investigación

Exnovia de magistrado recibirá inmunidad parcial por salpicar a Angelino Lizcano y a otras siete personas

El juzgado 14 con función de Control de Garantías legalizó el principio de oportunidad presentado por la Fiscalía en favor de Kelly Eslava. La abogada se comprometió a destapar varias ollas podridas dentro del Tribunal Superior de Cundinamarca.


El magistrado Carlos Alberto Vargas Bautista tenía montada una millonaria fábrica de fallos corruptos en el Tribunal Superior de Cundinamarca. Desde su despacho, el magistrado legalizó varios acuerdos corruptos que lo tienen respondiendo ante la justicia por 13 delitos, sobre los cuales ya anunció en un preacuerdo para aceptarlos y pagar el reembolso de 380 millones de pesos.

Pero sus líos judiciales apenas comienzan. El Juzgado 14 con función de Control de Garantías legalizó este lunes una negociación que se venía cocinando desde hace meses y que beneficia a la abogada Kelly Andrea Eslava, exnovia y exjudicante del magistrado. Ella está actualmente privada de la libertad y a cambio de inmunidad parcial por cinco delitos, se comprometió a prender el ventilador contra ocho personas personas, entre ellas, el mismo magistrado Vargas.

Ahora, este funcionario judicial deberá responder por al menos otros dos hechos corruptos firmados en su oficina y la supuesta recepción de cuantiosas coimas por poner en venta su función judicial.

Juzgado 14 de Control de Garantías de Bogotá
"Se cumplen los requisitos para avalar la solicitud de la Fiscalía. Se acreditó que Kelly Eslava, en calidad de acusada, se comprometió a servir como testigo de cargo contra ocho personas."

Los delitos sobre los cuales la Fiscalía cesará la actuación penal contra Eslava son cohecho por dar u ofrecer, acceso abusivo a un sistema informático, concierto para delinquir, fraude procesal y uso de documento público falso. A modo de reparación, Eslava entregará un BMW y un apartamento en Mosquera, que recibió como parte de pago por sus gestiones ilegales. También pedirá perdón y participará de capacitaciones a los funcionarios de la Fiscalía sobre la modalidad delictiva en la que participó.

La negociación se basa en una matriz de colaboración sobre la cual comenzará a trabajar la Fiscalía. El listado de salpicados lo encabeza el exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura Angelino Lizcano por el presunto delito de tráfico de influencias. Según el documento que acaba de ser admitido por una juez de Bogotá, se pactó que la Unión Temporal Medisán entregaría el equivalente al 25 por ciento de los eventuales perjuicios reconocidos en una sentencia que profiriera el magistrado Vargas Bautista.

El caso está relacionado con una condena contra el Hospital Militar tras un pleito por 25.000 millones de pesos con la Unión Temporal Medisán (integrada por Comfamiliar del Huila, Macromed S. A. S. y la Caja de Compensación de Cundinamarca). La abogada Eslava representaba a Macromed y supuestamente se repartiría la millonaria comisión con el exmagistrado Lizcano si el Consejo de Estado le confirmaba la decisión de Vargas.

Eslava señala a Alonso Ospina, miembro del Consejo de Administración Comfacundi, de ser su enlace con el exmagistrado Lizcano. “Antes de proferir el fallo de primera instancia, (Vargas) comparte el contenido del proyecto de sentencia con Kelly y le ordena a ella que debe reunirse con los representantes de Macromed y solicitó un monto anticipado del 10 por ciento de la decisión de primera instancia (aproximadamente 1.200 millones de pesos)″, señala el documento sobre el cual se legalizó el principio de oportunidad.

En la matriz de colaboración también aparecen mencionados Mario Huertas Cotes, Fernando Góngora. También aparece William Rojas Mazo, representante legal de Soporte Vial, actualmente en juicio. También declarará contra Jorge Enrique Cortés Rojas y a Lautaro Alberto López (un mayor retirado del Ejército), indagados por supuestos hechos criminales que terminaron con el robo del humedal Jaboque.

“Esas sentencias que se apliquen contra el magistrado motivarán acciones de revisión sobre procesos que están actualmente en el Consejo de Estado”, recalcó la Fiscalía sobre la urgencia de avanzar en estas investigaciones, pues en al menos dos casos, son los consejeros de Estado tienen la última palabra.