Vía tutela, la congresista María José Pizarro se hizo pagar escolta para sus viajes

Como un gesto de austeridad por el millonario costo de los esquemas de seguridad de los congresistas en el país, la Unidad Nacional de Protección y el Congreso habían firmado un convenio interadministrativo según el cual, en caso de viajes, serían los mismos parlamentarios quienes asumirían el valor de los viáticos de sus escoltas. Pues bien, la representante a la Cámara, María José Pizarro, no estuvo de acuerdo, considera que estos deben ser asumidos por el Estado y vía tutela logró garantizar su millonario esquema en los recorridos nacionales.

Señala la decisión proferida por el Juzgado 43 Administrativo del Circuito de Bogotá, que “con el fin de proteger el derecho fundamental a la seguridad e integridad personal de la congresista María José Pizarro, ordenando al director de la Unidad Nacional de Protección que en adelante garantice la disposición plena del esquema de seguridad que tiene asignado, suministrado en virtud de los dispuesto en el parágrafo del artículo 34, de la Ley 2063 de 2020, los gastos de viaje y los viáticos que se requieran para el desplazamiento de la totalidad de los hombres asignados para su protección, sin importar el vínculo laboral que les una con dicha entidad”.

En síntesis, cuando Pizarro viaje, no saldrá ni un peso de su bolsillo para su protección. El millonario costo debe ser asumido en su totalidad por la UNP, esto porque según la evaluación su seguridad tiene un riesgo extraordinario.

La UNP, entre otros argumentos, había sostenido que le era imposible realizar este pago a algunos funcionarios que no estaban vinculados directamente, sino por uniones temporales. Este argumento no resultó válido para el juez, que advirtió que “no pueden aspectos administrativos, como la forma como la UNP vincula a sus empleados, interferir en la obligación del Estado de garantizar la integridad y seguridad personal de aquellos ciudadanos a quienes se les ha determinado un nivel de riesgo extraordinario”.

Agrega la decisión judicial que “la verdadera razón para que no todos los hombres asignados a la seguridad del accionante gocen de pago de viáticos y tiquetes para sus desplazamientos con la congresista. No es convenio interadministrativo 1458 de 2019, sino la interpretación que la UNP hace del parágrafo del artículo 36 de la Ley 2008 de 2019″.

Esto en cuanto al equipo de seguridad de Pizarro, pero, tal como advierte la representante a la Cámara en su cuenta de Twitter, “con esta decisión se evidencia la negligencia de la UNP, que ha dejado sujeta a interpretaciones de aspectos administrativos la seguridad de líderes sociales y políticos de oposición con riesgo extraordinario”.

Con esta decisión se puede incrementar exponencialmente la disposición de esquemas de seguridad en el país, con el millonario costo que genera, pese a que exista el convenio interadministrativo de cooperación que se suscribió entre la UNP y el Congreso, que buscaba austeridad en cuanto a escoltas para parlamentarios.

Este episodio recuerda el del senador, también de oposición, Gustavo Bolívar, quien reclamaba porque, a su juicio, la UNP no le estaba brindando la seguridad que requería en sus viajes. En ese momento, el director de la UNP, Alfonso Campo Martínez, dijo que el esquema de Bolívar era uno de los más robustos del país. Además, aclaró el tema de los desplazamientos que ha hecho Bolívar a nivel nacional y le recordó que hay un acuerdo con el Senado para que cada legislador pague los viáticos de sus escoltas.

“Por iniciativa del honorable Senado de la República, este cuerpo colegiado en pleno decidió asumir el pago, la subvención de los viáticos de sus hombres y mujeres de protección, cada vez que se genera movilidad de sus esquemas por la geografía colombiana”, señaló Campo Martínez.

De este modo, de un plumazo, con base en la decisión del Juzgado 43 Administrativo del Circuito de Bogotá, volverá el pago del Estado a la seguridad de los congresistas que estén en riesgo extraordinario. Pero en el caso de la representante María José Pizarro hay un tema claro: aunque todas las vidas tienen valor, ella es un víctima directa justamente de la violencia política, pues su padre, Carlos Pizarro, fue asesinado cuando era candidato a la Presidencia.