El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, propuso al Gobierno nacional que la gasolina y otros combustibles incautados en operaciones contra el hurto de hidrocarburos en Colombia puedan ser entregados a las gobernaciones para abastecer maquinaria amarilla utilizada en labores de prevención, mitigación y atención de desastres.

La propuesta fue planteada por el mandatario bolivarense tras el pronunciamiento del presidente Abelardo de la Espriella, quien alertó sobre las dimensiones del robo de combustibles y crudo en el país y pidió una respuesta contundente de las autoridades para desarticular la cadena criminal asociada a este delito.
“Expida un decreto, presidente, que toda la gasolina que sea incautada se le entregue a los gobernadores del país y así usarla para maquinaria amarilla en trabajos de prevención del riesgo de desastres”, planteó Arana a través de su cuenta en la red social X.
Expida un decreto presidente que todo la gasolina que sea incautada se le entregue a los gobernadores del país y así usarla para maquinaria amarilla en trabajos de prevención del riesgo de desastres.
— Yamilito Arana (@YamilHAranaP) August 24, 2026
Hoy todo lo que decomisan se lo remiten a los inspectores municipales y… https://t.co/oN6L6wgfek
El gobernador de Bolívar señaló que actualmente los combustibles decomisados son remitidos a los inspectores municipales, quienes pueden enfrentar dificultades para retenerlos, almacenarlos y garantizar una destinación efectiva y segura.
“Hoy todo lo que decomisan se lo remiten a los inspectores municipales y estos difícilmente pueden retenerlo o almacenarlo”, manifestó el mandatario.
Ante esta situación, Arana planteó que el Estado evalúe un mecanismo que permita aprovechar estos combustibles, una vez cumplidos los procedimientos legales correspondientes, para fortalecer la capacidad operativa de los departamentos y municipios frente a situaciones de emergencia.

La iniciativa busca que los resultados de las operaciones contra el robo de gasolina y otros hidrocarburos también puedan traducirse en herramientas para proteger a las comunidades.
De acuerdo con la propuesta, los combustibles incautados podrían ser asignados, bajo los controles y condiciones que establezca el Gobierno nacional, a las gobernaciones para abastecer maquinaria amarilla destinada a obras de prevención, mitigación y atención del riesgo de desastres.

Esta maquinaria cumple labores fundamentales en los territorios, especialmente durante emergencias relacionadas con inundaciones, deslizamientos, afectaciones de vías y otras situaciones que requieren una respuesta inmediata.
La propuesta busca que lo que hoy es producto del delito pueda convertirse, bajo control del Estado, en una herramienta para proteger vidas, fortalecer la prevención y mejorar la respuesta de los territorios ante los desastres.
