TransMilenio por la Séptima en Bogotá: un nuevo tropiezo en los estrados

La construcción de la troncal de TransMilenio por la Séptima, una de las obras bandera de la alcaldía de Enrique Peñalosa, tiene un nuevo tropiezo. El juez 49 Administrativo de Bogotá ratificó la orden de suspender la adjudicación del proyecto, que se iba a hacer el pasado 2 de mayo, hasta tanto se profiera la sentencia de primera y segunda instancia o hasta que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) modifique el proyecto y se analice de nuevo la factibilidad. 

Según el juez, "no se cuenta con los debidos y completos estudios del suelo y geotecnia para la construcción de los dos puentes que se van a construir sobre la calle 85". Tampoco se respeta la reglamentación sobre los andenes que debe ser de 3.5 metros de ancho pero que en esa zona estaría entre 1.70 y 2.40 metros. Y que no se garantizan los 28 metros de ancho que deben existir frente al edificio Altos de la Cabrera.

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Así mismo el juez pide una valoración del impacto ambiental, comercial y de seguridad de la obra sobre los bienes aledaños “en especial si se hizo un estudio sobre los eventuales riesgos que se pudieran llegar a presentar sobre la propiedad horizontal Altos de la Cabrera".

Peñalosa anunció que la Administración apelará la decisión del juzgado y recalcó que dicho fallo no tiene ningún sustento técnico o legal, y que se tomó desconociendo estudios y diseños que la ciudad ha desarrollado durante más de una década:

“Aquí no importa que un alcalde haya sido elegido por los ciudadanos, que un Concejo haya aprobado la obra, no importa que los estudios y diseños se hayan hecho por dos de las firmas más importantes de ingeniería y diseño que hay en Colombia, no importa que se hayan invertido 29.000 millones de pesos en estos estudios… Aquí lo que importa es lo que piensa un juez que frena este proyecto crucial para la movilidad de la ciudad y sin ningún sustento técnico ni legal”.

El mandatario reiteró que con decisiones como estas se está condenando a medio millón de personas que ya no podrán ahorrarse una hora y media en sus tiempos de desplazamiento cada día. Agregó que "se dejan de generar más de 20.000 empleos, los bogotanos perderían más de 500.000 millones de pesos, es decir, lo que costaría construir 25 colegios. Esto es lo que se ha invertido en predios, diseños y lo que costarían las demandas de los proponentes por el costo que implicó para ellos la presentación de sus propuestas”.

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El IDU por su parte afirmó que es respetuoso de los fallos judiciales, acatará la medida cautelar, pero expresa una seria y honda preocupación por el uso de criterios técnicos de forma equivocada.

Para el Instituto es contradictorio que en su fallo el juez reconozca que el edificio Altos de la Cabrera se construyó invadiendo la zona de reserva vial, dejando un andén de apenas 60 centímetros; pero ahora, que la Alcaldía de Bogotá busca ampliar ese andén entre 1.75 y 2.40 metros, se favorezca al privado diciendo que la ciudad ya no puede hacer la construcción porque el espacio se redujo producto de la invasión de Altos de la Cabrera.

"También argumenta el juez que entre el edificio Altos de la Cabrera y el edificio de enfrente hay solo un espacio de 17 metros, cuando, a consideración del juzgado, debería ser de 28 metros. Sin embargo, nuevamente el juez desconoce que esa diferencia corresponde, precisamente, a que el edificio se construyó invadiendo la zona de reserva, sin tener en cuenta el POT del 2004 y un decreto del 2010", dijo el IDU.

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La Procuraduría General había suspendido la obra el pasado 23 de abril porque considera que no había certeza sobre la armonización de los estudios y diseños de la troncal Transmilenio por la Carrera Séptima y el Plan parcial del Pedregal que, según el Plan Parcial de Renovación Urbana, estará ubicado sobre la Carrera Séptima con calle 100. Esto, según el ente de control podría generar una eventual parálisis en la construcción del proyecto y un millonario detrimento para Bogotá. 

Por presuntas irregularidades, el Ministerio Público le abrió una investigación disciplinaria a la directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Yaneth Rocio Mantilla Baró, y otros siete funcionarios. Si bien esta obra aún no está muerta y la alcaldía hará lo posible por rescatarla, sí está bastante herida.