Sandra Morelli, contralora General de la República. | Foto: Archivo Semana

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Negro panorama en la contratación pública

El 60% de la contratación en Colombia se hace de manera directa, un 31% por licitación pública, 7% por selección abreviada y el 2% por concurso de méritos.

11 de julio de 2013

Una preocupante revelación hizo la contralora General de la Nación, Sandra Morelli, luego de un estudio sobre contratación pública en el país. La contratación estatal en Colombia está concentrada en 60 contratistas, varios de ellos entidades públicas, que a través de la contratación directa ejecutan $14 billones del presupuesto nacional.

Según la Contralora, se encontró que el proceso de las licitaciones públicas en el país es “casi simbólico porque realmente la contratación en Colombia en un porcentaje que supera más de la mitad de los recursos se hace de manera directa. Así que realmente son muy pocos los contratos que se adjudican después de un proceso licitatorio”.

La funcionaria del organismo de control advirtió que algunas de esas entidades que tienen una práctica de contratación son públicas, tales como el Ministerio de Defensa (con el 41%), el ICBF, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transporte, Ministerio de Educación, Ministerio de las TIC, Ministerio de Comercio, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Ambiente y las CAR.

“El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE, que encabeza la lista de mayores contratistas, se ha convertido en unos de esos vehículos donde se depositan los recursos de contratación y que cobra un costo de administración por tal labor. La experiencia con esta entidad no es buena como lo muestra por ejemplo la contratación en materia de cárceles, donde se originaron importantes sobrecostos”, señaló Morelli.

La Contralora explicó que en la contratación directa no se está aplicando adecuadamente el principio de publicidad ni los principios de selección objetiva, “porque nos damos cuenta que son siempre los mismos contratistas, entre los cuales hay varias entidades del Estado que se han convertido en las receptoras para celebrar la contratación por otros (caso Fonade o ahora la Unidad Nacional de Protección, UNP)”.

Finalmente advirtió que las consecuencias de este panorama es que la duración de la ejecución de un contrato dure en promedio un 75% adicional a lo que inicialmente estaba previsto, y los costos adicionales oscilen entre el 55% y el 70%.