Denuncian presunto direccionamiento contractual en una licitación de la Secretaría de Seguridad de Cali para alimentar presos

Una licitación pública de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali ha despertado alertas por presunto direccionamiento contractual. Se trata del proceso No. 4161.010.32.1.949.2025, cuyo objeto es la prestación del servicio de alimentación preparada y entregada a personas privadas de la libertad (PPL) en estaciones de Policía y centros transitorios del Distrito. El contrato, con un presupuesto oficial de $12.000 millones, ha sido señalado por veedurías ciudadanas debido a la precisión inusual de sus requisitos, que podrían favorecer a un único proponente.

De acuerdo con las observaciones presentadas, los pliegos exigen perfiles académicos y técnicos con combinaciones exactas de pregrado, especialización y maestría. Aunque no se ha comprobado ninguna irregularidad, las coincidencias plantean dudas sobre la amplitud de la competencia.

Los requisitos del prepliego incluyen un ingeniero agroindustrial con maestría en administración y nueve años de experiencia profesional; un nutricionista dietista con especialización en gerencia de la calidad y auditoría en salud y cuatro años de experiencia; y un ingeniero de alimentos con especialización y maestría en ciencia y tecnología de alimentos, también con nueve años de experiencia.

El abogado y veedor ciudadano Angello Vásquez señaló que estos perfiles son “tan específicos que podrían dejar por fuera a casi todo el sector alimentario”. A su juicio, “pedir un ingeniero de alimentos con doble posgrado en la misma área y nueve años de experiencia, junto a un nutricionista con especialización en auditoría en salud —que nada tiene que ver con la operación de cocinas—, no tiene ninguna lógica técnica. Tiene, eso sí, toda la lógica de un posible direccionamiento".

Además, el pliego exige que el contratista cuente con una planta principal y una alterna de producción de alimentos, ambas ubicadas exclusivamente en Cali, con concepto sanitario favorable o favorable con requerimientos. Dichas plantas deben tener planta eléctrica propia o arrendada, suministro permanente de agua potable, áreas de control de calidad, cuartos fríos, zonas de dietas especiales y vehículos de transporte modelo 2018 o posterior. Según Vásquez, “es una arquitectura contractual de exclusión. Lo que debería ser un contrato de alimentación se convirtió en un esquema de requisitos de laboratorio industrial. Es imposible que una empresa pequeña o mediana entre a competir con esas condiciones. Parecería estar todo diseñado para que solo uno llegue al final”.

Aunque las autoridades locales no se han pronunciado oficialmente, expertos en contratación pública sostienen que, de confirmarse un diseño restrictivo, podría configurarse una vulneración a los principios de libre concurrencia y selección objetiva establecidos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.

“Esto no es un pliego, parece una receta escrita para un solo chef, con la mezcla exacta de ingredientes. Se habla de transparencia, pero se cocina a puerta cerrada”, agregó Vásquez.

Ante las observaciones presentadas por ciudadanos y veedurías, se ha solicitado la intervención de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de verificar si el proceso cumple con las normas de transparencia y competencia en la contratación pública. Por ahora, la licitación sigue en curso y en etapa de evaluación.

La respuesta de la Secretaría

Ante estas denuncias, la Secretaría de Seguridad señaló, a través de un comunicado, que:

“La Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, cumpliendo con la Sentencia SU-122 de 2022, de la Corte Constitucional que ordena a las entidades territoriales garantizar las condiciones mínimas de las personas privadas de su libertad, adelanta por primera vez un proceso contractual para la alimentación de esta población”, puntualizaron.

Del mismo modo agregaron que: “La Secretaría informa que ha sido un proceso abierto y transparente bajo la modalidad de licitación pública, que en su etapa de proyecto de pliegos, que inició el pasado 22 de septiembre, estuvo abierta a observaciones por 12 días, (más de los días que exige la ley), tiempo en el cual se recibieron 90 observaciones de las cuales se aceptaron 26.

• En este momento, el proceso licitatorio se encuentra en etapa de presentación de observaciones al pliego definitivo, es decir, aún se reciben todo tipo de observaciones para su revisión. El proceso no ha sido adjudicado.