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Tras la explosión en la Escuela General Santander, el presidente Iván Duque encabezó la atención de la emergencia. Lo acompañaron, de izquierda a derecha, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez; la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, y el ministro de Defensa, Guillermo Botero. | Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ-SEMANA

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¿Vuelve el terror?

El atentado de esta semana indica que el ELN entró en forma a la guerra urbana. Esto hará necesario rediseñar la estrategia de seguridad del Estado. ¿Qué efectos tendrá en el orden público?

19 de enero de 2019

Para los colombianos los días de los carros bomba habían quedado atrás. Con Pablo Escobar dado de baja y las FARC desarmadas, existía la ilusión de que el conflicto estaba ya reducido a una mínima expresión. Quedaban entonces el ELN, las bacrim y grupúsculos terroristas como el que puso la bomba en el Centro Andino, pero nadie esperaba volver a sentir los efectos de una guerra en las ciudades. Lo ocurrido en la Escuela General Santander revivió ese fantasma.

En momentos en que avanza la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, y el gobierno del presidente Iván Duque había exigido claros gestos de paz al ELN como condición para sentarse a dialogar, no estaba entre las cuentas de nadie que pudiera presentarse un atentado terrorista de semejante magnitud.

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La acción criminal del ELN contra la Escuela de Cadetes General Santander, que cobró la vida de 21 personas y dejó 68 heridos, revive los oscuros días en que los colombianos tenían que convivir con la realidad del terrorismo. El ataque, no solo por su modo, sino por su tiempo, tiene profundas implicaciones y pone la lupa sobre dos temas fundamentales: 1) la situación de orden público luego de firmarse el acuerdo con las FARC; 2) el futuro de los diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN.

En términos generales, la violencia asociada con el conflicto armado se ha reducido sustancialmente. Pero la inseguridad en las ciudades ha aumentado.

Aun cuando nadie puede negar que la desmovilización de las FARC fue un paso fundamental para el país, varios actos terroristas han hecho que la gente ponga en duda los beneficios del acuerdo de paz. Según un documento del Ministerio de Defensa, hay registro de 7.260 hombres en armas que equivalen más o menos al número de desmovilizados de las FARC. Un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz establece que de esos unos 5.000 pertenecerían al ELN, el EPL y disidencias. Y aunque los atentados han tenido menos intensidad que hace unas décadas, no han desaparecido.

En 2006 estallaron en Bogotá dos carros bomba: uno al paso de un camión lleno de soldados y el otro en el parqueadero de la Universidad Militar. Luego en 2010 explotó una bomba frente al edificio de Caracol Radio, y en 2012 tuvieron lugar el atentado al exministro Fernando Londoño y la detonación de una bomba en la calle 74 con avenida Caracas. En 2017 la cosa no mejoró. El 19 de febrero se presentó una explosión en el barrio La Macarena que dejó un policía muerto y 26 heridos, y el 17 de junio la bomba en el baño de mujeres del Centro Comercial Andino cobró 3 vidas y dejó a 9 personas heridas. Por otra parte, las masacres tampoco desaparecieron y pasaron de 9 en 2016 a 14 en 2018.

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Más grave que todo lo anterior es lo que ha sucedido con los líderes sociales. Desde que se firmó el acuerdo de paz han asesinado a casi 300, y en la sola primera semana de este año hubo prácticamente un asesinato por día. El Estado se demoró en reconocer que había sistematicidad en esos crímenes. Aunque la Fiscalía ya haya reconocido esa condición, todavía se cree que no hay una sola cabeza detrás de esos crímenes, sino diversas circunstancias regionales asociadas a la propiedad de la tierra o al negocio del narcotráfico.

El atentado del ELN obliga a pensar si será el inicio de un nuevo capítulo de la violencia.

Pero no todas las cifras son malas. Hay varios aspectos en los que se hace evidente el beneficio del acuerdo alcanzado en el gobierno pasado. Los homicidios están en su punto más bajo de los últimos 30 años; y entre 2016 y 2018 el secuestro disminuyó significativamente. Pasó de 207 casos a 147. Esa cifra es mucho más impresionante si se compara con la de 1998, año en el que se presentaron 3.500 casos. Las acciones subversivas también tuvieron una mejoría sustancial en los últimos dos años en los que disminuyeron de 56 a 6. Lo mismo sucedió con los actos de terrorismo que bajaron de 224 a 126. El número de miembros de la fuerza pública asesinados en 2018 fue de 83, cuando en los días de la guerra contra las FARC esa cifra se contaba en miles. Y tal vez la estadística que mejor ilustra el resultado del acuerdo de paz es el número de heridos en el Hospital Militar al cierre del año pasado. Solo 5 uniformados pasaron la Navidad en ese hospital, cuando hace diez años las camas ocupadas no bajaban de 2.000.

No todo el mundo en el país registra esa mejoría. La razón puede ser que, aunque los hechos violentos relacionados con el conflicto armado han disminuido significativamente, la delincuencia común y la seguridad en las ciudades se ha deteriorado. Hoy en Colombia la tasa de homicidios es de 22 por cada 100.000 habitantes, cuando hace 20 años esa cifra estaba en 52; pero aumentaron otros delitos como el hurto común, que en solo dos años pasó de 193.000 casos a 294.000. Los robos a residencias y a locales de comercio se dispararon, pasando de 24.149 casos a 37.878, y el hurto de celulares en Bogotá aumentó de 15.000 casos en 2016 a 60.000 en 2018.

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En términos generales, se podría decir que en las ciudades donde nunca se vivió de cerca el conflicto armado la gente no se siente más segura que en el pasado. Pero la otra cara es que, en las regiones que vivieron ese azote durante décadas, a la gente le cambió la vida. Está por verse si la bomba de esta semana marcará el inicio de un nuevo capítulo negro en el país, que muchos ya daban por cerrado.