Este 23 de febrero, la Procuraduría General le pidió al Consejo de Estado negar la demanda que solicita la pérdida de investidura de la senadora Isabel Cristina Zuleta López. Esto, por el famoso “tarimazo” en el que participó el presidente Gustavo Petro.
“No se configuró un tráfico de influencias”, precisó el delegado del Ministerio Público. “La acción adelantada por la congresista la desarrolló en su calidad de coordinadora del Gobierno nacional en espacio de conversación sociojurídica de construcción de paz urbana con las estructuras armadas organizadas criminales de alto impacto de Medellín y el Valle de Aburrá”.
Por esto, en el marco de estas facultades, enfatizó el procurador delegado, no incurrió en una irregularidad o ilicitud al convocar a los integrantes de estas organizaciones para que participaran en este evento público.
En este punto, consideró que la demanda no pone de presente las normas que se vulneraron con la convocatoria o la participación de los integrantes o voceros de estas organizaciones criminales.
La Procuraduría pide rechazar la demanda de pérdida de investidura en contra de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta por el 'tarimazo'. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/jC52Qwq3NK
— Revista Semana (@RevistaSemana) February 23, 2026
Estos hechos se presentaron el 21 de julio de 2025 en la Plaza de la Alpujarra, en Medellín. En ese encuentro participaron varios integrantes de las estructuras armadas del Valle de Aburrá, que compartieron tarima con el jefe de Estado.
La congresista del Pacto Histórico, según la demanda presentada por William Francisco Quintero Villarreal, firmó un oficio que permitió la salida de estos integrantes, quienes se encontraban en la cárcel de Itagüí.
En este sentido, señaló que se presentó un tráfico de influencias. “La senadora Zuleta, abusando de su calidad de congresista del partido de Gobierno y auspiciadora pública de la eventual reelección del presidente (...) el cual una de sus banderas era la paz total, como coordinadora de la mesa de diálogos con la cárcel de Itagüí, muy a pesar de las resoluciones, no se le permitía dialogar por fuera de la instalación de la cárcel”, señaló el demandante.
“Nos encontramos, entonces, con seguridad, ante una actuación de una senadora de la República. No se trata de un tráfico de aves silvestres, sino de la injerencia indebida ante un ente administrador, sin tener facultad para ir, obteniendo réditos políticos, personales o a terceros, llámese presidente de la República”, expresó.
Por su parte, la defensa de la senadora le pidió al alto tribunal rechazar las pretensiones de las demandas de pérdida de investidura.