Un pensionado en Barranquilla se convirtió en millonario con el abrir y cerrar de una decisión en 2013, firmada por una juez que hoy es magistrada de Cartagena. La servidora judicial falló una demanda en favor del pensionado para pagarle más de 1.600 millones de pesos, por la supuesta falta de pago de mesadas pensionales.
El pensionado demandó la falta de pagos y la entonces juez advirtió un monto inicial que apenas llegaba a los 570 millones de pesos; luego, sin ninguna justificación y desconociendo todos los elementos de prueba, aumentó el valor en más de 1.100 millones de pesos, lo que se convirtió en una decisión abiertamente arbitraria y contraria a la ley.
La Fiscalía imputó a la magistrada del Tribunal Superior de Cartagena (Bolívar), Catalina del Carmen Ramírez Villanueva, como presunta responsable de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros agravado. La funcionaria, mientras ejerció… pic.twitter.com/Kwb7Hifntd
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 15, 2026
La Fiscalía adelantó una investigación que ,12 años después, concluyó en la presunta responsabilidad de la magistrada en las decisiones ilegales que tomó cuando era juez en la ciudad de Barranquilla. Con los elementos de prueba adelantaron una imputación de cargos en su contra por dos delitos.
“Un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó a la magistrada del Tribunal Superior de Cartagena (Bolívar), Catalina del Carmen Ramírez Villanueva, como presunta responsable de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros agravado en razón por la cuantía”, señaló la Fiscalía.
Durante la imputación de cargos, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia explicó en detalle cuáles fueron las irregularidades que se detectaron durante la investigación, y cómo la ahora magistrada sería responsable de los delitos que fueron atribuidos durante el proceso.
“El 10 de julio de 2013, mientras se desempeñaba como juez laboral del circuito de Barranquilla (Atlántico), libró mandamiento de pago por más de 1.697 millones de pesos en favor de un pensionado. Decisión manifiestamente contraria a la ley en cuanto desconoció las pruebas y normas que demostraban que las mesadas que sustentaban su determinación habían sido pagadas de manera completa y oportuna”, explicó el ente acusador.
Las irregularidades que se advierten dentro de la investigación incluso vinculan a la propia magistrada en sus decisiones, porque cambió los montos que había fijado al inicio de la demanda y, sin ninguna justificación, los elevó para beneficiar ilegalmente al pensionado.
“Con esta actuación la funcionaria incrementó injustificadamente el valor inicial de 571 millones de pesos que ella misma liquidó en un auto anterior del 24 de mayo de 2010, al reconocer rubros desembolsados con anterioridad por el Instituto de Seguro Social (ISS) y adicionar intereses moratorios e indexación”, advirtieron desde la Fiscalía.
Con la imputación de cargos, la Fiscalía espera avanzar en el proceso y acusar formalmente a la magistrada ante la Corte Suprema de Justicia, dado el fuero que la cobija como alta servidora de la rama judicial.
