, según informó el organismo de control.De acuerdo con el Ministerio Público, los entonces miembros de la junta directiva incurrieron en detrimento por presuntos hechos irregulares durante la construcción de la planta de etanol ‘El Alcaraván’, en Puerto López (Meta).La medida cobija a los entonces miembros de la Junta Directiva Juan Carlos Roa Márquez, Gloria Inés Cortés Arango, Adriana García Molano, Juan Felipe Múnera Yepes, Claudia Castellanos, Alexander Cadena Montezuma, Henry Echeverry Campuzano, Hans Moreno Muñoz y María Elena Velásquez Restrepo; y a los exgerentes generales y exrepresentantes legales Aleck Santamaría de la Cruz, Rafael José Pitalagua Guerra y Rosa Catalina Santos Prada.Las supuestas irregularidades radican en que supuestamente los entonces directivos omitieron suspender un contrato de suministro con Riopaila Castilla, lo que habría ocasionado el pago de indemnizaciones por reprogramación en la producción de caña de azúcar.Eso habría sucedido, a pesar de conocer el retraso en la ejecución de la planta de producción. Otra línea de investigación tendría que ver con un supuesto detrimento de la compañía por pagar cánones de arrendamiento de predios para la siembra de caña de azúcar que no estaban siendo cultivados por Bioenergy.La Procuraduría también pidió explicaciones por supuestas autorizaciones de aumento salarial a los cargos de obrero de servicios generales y oficial civil, a pesar de “existir un ofrecimiento económico para el otorgamiento del contrato de obra civil, por parte del Consorcio Menegua, lo que se habría podido constituir en un detrimento para Bioenergy, por cerca de 4 millardos (miles de millones) (sic)”, señala un comunicado del Ministerio Público.El caso de BioenergyTodo lo que podían hacer mal en el multimillonario proyecto Bioenergy, lo hicieron mucho peor. La estatal Ecopetrol en esa empresa filial tuvo un descalabro monumental. El negocio arrancó en 2008 con una inversión inicial definida en 140 millones de dólares, pero cinco años después ascendió a 750 millones. Y eso no fue lo peor. A pesar de los sobrecostos astronómicos, los retrasos, los pleitos e intrigas, la empresa nunca logró despegar.Ahora está clausurada y en trámite de liquidación ante la Superintendencia de Sociedades. Los enredos del negocio llevaron a Ecopetrol ante un tribunal de arbitramento internacional, que para colmo de males falló en su contra. Y en Colombia, la Contraloría adelanta ocho procesos de responsabilidad monetaria.El objetivo era crear la planta de mayor capacidad del país, capaz de producir a diario 408.000 litros de etanol proveniente de 14.400 hectáreas de cultivo y la cual iba a tener el nombre de El Alcaraván. Bioenergy, al menos en el papel, generaría una cuarta parte de la producción total del biocombustible, cuya demanda nacional era de 1,6 millones de litros diarios. Pero una vez entró al negocio, los estimativos de los costos empezaron a crecer como espuma. Ecopetrol pagó realmente un banderazo de 340 millones de dólares. Y faltaba lo más difícil: levantar la planta.