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En 2008, miles de colombianos marcharon para exigirles a las Farc poner fin a la práctica del secuestro. | Foto: SEMANA

JUSTICIA TRANSICIONAL

Secuestro, primer delito por el que deberán responder las Farc ante la JEP

El tribunal citó a 32 comandantes que hicieron parte del Secretariado y el Estado mayor de esa organización a una audiencia pública para responder por sus acciones en ese delito.

6 de julio de 2018

La audiencia se llevará a cabo el 13 de julio a las 2:30 de la tarde. Será la primera diligencia que realice la JEP, dentro de la etapa de reconocimiento de verdad y responsabilidad que deben cumplir los miembros de las Farc desmovilizados ante esa jurisdicción.

Entre los comandantes de las Farc citados están el jefe de esa organización, Rodrigo Londoño; el jefe del equipo negociador, Iván Márquez, Pastor Alape, Pablo Catatumbo, El Paisa, Romaña, Jesús Santrich, Rodrigo Granda y Joaquín Gómez, entre otros.

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Si reconocen su responsabilidad, los miembros de las Farc podrían pagar penas alternativas que incluyen restricción efectiva de la libertad de entre 5 y 8 años. Si no lo hacen, la pena puede llegar hasta los 20 años de prisión.

Su llamado a declarar se basa en el informe presentado en mayo pasado por la Fiscalía ante esa jurisdicción sobre retención ilegal de personas por parte de las Farc, que da cuenta de 8.163 víctimas de ese delito y unos 4.314 miembros de ese grupo guerrillero procesado.

Se trata de un delito “que afectó de manera indistinta a hombres y mujeres inermes, ricos y pobres, campesinos e industriales, jóvenes y viejos, poderosos y débiles. El informe también plasma los tratos inhumanos a las víctimas, cuyo derecho a la libertad se les llegó a conculcar —en algunos casos— por varios lustros. La documentación de este crimen habrá de contribuir a hacer justicia y, por supuesto, a recrear en la memoria colectiva de la nación", manifestó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en esa oportunidad.

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En la audiencia, la JEP también indagará a los miembros de las Farc sobre un listado de personas  presuntamente retenidas por la antigua guerrilla y de cuyo paradero no se tiene conocimiento. Este listado fue entregado a la JEP por la Fundación País Libre.

La decisión de iniciar esta etapa por el secuestro fue hecha con base en unos criterios de priorización que definió hace algunas semanas la JEP, que incluyen, entre otros, la gravedad de los hechos, la condición de las víctimas y los patrones de criminalidad a los que correspondía el delito.