Un estremecedor video de 3 minutos y 20 segundos que está siendo difundido en redes sociales evidencia el horror que viven los campesinos en la zona rural de Tibú, en Norte de Santander.
En la grabación se escucha la voz de un hombre hablándole a una mujer para que siga sus instrucciones y evite que una carga explosiva le caiga desde un dron.
“Mamí sálgase del camino, pa correr pa allá pa’l rastrojo, sálgase, sálgase, pa salir corriendo pa’l tanque, si la suelta, yo veo, ¡sálgase, corra que la soltó, corra que la soltó, ay poder, en nombre de Jesús, ay, ay, Cristo bendito, ay señor Jesús”, dice esta persona en la grabación.
La carga, según se escucha en el video, cae en un lapso de 13 segundos, tiempo en el que la mujer se adentra en el campo en busca de refugio.
“¿Y ahora?”, le pregunta ella.
“Métase pa acá pa la sombrita, donde no nos vea; ay señor Jesús, pero será que no asoma gente armada”, le responde el hombre.
“Se está moviendo, sí, arriba está, ya se va, ya se va, bueno, mientras se va de carga, vámonos nosotros, padre Celestial”, añade.
“Vámonos, vámonos. Yo no sé qué será lo que no entiende esta gente, viendo que somos gente civiles, gente trabajadora”, agrega.
“Dónde dejó el zapato, búsquelo, búsquelo, que mientras carga, nos vamos nosotros. Estamos trabajando acá en el cacao, si no corremos nos cae a nosotros, esta gente por qué no miran quién está acá”, dice.
Este video, que muestra el horror de la guerra de drones en el Catatumbo, es objeto de verificación por parte de las autoridades. Buscan saber qué pasó con los campesinos y operadores de los aparatos cargados de explosivos. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/6WNPrjkG6V
— Revista Semana (@RevistaSemana) September 15, 2026
SEMANA consultó con fuentes militares que operan en la zona tratando de mantener el control estatal. Sin embargo, aclararon que precisamente en Pachelli, donde presuntamente fue grabado el video, es uno de los territorios más difíciles de esa geografía.
Allí se vive desde enero del año pasado una cruel confrontación armada entre dos bandos ilegales: el frente 33 de las disidencias y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En febrero, un equipo periodístico de SEMANA recorrió la zona para hablar con los campesinos y conocer a ciencia cierta qué estaba pasando allá.
Luego de horas de reportería, se comprobó cómo, en Versalles, Filo Gringo, Pacelli y El Tarra, el ELN y las Farc libran una guerra sangrienta con drones, dispositivos cuya venta controlan, supuestamente, las autoridades en Tibú.
Ambos grupos criminales comenzaron a usar esta poderosa arma aérea a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania. Les resulta más económica y pierden menos hombres que en la guerra habitual, según dicen integrantes de los dos grupos armados que están enfrentados.
La violencia es tal que solo el año pasado 50.000 personas fueron desplazadas. El problema de esta guerra de drones es que las corrientes de viento, una maniobra equivocada y el peso de los explosivos han causado varias tragedias entre los civiles.
Además, la fuente militar consultada este lunes, 14 de septiembre, advirtió que es difícil saber quién estaba al mando del dron del video y si posiblemente haya sido un “ensayo” del grupo armado.
“Incluso se ha sabido que realizan ciertas acciones para culpar al bando contrario y así buscar apoyo de los campesinos”, dijo la fuente.
En un reciente pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo manifestó que “los ataques con drones cargados con explosivos representan una amenaza para la población civil en distintos territorios del país y también han causado graves afectaciones a integrantes de la Fuerza Pública”.
Reconoció que la gravedad que representan para las comunidades, pues los ataques con estos aparatos se han incrementado en un 146 por ciento este año.
“Para las comunidades, las consecuencias van más allá del momento del ataque. El uso de estos dispositivos puede obligar a familias a dejar sus viviendas, impedir que niñas, niños y adolescentes asistan a clases, restringir la movilidad y el trabajo y dificultar el ingreso de misiones humanitarias. Nuestro Sistema de Alertas Tempranas ha advertido esta situación en diferentes regiones del país”, indicó el organismo.
La Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (CORPOREDDEH) estableció, según publicó la FM, que entre el primero de enero de 2025 y el 8 de septiembre de 2026 hubo 124 personas afectadas por estos ataques, 25 de ellos fallecieron.
Entre las víctimas mortales, 18 eran integrantes de la Fuerza Pública.