“Si el Gobierno no atiende el clamor, haremos un paro cívico”: comité que busca quitar peaje entre Eje Cafetero y Valle

La puja por evitar que se mantenga la caseta de peaje existente en el corredor vial entre Pereira y Cartago, y que une a los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca, está que arde, a tal punto que la comunidad ya amenaza con realizar un paro cívico si el Gobierno incumple su palabra.

La tensa situación entre el Comité Promotor de Risaralda y Norte del Valle, que promueve la iniciativa de eliminar, trasladar o reducir el costo del polémico peaje, llegó a su pico más alto esta semana cuando se enteraron que pese a los diálogos y compromisos pactados con el Ministerio de Transporte, la concesión sigue su curso.

“Nos dimos cuenta a través de una invitación que hace el Ministerio y la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, que este miércoles 10 de abril se hará en La Virginia, Risaralda, una reunión de socialización del proyecto vial”, explicó Javier González, uno de los voceros del Comité Promotor ‘No más peaje Pereira–Cartago‘.

La molestia del comité radica en que justamente el pasado 12 de marzo se reunieron con el viceministro de Infraestructura Manuel Gutiérrez, y en ese encuentro que fue público “él se comprometió en que no tomarían decisiones hasta tanto se escuchen y analicen las quejas e inquietudes de la comunidad”, recordó el señor González tras precisar que se estableció que después de Semana Santa se conocerían las respuestas a las peticiones y propuestas planteadas.

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En efecto, en la misma página de internet del Ministerio de Transporte aparece un boletín y un audio del funcionario en el que hace un balance de la mencionada reunión con el Comité Promotor, “queremos oír a la región, escuchar los problemas”, explicó.

Agregó que, frente a las solicitudes de la comunidad, “nunca la salida nuestra será el proyecto va o va; ese no es nuestro talante” y aclaró que “queremos construir un proyecto que quiera la gente y sea realmente lo que necesita”.

Además, el funcionario ministerial fue enfático en precisar que “acá no se ha tomado una determinación; nosotros estamos recogiendo los comentarios, si no esto (reunión) no tendría mayor sentido”.

Por esa razón la socialización del proyecto fue interpretada por el Comité Promotor como “una conejeada; aquí alguien está mintiendo o nos están engañando” argumentó el señor González.

Esas dificultades ya las había alertado el representante a la Cámara uribista por Risaralda, Gabriel Vallejo, quien desde marzo pasado trinó en su cuenta de Twitter lo siguiente: “Referente al tema del peaje y de la doble calzada Cerritos-La Virginia: Mucho cuidado con reuniones de Virreyes en el balcón (4to piso) y el pueblo en la calle. La época de la colonia terminó!. Les recuerdo que el diálogo popular es la mejor manera de evitar la protesta social!”.

Como se recordará, la caseta de peaje conocida como Cerritos II está ubicada entre Pereira y Cartago; ese punto de recaudo le fue entregado en 2004 a la Concesionaria de Occidente para que ejecutara la construcción y mantenimiento de los 54.5 kilómetros en doble calzada entre La Victoria (Valle) y Pereira (Risaralda). La concesión se hizo a 16 años y al final los constructores recaudaron un promedio de 367.000 millones de pesos.

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La concesión culmina este año y la lógica diría que la polémica caseta de peaje debe quitarse, pero desde el año pasado la ANI hizo pública la intención de prorrogarla por 30 años más, lo que armó una polvareda en la región, no solo por lo costosa (la tarifa más baja es de $12.000) sino porque con ese recaudo se pretende financiar la construcción de un tramo vial de 10 kilómetros, pero que solo beneficia a Risaralda.

Desde varios sectores si bien apoyan el desarrollo vial de la región, consideran un exabrupto pagar mucho más por una vía de menor extensión y durante más tiempo; además, que la misma sea financiada con una caseta de peaje que afecta a los vallunos, cuando el tramo vial a construir será entre Cerritos y La Virginia, osea que solo beneficia a los risaraldenses.

Ese contrasentido tiene a los gobernadores de ambos departamentos defendiendo posturas distintas: mientras Sigifredo Salazar, de Risaralda, apoya mantener el peaje y prorrogar la concesión por 30 años; su homóloga del Valle, Dilian Francisca Toro, ve con reparos el impacto social y económico que ese peaje le cause a los habitantes del norte del Valle.

Y el problema ya llegó a la misma asamblea del Valle, donde varios diputados, algunos de ellos con aspiraciones electorales, pidieron al Ministerio de Transporte y la ANI, declarar la inconveniencia de la estructuración de una nueva concesión del peaje Cerritos II, por no atender las necesidades del corredor Cartago-Pereira.

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“Estamos secuestrados por los peajes. No podemos seguir afectando el bolsillo de los vallecaucanos, máxime cuando quieren dejarnos por 30 años más un peaje para hacer obras en otro Departamento, en detrimento de estudiantes, turistas y comerciantes que transitan por el sector”, manifestó el diputado Julio César García Varela.

El asambleísta Antonio Ospina Carballo fue más allá y argumentó que “el Valle del Cauca está minado de peajes y se deben considerar tarifas diferenciales o preferenciales”, explicó.

Precisamente entre las propuestas de solución que planeta el Comité Promotor está el que la caseta de peaje se traslade hacia el corredor de La Virginia, el municipio beneficiado con las nuevas obras; o que se reduzca a la mitad el valor de la tarifa.

En el tramo vial Cartago – Pereira – La Virginia, se estima un movimiento diario de 23.000 vehículos. Cada automotor paga una tarifa mínima que arranca en $12.000 y aumenta de acuerdo con el número de ejes.