Lo último: Corte Suprema notificó oficialmente a Luz Adriana Camargo como nueva fiscal general

Tras conocerse que la suerte en la Corte Suprema de Justicia estaba echada y la nueva fiscal general de la Nación será Luz Adriana Camargo, quien contó con el respaldo de 18 de los 23 magistrados de la Sala Plena, la entrante jefa del ente acusador fue a recibir formalmente la notificación.

Fue el magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien le entregó a la ahora fiscal Camargo la notificación. El acto se dio pasadas las cuatro de la tarde, cuando llegó fuertemente escoltada e ingresó al Palacio de Justicia por el sótano, sin dar declaraciones a la prensa.

Este martes, tras una sola ronda de votación, Luz Adriana Camargo alcanzó 18 votos en la Sala Extraordinaria. La exfiscal delegada ante la Corte Suprema, Ángela María Buitrago, alcanzó dos; dos votos fueron en blanco, y Amelia Pérez, que renunció justo en la mañana de este martes, obtuvo uno.

SEMANA presenta un perfil de Camargo Garzón, las principales propuestas y su hoja de vida, la cual tiene un capítulo extenso por el trabajo que desarrolló como magistrada auxiliar en la Corte Suprema de Justicia, en la unidad que investigó la llamada “parapolítica” y que logró que más de 40 congresistas fueran investigados. Lo propio ocurrió en Guatemala, desempolvando actos de corrupción que llegaron a salpicar a un presidente. En los dos escenarios trabajó con el hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Durante este período se vinculó a senadores y representantes a la Cámara, varios de ellos pertenecientes a las más importantes familias políticas en el norte y el oriente del país, quienes habrían vendido su alma al diablo para que los paramilitares promovieran a sangre y fuego sus candidaturas. Esto a cambio del compromiso de proteger el proyecto político de las AUC y entregarles todo tipo de contratos para que se siguieran fortaleciendo.

De esta forma fueron cayendo poco a poco dirigentes políticos de la talla de Álvaro García Romero, más conocido como El Gordo; Eleonora Pineda, Rocío Arias, Miguel Alfonso de la Espriella y Erick Morris. La designación de Camargo en este trascendental cargo tuvo como base la experiencia que tenía tras su paso como fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, entre 2003 y 2004, donde dirigió investigaciones contra ministros, gobernadores y miembros de misión diplomática por hechos relacionados con corrupción mediante la celebración irregular de contratos.

Como magistrada auxiliar, cargo en el que estuvo hasta el 13 de enero de 2014, proyectó decisiones en investigaciones y juicios por los delitos de cohecho (entrega de sobornos), concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, contratación pública ilegal, tráfico de influencias, prevaricato, delitos electorales, injuria, calumnia, delitos contra la vida e integridad personal.

Los caminos de Camargo y Velásquez se juntarían nuevamente en enero de 2014, cuando trabajaron en la Comisión Interamericana contra la Impunidad, en Guatemala. En el país centroamericano adelantaron una compleja y extenuante investigación contra varios funcionarios del Gobierno, entre ellos el presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti por un rosario de delitos entre los que se encontraban actos de corrupción en entidades del Estado, tráficos de influencias, defraudación y el ingreso de mafias al poder.

Sus hallazgos fueron la base para que, en 2022, el Tribunal Mayor condenara a Pérez Molina y Baldetti a ocho años de prisión por los delitos de asociación ilícita y un caso especial de defraudación tributaria, viéndose obligados a devolver un millón de dólares por los daños causados.

Camargo estuvo en esta comisión hasta el 30 de octubre de 2017. Posteriormente enfiló su carrera a consultoría en temas relacionados con la protección de los Derechos Humanos, laborando en entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) y la Fundación Forjando Futuros. En esta última realizó labores para la identificación de los patrones de sistematicidad en los homicidios de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de la guerrilla de las Farc después de la firma del Acuerdo de Paz.

Las propuestas de Camargo ante la Corte

• “Nos han dicho que hay falencias en la recolección de las pruebas, tema de los investigadores; que hay problemas en los estándares de la debida diligencia, que hay incongruencias entre la imputación y la acusación, tema de los fiscales; que hay serios problemas en la selección de los hechos jurídicamente relevantes”
• Propuso un “plan de formación agresivo” para los investigadores y fiscales con el fin de que estos jalones de orejas por parte de la Judicatura no se vuelvan a presentar y que “estos fiscales hagan bien su labor en el juicio”.
• “Es necesario que muchos más casos salgan por la aplicación de la justicia premial y muchas menos lleguen a juicio”, aclaró. “¿Qué nos está demostrando la Fiscalía en el juicio? Un desequilibrio y las cifras hablan por sí solas: “Tenemos 3.6038 (sic) principios de oportunidad y 31.700 preacuerdos frente a 109.397 acusaciones en promedio por año”.
• “El fenómeno delictivo que tenemos en Soledad, Atlántico, no es el mismo que tenemos en Cimitarra, Santander, o en Acandí, Chocó; o que se sucede en ciudades como Medellín o Bogotá”. Las fallas en un modelo diferenciado en la aplicación de las investigaciones. “Es una criminalidad elevada, una criminalidad compleja. Una complejidad que parte que no tenemos conductas punibles ni fenómenos homogéneos y es un error avocarlos de esta manera”.
• “El primer ejercicio consiste en seleccionar de los casos del mismo año aquellos que tienen vocación de éxito. Y el segundo y es que en muchos casos de esta naturaleza los fiscales concurran a solicitar órdenes de captura o audiencias de imputación de cargos, o en el abreviado, hagan su traslado del escrito de acusación y realizadas estas acciones el caso se da por esclarecido”.