Paro en Avianca, a velocidad de carreteo

La semana pasada, la huegla de pilotos de Avianca llegó a su clímax. El rompimiento de las negociaciones entre la compañía y la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) hizo que este conflicto pasara de castaño oscuro. Ante las graves consecuencias de la parálisis, el gobierno nacional tomó la decisión más drástica para un caso como este. Convocó a un tribunal de arbitramento obligatorio que deberá analizar las posiciones de las partes en un tiempo límite. Según la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, “el Estado hará uso de todos los instrumentos para garantizar que este servicio público esencial pueda prestársele a los colombianos”.

Precisamente, distintos sectores venían pidiéndole al alto gobierno intervenir de este modo. En carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, los representantes de las principales compañías aéreas que operan en Colombia –la competencia de Avianca– habían señalado que, ante el estado del conflicto, procedía aplicar el artículo 452 del Código Sustantivo del Trabajo en lo referente al sometimiento a un arbitramento obligatorio, por tratarse de un servicio público esencial.

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Empresarios de la industria áerea justificaron la intervención del gobierno dada la importancia de este sector para la economía y, en general, para la vida del país. Recordaron que los gobiernos no solo movilizan recursos técnicos, humanos y legislativos para apoyar el desarrollo del sector aéreo, sino que, incluso, adoptan decisiones drásticas cuando sus líneas bandera se ven afectadas. Varios antecedentes muestran estas acciones. El paro de pilotos de Iberia en 2012 y la huelga en American Airlines en 1997 muestran cómo los gobiernos tuvieron que intervenir para detener la huelga.

El hecho de que el gobierno haya decidido intervenir, si bien significa un avance hacia la solución del conflico, todavía no aclara cuándo se normalizará completamente la operación aérea en el país. “Si las partes no aceptan esta ruta, el Estado usará todos los instrumentos que le entrega la ley para garantizarles a los colombianos la efectiva utilización de un servicio púbico esencial”, notificó la ministra Restrepo el jueves en la noche.

Frente al efecto del tribunal de arbitramento hay varias interpretaciones. Avianca sostiene que da por finalizado el cese ilegal de actividades y exige que los pilotos afiliados al sindicato retornen a sus labores en forma inmediata, lo cual debe conducir a normalizar la operación aérea. Para los aviadores no es así, pues sostienen que primero se le dará curso al proceso del tribunal antes de retornar a sus tareas. La ministra de Trabajo, por su parte, no confirmó que termine la huelga.

Otra consideración se debe tener en cuenta por la particularidad de esta actividad. Los pilotos no pueden llegar y tomar su avión como si fueran conductores de vehículos. La asignación de itinerarios obedece a un proceso interno de la compañía. Por eso, se espera que la normalización, en cualquier caso, sea paulatina.

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Por ahora, lo primero será conformar el tribunal con tres arbitros: uno nombrado por Avianca, otro por Acdac y el tercero por las dos partes. En caso de que no haya acuerdo en este último, el Ministerio de Trabajo deberá designarlo.

El tribunal tendrá un plazo de diez días hábiles para emitir un laudo arbitral, aunque las partes pueden ampliar este lapso de común acuerdo. Durante este tiempo podrá solicitar información y ordenar las pruebas que considere necesarias.

Para Avianca, el tribunal es la medida administrativa idónea para restablecer la conectividad del país. En un comunicado señaló que espera que fije las condiciones laborales que regularán en adelante la relación con Acdac, tras más de cinco años sin lograr que esta suscriba una convención colectiva con la aerolínea.

El presidente la compañía, Hernán Rincón, hizo un llamado a los pilotos y copilotos de Acdac para que regresen a sus labores a la mayor brevedad posible. “Nuestra vocación de servicio debe ser demostrada ahora. Tenemos a miles de personas aún esperando por nosotros. Desde la administración deseamos y confiamos que este mecanismo nos permita resolver nuestras diferencias por el bien de los viajeros y el país”. Sin embargo, al cierre de esta edición, los pilotos anunciaron su rechazo al arbitramento, por lo que esa opción quedó en entredicho.

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Cabe anotar también que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá admitió, en auto del 28 de septiembre, la demanda de declaratoria de ilegalidad de la huelga adelantada por el grupo de pilotos.

Al hacerlo, el tribunal ordenó notificar personalmente a la Acdac y se espera que cuando esto se haga efectivo, fije la fecha para la audiencia pública, en la que se escuchará a las partes y se practicarán las pruebas solicitadas. Según Avianca, esta demanda se basa en la Ley 336 de 1996 que establece que el transporte aéreo es un servicio público esencial que incide directa e indirectamente en la dinámica social y económica del país, y que la huelga es un acto de incumplimiento que favorece al interés particular sobre el general.

Avianca también anexó pruebas para demostrar que hubo vicios de procedimiento en la convocatoria de Acdac, como no haber indicado expresamente en la citación de la asamblea que se votaría la huelga, no haber invitado a todos los trabajadores de la compañía, y ejecutar el cese de actividades con una votación minoritaria en la que solo participaron algunos de los afiliados. Desconocieron, dice la empresa, los términos legales y constitucionales exigidos al votar una huelga, como que la apruebe la mitad más uno de todos los trabajadores de Avianca.

Se trata de un conflicto muy complejo, dadas las peticiones de los pilotos, cuyo pliego arrancó con un costo de 290 millones de dólares, equivalentes a casi ocho veces las utilidades de Avianca Holding el año pasado. Luego de negociaciones, bajaron esas pretensiones, pero según la aerolínea siguen siendo desmedidas. “Aumento del 60 por ciento en los salarios, así como una serie de ventajas y beneficios que excedían los límites de la empresa costarían más de 274 millones de dólares anuales. Son inadmisibles al poner en alto riesgo la sostenibilidad y competitividad de la misma”, señaló Hernán Rincón.

Avianca hizo su última oferta que venció el pasado 26 de septiembre. Esta incluía un incremento salarial efectivo de 12,75 por ciento para 2017; IPC más 1,5 por ciento para 2018; e IPC más 1,75 por ciento para 2019, lo que representa un incremento acumulado compuesto a 3 años del 28 por ciento. Dicho salario está integrado por el sueldo fijo, así como por una prima de vuelo, viáticos en pesos, prima de antigüedad, prima de alimentación, auxilio y tickets de alimentación, incentivo por no ausentismo, auxilio de transporte, entre otros beneficios. También la compañía ofreció ampliar la licencia de maternidad y paternidad y un plan de telefonía y datos.

Por otro lado,se espera que la Aeronaú-tica reglamente la forma como Avianca podrá traer pilotos del exterior para apoyar la operación.

Lo cierto es que el país en general y los usuarios del transporte aéreo en particular esperan una pronta solución, que ojalá se dé en los mejores términos. Prolongar más este conflicto no le conviene a nadie.