“Puede evadir la justicia saliendo del país”: Esta es la razón por la cual se ordenó la detención domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez

En su lectura del fallo, la jueza 44 de conocimiento de Bogotá explicó los motivos para ordenar la detención domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez tras ser hallado responsable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

En la decisión de 1.114 páginas se advierte que con su actuar el expresidente Álvaro Uribe Vélez intentó afectar la recta administración de justicia al ordenarle al abogado Diego Cadena buscar testigos para que firmaran una retractación.

Esta conducta fue calificada como “grave” por parte de la jueza, señalando que se debe enviar un mensaje a la sociedad frente al respeto a las instituciones.

“El establecimiento carcelario, encargado de su vigilancia, deberá realizar su traslado inmediato a su domicilio para que se realicen los controles respectivos ante su cumplimiento”, añadió la jueza de conocimiento de Bogotá.

En la lectura de su decisión, señaló que el expresidente cuenta con “arraigo” en ese municipio antioqueño donde vive con su esposa, Lina Moreno, y varios familiares.

“Inicialmente, tenemos que la privación de la libertad inmediata resulte necesaria para asegurar la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos. Esta medida no solo tiene un efecto disuasivo e intimidatorio que previene la comisión de delitos respecto al implicado y los nacionales, sino que también evita la percepción negativa de la sociedad de que las personas pueden continuar gozando de su libertad pese a una condena cuando no se cumplen los requisitos para ello y la presunción de inocencia ya ha sido desestimada en primera instancia”, señala la decisión.

En el caso del exmandatario, la jueza indicó que cuenta con los recursos económicos y contactos para salir del país, lo que afectaría la aplicación del fallo que fue a dado a conocer este viernes primero de agosto.

“Máximo cuando se trata de una persona que goza de un reconocimiento público y social, lo referente para los grandes círculos del país, de ahí que permitir que continúen el ejercicio de su libre locomoción pese a la transgresión ocasionada, considerarían la idea errada de que la igualdad ante la ley no preexiste en el ordenamiento, para sostener el poder disuasivo del imperio de la ley y la confianza y la institucionalidad se hace imperiosa su detención. Es crucial, además, subrayar que el ataque y rogado atentó contra la credibilidad institucional y la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, expresó.

“Se trató de un agravio que amerita una postura ejemplarizante de garantizar que la administración de justicia no sea objeto de manipulación ni de desviación de su propósito legítimo, garantizando el respeto por la verdad y la legalidad que le asiste a la justicia”, añadió la jueza.

En este sentido, aseguró que pese a que el expresidente siempre ha asistido a las diligencias judiciales, pese a que no era su obligación, y cumplido con las citaciones que se le ha hecho el respectivo juzgado, la detención domiciliaria se hace más que necesaria.

“No es menos verídico que desde la fase primigenia de la actuación se desplegaron estrategias dilatorias sistemáticas para impedir la instalación del juicio superando los márgenes legítimos de defensa que, si bien morigeró con el trasegar procesal, se erigieron como inferencias ineludibles que evadir la administración de justicia. También hemos de resaltar, dadas las ocupaciones que manifestó desarrollar su gran reconocimiento a nivel internacional, resulta fácil que podrá abandonar el país para eludir la sanción impuesta”, enfatizó.

En el fallo judicial, se impuso una inhabilidad para ocupar cargos públicos por el término de ocho años. Así como el pago de una multa cercana a los 3.200 millones de pesos.